El Gobierno cree poder resignificar Cuelgamuros sin echar a los guardianes de la memoria de Franco

El Gobierno da un paso más en la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Pero lo hace sin romper por completo con el pasado franquista del lugar. Pese a todo lo dicho hasta la fecha, el Ejecutivo ha renunciado finalmente a expulsar del complejo ubicado en la sierra de Guadarrama a la comunidad benedictina a la que la dictadura encargó hace casi siete décadas custodiar el "magno monumento dedicado a perpetuar la memoria de los caídos" y velar por las almas "de los que dieron su vida por su fe y por su patria". Y que en democracia continuó como guardiana de la memoria del dictador. Una decisión que crispa a los colectivos memorialistas.

El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma a finales de febrero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo. "Hasta la fecha, lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma", ha querido dejar claro este miércoles el Arzobispado de Madrid en un comunicado.

La Ley de Memoria deja claro que el viejo Valle de los Caídos debe ser un lugar de recuerdo y homenaje a las víctimas. El gran problema es que parte del complejo, que desde hace décadas administra de forma "provisional" Patrimonio Nacional, está en manos de la Iglesia. Porque la dictadura siempre concibió Cuelgamuros, en gran medida, como un "lugar de oración". Y así quedó establecido en el real decreto de 1957 firmado por Luis Carrero Blanco: "La fe religiosa de nuestro pueblo, el sentido profundamente católico de la cruzada y el signo social del nuevo Estado nacido de la victoria, exige que el Monumento Nacional a los Caídos no sea una simple construcción material".

Un vestigio de la dictadura

Aquel decreto dejó atado el establecimiento de una Abadía Benedictina en el complejo monumental. Una congregación de monjes que se instaló en Cuelgamuros en 1958 y que siempre mantuvo un estrecho vínculo con el régimen. Su primer abad, Justo Pérez de Urbel, estuvo muy ligado al movimiento falangista –colaboró en materia religiosa con la Sección Femenina–. Y su sucesor, Luis María de Lojendio, fue el primer responsable de la Oficina de Información Diplomática (OID) franquista, encargada de combatir las informaciones críticas que se publicaban sobre el régimen en el exterior.

Una sombra que se ha mantenido sobre los religiosos incluso en democracia. Del abad Anselmo Álvarez se recuerdan las declaraciones y escritos tildando de "rigurosamente falso" que los golpistas asesinasen a más de 100.000 personas o negando el trabajo esclavo de presos en la construcción del Valle de Cuelgamuros. Y del último prior administrador, Santiago Cantera, quien fuera en su pasado candidato de Falange Española Independiente (FEI), su férrea oposición a la exhumación del dictador Francisco Franco, un rechazo que la comunidad benedictina llevó incluso a los tribunales.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, analizó en su día la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyó que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso, tanto por sus declaraciones como por la hostilidad manifiesta", explicó en su día a infoLibre uno de los miembros de aquel grupo de expertos.

Pese a que los religiosos no siempre han cumplido con las obligaciones que tienen encomendadas desde la dictadura, tal y como reveló en su día una investigación de infoLibre, el Estado nunca ha activado el mecanismo para la expulsión y sustitución de la orden religiosa que contemplaba la arquitectura jurídica franquista con la que ha funcionado durante décadas el Valle de Cuelgamuros. Lo que sí hizo el Gobierno en 2021, no obstante, fue suspender la subvención que anualmente recibían los monjes para el desarrollo de sus funciones porque no estaban justificando debidamente el uso de esos fondos públicos.

La expulsión de los religiosos del complejo monumental llevaba años dándose por hecha. Ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia, quien entendía que la presencia de los religiosos en Cuelgamuros era "incompatible" con la resignificación y del lugar. Algo en lo que seguía insistiendo hace solo unos meses el ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres. Pero ahora, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás. Un cambio de opinión que coincide con el relevo de Cantera al frente de la Abadía Benedictina.

"Han decidido quedarse a medias"

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Desde los colectivos memorialistas cargan con dureza contra el acuerdo. "Han decidido quedarse a medias", apunta Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que no entiende cómo el Ejecutivo puede plantearse una democratización del complejo monumental sin desacralizar el lugar y manteniendo en él la misma orden religiosa que en su día colocó en Cuelgamuros la dictadura franquista. "Es lamentable que no se les expulse después de haber mantenido aquello durante tanto tiempo como un lugar de exaltación", coincide Ángel González, presidente de CAMDE-PV.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no entiende que se busque una alianza para la resignificación con una Iglesia "que participó en el golpe de Estado, que fue parte del aparato represor de la dictadura" y no con las familias y las víctimas. "Es inaceptable e incomprensible", continúa. En relación con esto, el Ejecutivo tiene previsto convocar de manera inminente un concurso internacional para la reconversión del complejo monumental en un lugar de memoria, un certamen en el que está previsto que la Iglesia cuente con un representante en el jurado.

Para Silva, el interés de permanecer en el complejo de aquellos que han conservado durante décadas "el espíritu franquista" en el mausoleo radica en el mantenimiento de la escolanía y la hospedería que gestionan desde finales hace más de medio siglo. Dos negocios que, continúa, le dan "dinero e influencia": "Por allí pasan los kikos y otros grupos ultraconservadores y ellos hacen de anfitriones. Esa hospedería es un nido de la extrema derecha europea", lanza el presidente de la ARMH.