Miércoles por la tarde. Después de una reforma exprés del sistema de constitución de la Comisión de secretos oficiales del Congreso para intentar aplacar los ánimos del independentismo a cuenta del escándalo del espionaje y tras varios días de maquinaria negociadora a pleno rendimiento con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno hace un último intento. Anuncia que se abre a tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas económicas para que los grupos puedan “introducir propuestas y modificaciones”. Algo parecido a un guiño al PP a la desesperada.
Faltan tan solo unas horas para que se convalide un plan de choque cifrado en 16.000 millones de euros y que supone ayudas directas para sectores como la agricultura o los transportistas, y para la ciudadanía en general en el caso de la gasolina. Pero en la Moncloa se apagan las luces y se van a dormir sin tener asegurados los votos suficientes para sacarlo adelante. Por momentos, el panorama empieza a recordar al esperpéntico día de la reforma laboral. A tal punto llega la preocupación, que Pedro Sánchez cancela un viaje previsto a Moldavia y Polonia para estar presente hasta el final del pleno. Por lo que pueda pasar.
Con ERC exigiendo el cese de la ministra de Defensa para “restablecer las relaciones de confianza”, con Bildu sin confirmar el sentido de su voto hasta último momento y con los populares dejando entrever que sin bajada de impuestos tampoco podrían contar con ellos, el Gobierno se dispuso a afrontar una votación decisiva al límite con riesgo cierto de ser perdida. Otra más.
En realidad, el Ejecutivo parece haberse habituado a vivir sobre el alambre y salir airoso. Así fue desde el mismo momento de la investidura de Pedro Sánchez, ya familiarizado con rondar los precipicios políticos sin inmutarse. La llamada mayoría parlamentaria de esa investidura no siempre ha actuado de manera uniforme a lo largo de la legislatura, propiciando recuentos de auténtico infarto en las aprobaciones de los estados de alarma, de los fondos europeos o de la citada reforma laboral. Y con aliados claves de lo más variopinto: desde Teruel Existe a Bildu, pasando por Ciudadanos o VOX.
La investidura: se cae Coalición Canaria, entra el BNG, ERC duda
Poner en pie el castillo de naipes de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez ya resultó para el PSOE todo un ejercicio de malabares. A 24 horas de la primera votación, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, desobedece a su partido y anuncia su voto en contra. Las cuentas dejan de salirle al candidato socialista y Adriana Lastra, entonces portavoz parlamentaria, inicia una ronda de negociaciones de urgencia para asegurarse el ‘sí’ de formaciones como el BNG, dudosas hasta el último instante.
Con los votos ajustadísimos, resultaba indispensable una abstención de ERC negociada durante semanas en una situación de inestabilidad extrema: con su líder, Oriol Junqueras, aún en la cárcel cumpliendo condena por el procés, y con el independentismo más exaltado de Junts intentando empujarles al voto en contra. Pero una vez confirmado que los republicanos permitirían la investidura de Sánchez, se produjo un último terremoto que amenazó con echarlo todo abajo. En plenas vacaciones de navidad y a solo unas horas de arrancar la sesión plenaria, la Junta Electoral Central se reunió de urgencia para destituir al president de la Generalitat, Quim Torra, y negar el acta de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras. La reacción del independentismo hizo temer el peor de los escenarios al PSOE en una votación en la que un solo voto podía echar por tierra la presidencia de Sánchez. Con ERC resistiendo las presiones y con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, con protección policial tras las amenazas recibidas, Pedro Sánchez salvó el primer match ball de la legislatura con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
Estados de alarma: mercado persa en plena pandemia
Apenas unas semanas después de esa investidura, explotó la pandemia. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno decretó el primer estado de alarma para confinar en masa a la población ante una emergencia sanitaria que trajo consigo una ola de contagios y fallecimientos. Ese primer decreto fue aprobado en el Congreso con una amplísima mayoría que incluía el respaldo de grupos como el PP y VOX. Pero, conforme se fueron sucediendo las prórrogas, cada votación fue adquiriendo tintes más dramáticos para el Ejecutivo, que se vio obligado a adquirir múltiples compromisos a cambio de recopilar los apoyos.
