El general golpista Gonzalo Queipo de Llano, apodado el "Virrey de Andalucía" por el extraordinario poder que llegó a atesorar y principal responsable de la brutal represión en el sur de España, lleva enterrado en la emblemática Basílica de la Macarena desde 1951. Sobre el papel ya no debería estar ahí. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra en marzo de 2017, establece la obligatoriedad de la retirada de símbolos de exaltación del franquismo incluso cuando estén en edificios de carácter privado cuando éstos tienen "proyección a un espacio o uso público", como es el caso, si bien cabe interpretar que la norma aún requiere de un desarrollo reglamentario pendiente.
Es una cuestión abierta a disputa jurídica. Los responsables de su retirada son, según la ley, los propietarios. Es decir, la cofradía, que cuenta con más de 13.000 hermanos. Si la hermandad se resiste, quedaría la vía de los tribunales. Y ahí, por mucho que diga la ley, es difícil saber qué ocurriría. El Acuerdo entre España y la Santa Sede de 1979 sobre Asuntos Jurídicos establece la "inviolabilidad" de los lugares de culto. Exhumar a y trasladar los restos de Queipo sin contar con el acuerdo de la Iglesia requeriría su derogación, medida de enorme potencial conflictivo, ya que supondría echar al suelo un pacto internacional vinculante.
Billy El Niño sin medalla, Blas Infante sin condena, Martínez-Bordiú sin ducado: la Ley de Memoria en 10 nombres propios
Queipo de Llano.
El Ayuntamiento ha solicitado formalmente al Arzobispado de Sevilla y a la Hermandad de la Macarena que tomen cartas en el asunto, pero de momento no le han hecho caso. Es un tema incómodo para el Gobierno local de Juan Espadas (PSOE), que intenta no aparecer como quien impone la medida a la hermandad más numerosa de Sevilla, celosa de su poder y que sólo responde ante el arzobispo Juan José Asenjo. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están analizando el asunto, según el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, con competencias en memoria democrática. Jiménez Barrios ha admitido que existe una "dificultad" objetiva por el carácter privado del recinto, pero reafirma la voluntad de retirar los restos. La preferencia del vicepresidente es que "tomen ellos mismos la decisión", en referencia a los hermanos de la cofradía. El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, elegido en noviembre, ha afirmado que hay que tratar el tema "poco a poco". Ni dice que sí, ni dice que no, pero pide tiempo a las autoridades para madurar el asunto. Es un avance. Su antecesor, Manuel García, se oponía abiertamente a la retirada de los restos. El Arzobispado de Sevilla, preguntado este lunes por infoLibre, dio la callada por respuesta.
Periódicamente hay manifestaciones a las puertas de la basílica exigiendo la retirada de los restos de Queipo, al que se considera responsable de una represión que ocasionó más de 14.000 víctimas sólo en Sevilla. Conocidas eran sus incendiarias proclamas radiofónicas llamando a matar rojos y a violar a sus mujeres. “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.
El general golpista Gonzalo Queipo de Llano, apodado el "Virrey de Andalucía" por el extraordinario poder que llegó a atesorar y principal responsable de la brutal represión en el sur de España, lleva enterrado en la emblemática Basílica de la Macarena desde 1951. Sobre el papel ya no debería estar ahí. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra en marzo de 2017, establece la obligatoriedad de la retirada de símbolos de exaltación del franquismo incluso cuando estén en edificios de carácter privado cuando éstos tienen "proyección a un espacio o uso público", como es el caso, si bien cabe interpretar que la norma aún requiere de un desarrollo reglamentario pendiente.