No habrá ley de secretos oficiales esta legislatura salvo que se produzca un giro inesperado. El Ejecutivo de coalición aprobó el pasado mes de agosto un anteproyecto que delimitaba, por primera vez en su historia, un plazo para revelar los secretos de Estado. Sin embargo, todo parece indicar que estos secretos seguirán teniendo carácter indefinido. Tanto el Gobierno como sus aliados parlamentarios ya asumen que la ley no recibirá su aprobación definitiva en las Cortes Generales.
"En este momento hay otras prioridades", admitió la ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado martes tras participar en el Foro La Toja en Lisboa. Robles aseguró que hay "un calendario legislativo" que el Gobierno va a cumplir y que complica la aprobación de esta nueva norma por la cantidad de proyectos que hay pendientes y que, a su juicio, son más prioritarios. Se trata del mismo mensaje que han trasmitido desde el PSOE al resto de grupos, tal y como reconocen fuentes parlamentarias en conversación con infoLibre.
Al portavoz adjunto de Unidas Podemos y de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, le resulta "muy llamativo" el retraso desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —encargado de realizar un informe preceptivo sobre la ley— para cumplir con sus obligaciones cuando en otras ocasiones es "tan diligente y rápido". Santiago lamenta en declaraciones a este periódico que el CGPJ ha sobrepasado, de largo, su plazo.
Esta situación enfada, especialmente, al PNV, que lleva reclamando la reforma de la ley de secretos oficiales desde 2016. Su última iniciativa, registrada antes del estallido de la pandemia, también está enterrada en la Comisión Constitucional del Congreso. Los nacionalistas confiaban en mejorar durante el trámite parlamentario el proyecto de ley del Ejecutivo y reducir el tiempo máximo de 50 años a 25. Una reclamación compartida por otros socios parlamentarios e incluso por Unidas Podemos. "Nos gustaría una nueva ley más ambiciosa y con menos restricciones tanto en los plazos como en los contenidos a proteger", admite el portavoz de IU.
Esteban acusa al Gobierno de "desdecirse" de sus compromisos
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afeó este miércoles al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, el "cierre en falso" del "escándalo de espionaje masivo" a políticos independentistas catalanes y vascos y al propio Pedro Sánchez con el programa espía Pegasus. Esteban acusó al Ejecutivo de "desdecirse" de su "compromiso público" para reformar las normas que regulan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e interpretó el silencio de Bolaños como la constatación de que la ley de secretos oficiales "se vuelve a aplazar".
Fuentes gubernamentales recuerdan que el proyecto de ley se encuentra actualmente en el trámite parlamentario y que "se tratará de que salga adelante", si bien es cierto que el departamento que dirige Bolaños confiaba en sacar adelante la reforma a finales del pasado año o, como tarde, a principios de 2023. Por su parte, Santiago admite que "la agilidad política en esta cuestión es mejorable", pero asegura que su grupo parlamentario "no tirará la toalla" pese a las "evidentes dificultades".
En la réplica al portavoz del PNV, Bolaños aseguró que el Gobierno sí ha cumplido sus promesas: "Se actuó con un control interno del CNI, se inició una investigación en el seno del Defensor del Pueblo y se colaboró en todas las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo como consecuencia de esos hechos", afirmó el ministro. El pasado mes de mayo, el presidente Pedro Sánchez se comprometió a reformar el control judicial del CNI para "reforzar sus garantías" y asegurar "al máximo" los derechos "políticos e individuales de las personas" en línea "con las recomendaciones del Defensor del Pueblo".
"¿El presidente se ha olvidado? ¿No se atreven? ¿Han cambiado de opinión en un mes?", insistió Esteban, a lo que Bolaños se limitó a contestar que todos los hechos relacionados con 'Pegasus' están ya "esclarecidos". Lo cierto es que esa reforma no aparece en el Plan Anual Normativo para 2023, que será el último año de esta legislatura, por lo que parece bastante improbable que se lleve a cabo.
Una ley franquista que guarda bajo candado los secretos de Estado
La actual ley de secretos oficiales data del franquismo. Fue firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. En los últimos cuarenta años, la falta de acuerdo y de voluntad política del PP y PSOE han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas que, o no se han admitido, o han ido caducando a medida que se agotaban las legislaturas con la convocatoria de nuevas elecciones generales.
En esencia, la ley fija que podrán ser declaradas "materias clasificadas" aquellos "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Dentro de las materias clasificadas hay dos tipos de categorías, la de secreto y la de reservado. Esas calificaciones sólo pueden hacerlas el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor. La norma es tan anacrónica que atribuye la potestad de descalificar documentación a una Junta que ya ni siquiera existe, desapareció en el año 2005. "Necesitamos una nueva Ley de Información Clasificada que mande de una vez al archivo de la Historia la ley de secretos franquista y preconstitucional todavía en vigor", reconoce Santiago.
Lo cierto es que la norma que se erige como muro infranqueable a la hora de reconstruir el pasado. Y que obliga a los historiadores, en muchos casos, a buscarse la vida en archivos extranjeros para tratar de aportar información sobre cuestiones que en suelo español son inaccesibles. La legislación española tampoco prevé el establecimiento de mecanismos por los que los ciudadanos puedan pedir la desclasificación de los secretos, una cuestión que consagran los convenios europeos de transparencia y de garantía en el acceso a la información que España ha rubricado pero a los que no da cumplimiento.
Los cambios del proyecto del Gobierno
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Lo que planteó el Ejecutivo central el pasado agosto fue pasar de los dos niveles de protección actuales (secreto y reservado) a cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) para tratar de homologar a España con otros países de nuestro entorno. Cincuenta años, prorrogables a sesenta y cinco, para documentos de alto secreto; cuarenta años, prorrogables a cincuenta, para los secretos; de siete a diez años para aquellos que entran en la categoría de confidenciales y, por último, de cuatro a seis para restringidos.
Tal y como viene recogido en el proyecto, el organismo competente para desclasificar los documentos encuadrados en la categoría de alto secreto seguiría siendo el Consejo de Ministros. Sin embargo los de inferior categoría podrán serlo por ministros (como los de Interior, Exteriores, Defensa o Economía), secretarios de Estado (como el de Seguridad o la directora del CNI) y autoridades civiles y militares (jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes de los tres ejércitos).
El Ministerio de Presidencia asumiría la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que actualmente tiene la ministra de Defensa. Presidencia también pasaría a gestionar la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS), el organismo que vela por la protección de la información clasificada. Es el encargado de la protección de dicha información, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.
No habrá ley de secretos oficiales esta legislatura salvo que se produzca un giro inesperado. El Ejecutivo de coalición aprobó el pasado mes de agosto un anteproyecto que delimitaba, por primera vez en su historia, un plazo para revelar los secretos de Estado. Sin embargo, todo parece indicar que estos secretos seguirán teniendo carácter indefinido. Tanto el Gobierno como sus aliados parlamentarios ya asumen que la ley no recibirá su aprobación definitiva en las Cortes Generales.