No fue una mera prórroga del plan anticrisis que está en vigor desde el 1 de abril. Tras consolidarse la inflación como la consecuencia económica más acuciante de la invasión rusa de Ucrania y tras constatarse que ese alza de precios se traduce además en un problema político de primera magnitud, el presidente encargó a su Ejecutivo tras el batacazo electoral de Andalucía una batería de medidas aún más ambiciosas: ayudas directas a familias vulnerables, subida de pensiones no contributivas, bajada de impuestos de la luz y bonificación al transporte público, entre otras cosas. En total, 9.000 millones de euros de aquí al 31 de diciembre, fecha hasta la que estará en vigor el nuevo decreto aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario.
Tras pasar una de las semanas políticas más complicadas de toda la legislatura tras el batacazo de la izquierda en Andalucía, hoy en el Gobierno trasladaban una sensación de alivio: “Hacía falta algo así. Es positivo que haya sido el presidente quien haya explicado a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Nadie en Europa ha impulsado un plan tan ambicioso”, valoraba tras la comparecencia un alto cargo del Ejecutivo. Otro, satisfecho con el contenido del decreto, espera que esto servirá “para recuperar el aliento” tras unos días de difícil digestión de la hecatombe electoral del 19J porque traslada, a su juicio, que el presidente y su Consejo de Ministros “siguen volcados en dar respuesta a los problemas de la gente de una manera justa y equitativa, igual que en la pandemia”.
Había muchas expectativas puestas en la comparecencia de Pedro Sánchez, que decidió salir personalmente ante los medios para dar cuenta de los detalles del plan. Aunque todo el mundo en el Gobierno daba por hecho a mediados de semana que se llevarían a cabo nuevas medidas, lo cierto es que las últimas 48 horas han sido de continuos choques en la coalición a cuenta de las negociaciones entre los equipos de Moncloa y Unidas Podemos. Como tantas veces, fueron el presidente del Gobierno y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los encargados de desbloquear las conversaciones para alcanzar un acuerdo a primera hora de este mismo sábado.
En la sala de prensa de Moncloa, el presidente fue detallando una a una las novedades de la batería de medidas, algunas de ellas defendidas públicamente por Unidas Podemos desde hace semanas y que han contado con el rechazo explícito de varios ministerios de la parte socialista del Ejecutivo hasta última hora. Entre las más destacadas está una ayuda directa de 200 euros a empleados, autónomos o parados con unos ingresos inferiores a 14.000 euros y que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa impulsada también en países europeos de nuestro entorno como Italia.
También anunció Pedro Sánchez una subida del 15% en las pensiones no contributivas, la limitación del precio de la bombona de butano y una medida que tendrá un impacto generalizado entre los millones de ciudadanos que usan a diario el transporte público: a partir del 1 de septiembre el Gobierno rebajará el 50% el precio de todos los abonos mensuales de transportes estatales, principalmente los ferroviarios. En el caso de los que dependan de ayuntamientos y comunidades autónomas la rebaja queda fijada en el 30%, y serán los gobiernos autonómicos y municipales los que decidirán si complementan también esa reducción hasta el 50%.
Durante toda su comparecencia, el presidente reivindicó el espíritu de protección social de su Ejecutivo durante las dos crisis que le ha tocado gestionar frente a los modelos de la derecha: "Este es el mismo Gobierno que hizo frente a la crisis del Covid, que derogó la reforma laboral, que luchó por que Europa estuviera a la altura consiguiendo fondos europeos para nuestro país. Es el mismo Gobierno que ha logrado, junto con Portugal, un mecanismo excepcional para amortiguar el impacto de la subida de los precios. Pero somos muy conscientes de que la inflación sigue afectando a las familias y por eso volvemos a adoptar nuevas medidas”, defendió.
Menos impuestos a los consumidores y más a las eléctricas
La parte de medidas fiscales del plan anticrisis está cifrada en unos 3.500 millones de euros, procedentes principalmente de lo que dejará de recaudar el Estado a través de los impuestos a la electricidad. Como ya había adelantado en el Congreso el presidente, el IVA en el recibo de la luz quedará fijado a partir de ahora en el 5%, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. El Gobierno ya había rebajado esa carga impositiva el pasado mes de abril del 21% al 10%, por lo que la bajada ahora es de otros cinco puntos.