La ultraderecha solo apoyó esa primera declaración y el PP de Casado también respaldó las dos primeras prórrogas. A partir de ahí, las cuentas se complicaron. Pero fue la quinta prórroga, votada el 20 de mayo de 2020, la que desató la histeria colectiva en el Ejecutivo. A esas alturas al Gobierno se le habían caído, además del PP, los apoyos de socios como ERC, Compromís o el PDeCAT, que optaron por el ‘no’. Y el BNG y Bildu amenazaban con sumarse también al voto en contra.
Para asegurarse la aprobación del decreto y sin margen de error, los socialistas le firmaron a Bildu un compromiso por escrito para “la derogación íntegra” de la reforma laboral. El estado de alarma se prorrogó con 177 votos a favor, 162 noes y 11 abstenciones. Esa misma noche, el Gobierno lanzó una “nota aclaratoria”: nada de derogación íntegra, tan solo la recuperación “de los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012″.
Fondos europeos y reforma laboral
Pero si hay dos votaciones esperpénticas en el Congreso de los Diputados que acabaron con victoria del Gobierno contra todo pronóstico, fueron las del decreto de los fondos europeos y el de la reforma laboral, dos normas estructurales de la legislatura que, en caso de haber sido rechazados, hubieran supuesto dos derrotas políticas de mucho calado para Pedro Sánchez que podrían haber hecho incluso peligrar la legislatura.
En el caso de los fondos europeos, el Gobierno llegó a estar tan contra las cuerdas que la papeleta se la acabó solucionando VOX. En pleno ambiente preelectoral en Cataluña y con Salvador Illa como candidato socialista a la Generalitat, ERC volvió a descolgarse una vez más y votó en contra junto al PP, Ciudadanos, ERC, Junts, PDeCAT, UPN, CUP, BNG y Foro Asturias. Las negociaciones de última hora consiguieron amarrar los votos favorables de formaciones como Bildu o Coalición Canaria, y aún así las cuentas seguían sin salir. Cuando todo el mundo daba por perdido el decreto para el Gobierno y empezaba a hacer cábalas sobre las consecuencias de un mazazo de ese tipo, la presidenta del Congreso anunció el resultado oficial: 170 votos a favor y 126 en contra. Las 52 abstenciones de VOX habían salvado al Ejecutivo.
El Gobierno salva las medidas contra la crisis por la guerra gracias al 'sí' de Bildu y pese al 'no' de ERC y PP
El recuento de la reforma laboral ya forma parte de la historia reciente del surrealismo parlamentario. Con los noes de socios de investidura confirmados como el PNV, Bildu o ERC, el Gobierno se plantó en la votación de uno de los decretos fundamentales de su mandato dependiendo del voto de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Ambos traicionaron la postura marcada por su partido e incluso su palabra dada y, mintiendo a todo el mundo, votaron en contra.
Pero otra vez Pedro Sánchez salió airoso del precipicio. El ya célebre diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, tuvo un mal día. Por “problemas gastrointestinales” solicitó el voto telemático. Y se equivocó al votar propiciando la aprobación de la reforma laboral no sin emoción hasta el final porque la presidenta del Congreso llegó a tumbarlo durante unos segundos al errar en el recuento.
Este pasado jueves, ERC volvió a votar en contra, en este caso del plan económico del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. La brecha con los independentistas catalanes a cuenta del escándalo del presunto espionaje con ‘Pegasus’ amenaza con complicar aún más, si eso es posible, la legislatura en el Congreso para Pedro Sánchez. De nuevo Bildu, también afectado por los presuntos seguimientos, volvió a salvar un decreto decisivo frente al voto en contra de los republicanos y también del nuevo PP de Feijóo.
Miércoles por la tarde. Después de una reforma exprés del sistema de constitución de la Comisión de secretos oficiales del Congreso para intentar aplacar los ánimos del independentismo a cuenta del escándalo del espionaje y tras varios días de maquinaria negociadora a pleno rendimiento con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno hace un último intento. Anuncia que se abre a tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas económicas para que los grupos puedan “introducir propuestas y modificaciones”. Algo parecido a un guiño al PP a la desesperada.