Gobierno y autonomías negocian un nuevo modelo de residencias: más evaluaciones, más hogar y menos soledad

El Ministerio de Derechos Sociales, comandado por Ione Belarra, ha presentado un documento que pretende servir de base para un diálogo con las comunidades sobre el modelo de residencias, golpeado brutalmente por la pandemia y protagonista de escenas de abandono y muerte durante la crisis sanitaria. El Gobierno cree que es el momento de cambiar las bases del sistema de atención a la dependencia y empezará por los geriátricos. Tanto el Ejecutivo central como las autonomías pretenden que el pacto final se alcance en diciembre, con la excepción de Cataluña, que lamenta una "invasión competencial clara". Lo cuenta este miércoles El País.

La desconfianza entre territorios y el formato elegido para reunirse atascan la Conferencia de Presidentes

Ver más

La intención del departamento de Belarra es que las residencias se parezcan mucho a un hogar y muy poco a una institución alejada del barrio, del centro de salud más cercano, de las familias e incluso de los propios residentes. En los centros que pervivan tras el acuerdo, el anciano tiene que ser el centro. Lo primero, a juicio del Gobierno, es pactar con las comunidades un sistema de evaluaciones públicas, con criterios comunes, para que las familias tengan acceso a toda la información antes de seleccionar el destino de la persona mayor que va a ser ingresada. Los ratios de personal, como llevan meses pidiendo las asociaciones de afectados por el modelo, tendrán que bajar, y los geriátricos más grandes tendrán que reducir su oferta paulatinamente si quieren mantener la actividad. 

El documento establece que las residencias tendrán que dividirse en pequeñas unidades de convivencia, decoradas para hacerlas un hogar y con cocina y baño propios que podrán utilizar tanto los usuarios como los familiares. Se busca limitar la rotación entre los cuidadores para garantizar las relaciones de confianza entre las personas mayores y los empleados de los centros. Derechos Sociales incluye en el texto que los "centros gueto", desconectados de la comunidad, "ya no resultan admisibles", según recoge el periódico: deben tener una relación estrecha con el centro de salud más cercano y con la vida social del entorno. También se plantean órganos de participación donde haya usuarios, familiares, trabajadores, dirección del centro y agentes locales. Y los familiares, salvo emergencia debidamente justificada, podrán visitar a sus mayores siempre que quieran. 

Esos son los puntos clave del acuerdo que pretende impulsar el Gobierno y que tiene el visto bueno de varias comunidades. Pero la negociación se alargará durante meses: las autonomías tienen competencia plena en el asunto. Con o sin estado de Alarma.