Además, aunque no se incluye en el decreto aprobado hoy, Sánchez también confirmó que su Ejecutivo impondrá un tributo especial a las grandes compañías energéticas y que tendrá aplicación desde el 1 de enero de 2023: "Es una iniciativa que sintoniza con la sociedad española porque las cargas deben distribuirse con justicia. En una situación difícil, el interés de la mayoría está por encima del egoísmo de unos pocos", afirmó. Preguntado por las razones por las que no se incluye la medida en este decreto, Sánchez explicó que legalmente esa subida fiscal ha de hacerse vía proyecto de ley, y aseguró que en pocas semanas la proposición será presentada en el Congreso con acuerdo de los dos socios de gobierno.
El Gobierno aprueba ayudas de 200 € a los más vulnerables, rebaja el abono transporte y lanza un nuevo tributo a las energéticas
Según los cálculos del propio Ejecutivo, las medidas anunciadas este sábado supondrán un coste global "superior a los 9.000 millones de euros", que se eleva a 15.000 si se suman las medidas en vigor hasta la fecha y que , estima el Gobierno, ayudarán a contener la inflación hasta final de año en 3,5 puntos. “Este es un Gobierno de coalición progresista que sabe muy bien a quién defiende y se está enfrentando a crisis que no han tenido precedentes en la historia de nuestra democracia, como una pandemia global o una guerra a las puertas de Europa. Estamos haciendo un trabajo más que razonable, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero sabiendo para quién gobernamos, la clase trabajadora de este país. Y sabemos que eso molesta a algunos", lamentó el presidente antes de incidir en su reproche: “Este es un Gobierno molesto para determinados poderes que tienen sus terminales políticas y mediáticas. Es una realidad que venimos sufriendo desde la moción de censura. Ya les digo que no nos van a quebrar”, concluyó.
Unidas Podemos muestra su satisfacción y Feijóo apoya la bajada del IVA
Tras toda la noche de negociaciones a contrarreloj que terminaron justo antes del Consejo de Ministros extraordinario, Yolanda Díaz celebró un acuerdo que calificó como “una herramienta sólida para frenar el efecto de la subida de precios en la economía de las familias”. La vicepresidenta segunda aseguró que “este Gobierno llegó con un mandato muy claro: dar certezas y protección a la gente en momentos difíciles”, y que por eso “todas estas acciones tienen un propósito muy firme: ayudar a las familias, acompañarlas y hacer menos difícil esta crisis”, expuso en sus redes sociales, donde acabó mencionando al presidente Sánchez: "Sigamos trabajando para ampliar la protección a la ciudadanía, @sanchezcastejon".
Para el líder de la oposición, las acciones del Gobierno, sin embargo, se quedan cortas. Alberto Núñez Feijóo alaba la bajada del IVA de la luz, una medida de la que se reivindica ideólogo, y critica que Sánchez no haya ido más allá: "El Gobierno acierta al copiar las medidas del Partido Popular en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables pero se equivoca en no ir más allá". Feijóo insistió en ajustar el IRPF a rentas medias y bajas, reducir el gasto del Gobierno "más caro de la historia" y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que "baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos", opinó.
No fue una mera prórroga del plan anticrisis que está en vigor desde el 1 de abril. Tras consolidarse la inflación como la consecuencia económica más acuciante de la invasión rusa de Ucrania y tras constatarse que ese alza de precios se traduce además en un problema político de primera magnitud, el presidente encargó a su Ejecutivo tras el batacazo electoral de Andalucía una batería de medidas aún más ambiciosas: ayudas directas a familias vulnerables, subida de pensiones no contributivas, bajada de impuestos de la luz y bonificación al transporte público, entre otras cosas. En total, 9.000 millones de euros de aquí al 31 de diciembre, fecha hasta la que estará en vigor el nuevo decreto aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario.