El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no agotó en el año más negro de la pandemia todos los fondos que se pusieron sobre la mesa para hacer frente a la emergencia social en la región. Según se desprende del último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, el entonces Ejecutivo de coalición dejó sin ejecutar algo más de 32 millones de euros del programa presupuestario que dedica a la lucha contra la exclusión social en suelo madrileño, una partida que la Consejería de Políticas Sociales, entonces en manos de Ciudadanos, había decidido incrementar en relación con el dinero que en un primer momento se había puesto a disposición de la Administración para estos fines.
La Comunidad de Madrid arrancó el fatídico 2020 sin unos nuevos presupuestos, agarrándose a las últimas cuentas públicas que sacó adelante Ángel Garrido a finales de 2018. Aquella prórroga recogía unos créditos iniciales para el conjunto de entidades de 23.333 millones. Pero estalló la crisis sanitaria. Y los fondos sufrieron un importante aumento, hasta situarse en los 28.860 millones. "Este incremento es debido a la notable cuantía de las modificaciones presupuestarias derivadas, en buena medida, de la irrupción de la pandemia y la consiguiente necesidad de recursos destinados a abordar la atención a la situación generada", recoge el organismo fiscalizador.
Uno de los programas que experimentó una subida fue el "232E", el que está centrado en la lucha contra la exclusión social. Esta partida arrancó el año con un crédito de 260,9 millones de euros, que ya de por sí suponía una mejora destacable respecto al ejercicio anterior –con 225 millones había comenzado el 2019–. No obstante, las modificaciones presupuestarias terminaron por situar los créditos finales vinculados a dicho programa en los 270,9 millones, diez más de lo que se había presupuestado inicialmente. La pandemia, al fin y al cabo, amenazaba con disparar los niveles de pobreza y profundizar y eternizar las desigualdades.
Pero el Ejecutivo regional cerró el año más negro de la crisis sanitaria, el de las colas del hambre ocupando portadas y abriendo telediarios, sin ejecutar todos los fondos puestos sobre la mesa para hacer frente a la emergencia social. Según el informe elaborado por el órgano fiscalizador, algo más de uno de cada diez euros se quedaron en la caja. El grado de ejecución fue, tal y como recoge la Cámara de Cuentas en su balance anual relativo a 2020, del 88%, por debajo de la media de toda la Administración. Y eso se tradujo en un remanente, entendiendo como tal el importe de los créditos definitivos que no se han consumido en el ejercicio, de 32,44 millones de euros.
El "232E" es el programa a través del cual la Consejería de Políticas Sociales desarrolla varias de las funciones que tiene atribuidas en materia de exclusión social. En los presupuestos regionales de 2019, a través de esta partida el Ejecutivo madrileño gestionaba prestaciones económicas, daba apoyo a personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo, financiaba proyectos de integración e inclusión social, hacía frente a la discriminación por razones de identidad u orientación sexual, daba atención a las personas sin hogar o daba cobertura para el mantenimiento y mejora de la red básica de servicios sociales apoyando a los centros municipales.
El registrado en 2020 fue el dato de ejecución de este programa más bajo de la última década. Nunca antes había sido inferior al 90%, según los diferentes informes de la Cámara de Cuentas. En 2019 se gastaron el 99% de los fondos, frente al 94% de 2018, el 99% de 2017, el 98% de 2016 y el 100% de 2015. Y durante la legislatura previa a la llegada de Cristina Cifuentes a la Puerta del Sol, el grado de desembolso se mantuvo constantemente por encima del 95%, si bien el volumen de dicha partida era entonces mucho menor que la que se ha puesto sobre la mesa en los últimos años.
Este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Políticas Sociales para conocer por qué, en plena crisis sanitaria y social, quedaron sin ejecutarse 32,44 millones de euros de la partida destinada a la lucha contra la exclusión social. Sin embargo, a cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.
Del resultado positivo del Sermas a las subvenciones directas
El examen anual de la Cámara de Cuentas, que el órgano fiscalizador hizo público a finales de diciembre, permite analizar qué uso se dio a los fondos públicos en plena crisis sanitaria. Y pone de relieve algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) cerró el ejercicio más complicado que se recuerda, con hospitales y personal sanitario rozando el colapso, con un "resultado positivo" de 821,3 millones de euros, tal y como adelantó unos meses antes infoLibre en base a unos documentos que desde el Ejecutivo regional llegaron a calificar de "montaje". Una cifra que contrasta con los números rojos de 886,85 millones con los que cerró 2019.
La oposición ya ha anunciado que pedirá de nuevo explicaciones en sede parlamentaria al Gobierno autonómico por estos datos. "Estas cifras vienen a confirmar que la sanidad pública no les interesa", ha señalado este martes la portavoz de Más Madrid, Mónica García, cuyo grupo ya ha registrado en la Asamblea de Madrid una petición de comparecencia del máximo responsable a nivel sanitario. Un movimiento al que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, no ha tardado en responder: "Hay una confusión de control económico financiero, de cuáles son esos millones de euros que están confundidos del activo y del pasivo a la hora de plantearlo".
El Servicio Madrileño de Salud tuvo 821 millones de superávit en 2020, el año negro de las residencias, hospitales y sanitarios
La Cámara de Cuentas también dedica unos párrafos del extenso análisis a poner la lupa sobre la concesión de subvenciones. Y lo hace resaltando que los procedimientos excepcionales se han terminado convirtiendo en habituales. Si en 2018 las ayudas otorgadas de forma directa –a dedo y sin concurrencia– representaban el 34,9% del total, en el 2020 esa cifra se situó en el 57,8%. "El procedimiento de concurrencia competitiva (que las leyes de subvenciones califican como procedimiento ordinario de concesión), ha alcanzado su mayor importe en el ejercicio de 2018, mientras que en los ejercicios siguientes se coloca incluso por detrás de la concesión directa", resalta.
El organismo fiscalizador también pone el foco en las viviendas públicas que el Gobierno de Ignacio González decidió vender a un fondo de inversión y que ahora la administración debe recuperar por orden judicial. Una operación con un coste asociado sobre el que alerta la propia Cámara. "Los hechos descritos ponen de manifiesto una incertidumbre sobre la cuantía final que habrá de abonar la Comunidad de Madrid por la recuperación de los inmuebles al patrimonio de la Agencia, con la consiguiente repercusión en sus estados financieros", recoge el informe.
El Ejecutivo regional ha provisionado 107 millones para compensar a la compradora por los 1.721 inmuebles, "con independencia de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios". La mercantil, sin embargo, pide 174,53 millones, de los que 123 corresponden a la liquidación de prestaciones del contrato y el resto por daños y perjuicios.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no agotó en el año más negro de la pandemia todos los fondos que se pusieron sobre la mesa para hacer frente a la emergencia social en la región. Según se desprende del último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, el entonces Ejecutivo de coalición dejó sin ejecutar algo más de 32 millones de euros del programa presupuestario que dedica a la lucha contra la exclusión social en suelo madrileño, una partida que la Consejería de Políticas Sociales, entonces en manos de Ciudadanos, había decidido incrementar en relación con el dinero que en un primer momento se había puesto a disposición de la Administración para estos fines.