El Ejecutivo mueve ficha al persistir el bloqueo para la renovación del Tribunal Constitucional. Los grupos que conforman la coalición registran este viernes, a través de enmiendas, un cambio con el fin de eliminar la mayoría necesaria de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos miembros que le corresponden y agilizar este proceso.
Este cambio se impulsa aprovechando la proposición de ley de UP y del PSOE para reformar el Código Penal y cambiar el delito de sedición. Según adelantó eldiario.es y confirmaron fuentes de La Moncloa a infoLibre, de esta manera se fijará, a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Consejo pueda nombrar con otro sistema a sus dos magistrados, siendo elegidos los que tengan más votos.
Actualmente la renovación del Constitucional está encallada por el bloqueo que está ejerciendo el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo ya ha propuesto a sus dos miembros para el TC (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general Laura Díez). Pero el Alto Tribunal ha decidido no impulsar su examen y designación hasta que el Consejo General nombre a los suyos, ya que entiende que se debe hacer de manera conjunta.
El principal problema reside en estos momentos dentro del Consejo General del Poder Judicial. Según el último cambio de la ley, el órgano de gobierno de los jueces debería haber nombrado a sus dos miembros para el TC el pasado 13 de septiembre. Pero las reticencias del sector conservador hacen que se esté incumpliendo la propia ley y no está prevista la reunión del Pleno para debatir este tema hasta el próximo día 22.
El nuevo sistema
Ante esta situación, la enmienda del PSOE y de UP fija en el artículo 599.1.1ª de la ley del Poder Judicial que en un plazo de cinco días hábiles "los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional", con un máximo de un candidato por cada vocal.
Tras este plazo, la persona al frente de la presidencia, "tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados", que tendrá que celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria". Habrá una votación única y no será con carácter secreto. Se elegirán a los dos con más votos, sin la necesidad actual de los tres quintos. Esto podría llevar a que en once días hábiles se pueda desbloquear la situación desde la publicación del cambio en el BOE.
Para evitar que haya bloqueos, asimismo se incluye una cláusula con responsabilidades “de todo orden, incluida la penal”. Otra enmienda al texto que está en tramitación en el Congreso para que no se pueda bloquear desde un órgano la designación de miembros del otro (lo que está pasando en estos momentos).
De esta manera, el Gobierno pone en marcha los cambios para resolver una parte del bloqueo de la Justicia. Y espera que haya una mayoría progresista una vez se termine de cambiar a los magistrados que tocan por ley, ya que actualmente la mayoría conservadora tiene en sus manos la mayoría del Tribunal Constitucional.
A la espera de sentencias vitales
El Alto Tribunal se enfrenta a una serie de deliberaciones muy significativas y con leyes muy sensibles socialmente. Entre ellas, tiene que decidir sobre la ley del aborto de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de eutanasia y la reforma educativa, conocida como ley Celáa. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido en varias ocasiones de que la composición es fundamental ante estos fallos rememorando lo que ha pasado en Estados Unidos con la ley del aborto.
Sánchez pone el límite a la reforma de la malversación: que no afecte a delitos por corrupción
El Gobierno intentó meter prisa, tanto al Constitucional como al CGPJ, con la designación de sus dos candidatos al Tribunal Constitucional, pero no ha surtido efecto por el bloqueo ejercido desde los sectores conservadores. Además, el nombramiento de Juan Carlos Campo no ha sentado bien entre la oposición, siendo el primer ex ministro de Justicia llamado a ocupar ese sillón.
La Justicia vive un momento muy preocupante por esta situación, especialmente alimentada por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo decidió a última hora descolgarse del pacto que ya estaba casi listo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, después de cuatro años bloqueado. El líder de los populares decidió no firmar con la excusa esta vez de la reforma de la sedición.
Esta reforma se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. Se aprovecha el periodo de enmiendas para incluir esta modificación de cara al Tribunal Constitucional. Pero, además, la idea es incluir más cambios, como la pretensión de Esquerra Republicana de tocar el delito de malversación. El propio Pedro Sánchez puso un límite durante el Día de la Constitución: que la reforma no afecte a los delitos de corrupción.
El Ejecutivo mueve ficha al persistir el bloqueo para la renovación del Tribunal Constitucional. Los grupos que conforman la coalición registran este viernes, a través de enmiendas, un cambio con el fin de eliminar la mayoría necesaria de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los dos miembros que le corresponden y agilizar este proceso.