El Gobierno dice que Rajoy siempre ha sido “ajeno” a lo ocurrido con su expediente como registrador

Las preguntas esenciales sobre cómo compaginó a partir de 1981 Mariano Rajoy sus cargos públicos con la titularidad de sucesivos registros, preguntas cuya respuesta se localiza en su expediente como registrador de la propiedad, seguirán sin respuesta. El Gobierno contestó la semana pasada una pregunta de Izquierda Unida (IU), pero logró cumplir el trámite sin responder a ni una sola de las cuestiones planteadas. La primera de ellas, la de por qué el Ejecutivo de José María Aznar ordenó en 2001 ocultar el expediente como registrador del entonces ministro Mariano Rajoy, como ya desveló infoLibre.

El pasado 11 de septiembre, el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas en las que inquiría expresamente por qué el Gobierno ordenó en 2001 trasladar el expediente a un archivo de seguridad. El Gobierno, que respondió el día 21 de este mes, elude la cuestión y se limita a exonerar a Rajoy, que -alega- "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.

El historial "ha obrado" en el Ministerio de Justicia

Redactada como si cada sílaba y cada coma hubieran sido objeto de medición previa, la respuesta del Gobierno utiliza el pretérito perfecto y no el presente para responder dónde se localiza ese expediente: "Ha obrado -dice el texto- en los archivos correspondientes del Ministerio de Justicia, sin que conste que su custodia haya impedido en ningún momento su conocimiento de acuerdo cn las reglas de acceso aplicables al efecto, cuestión a la que en todo caso ha sido siempre ajeno el señor Rajoy". 

¿Significa lo anterior que el expediente "ha obrado" pero ya no en los archivos del Ministerio de Justicia, del que depende la Dirección General de los Registros y del Notariado? Y si sigue en las dependencias de Justicia, ¿por qué la respuesta evita hablar en presente? ¿Qué norma exacta regula la posibilidad de acceso al expediente de un registrador que ocupa el máximo cargo del Gobierno? Las preguntas, como ya viene sucediendo desde que en 2012 IU lanzó la primera pregunta parlamentaria sobre la materia, continúan en el aire. 

Como en las ocasiones anteriores, IU volvió a preguntar en septiembre si Rajoy percibió alguna vez dobles ingresos, como registrador y político, en algún momento de su carrera. Ahora, el Gobierno ha elegido una fórmula que nada aclara pero que tampoco niega nada: "Don Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

En 1984, la ley de reforma de la función pública pasó a prohibir que los funcionarios que accediesen a un cargo político obtuviesen doble remuneración. De hecho, entre 1981 y hasta que en 1985 registró su primera solicitud de pase a servicios especiales como funcionario con cargo público, Rajoy recibió durante ese cuatrienio ingresos como registrador y como cargo público: primero diputado gallego, luego alto cargo de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. Fue ese último puesto, uno de los más preciados para la hoy extinta Alianza Popular gallega, el que le llevó a pedir servicios

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Pero los registradores, que poseen rango de funcionario pese a que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, se rigen por una legislación específica: la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, que en su artículo 541 autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral . Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario no prohibió la doble percepción de retribuciones para los registradores que se incorporasen a la vida pública, bien como parlamentarios, bien como cargos de designación.

Tanto el PSOE como IU han pedido oficialmente al Gobierno que les facilite el expediente de Rajoy. El Ejecutivo tiene dos opciones: atender las peticiones de los dos grupos de oposición o denegarlas, pero si elige esa segunda vía tendrá que explicar qué motivo impide que el Parlamento sepa, por ejemplo, hasta cuándo compatibilizó Rajoy los ingresos registrales con los de sus puestos de representación o designación política. O cuántas solicitudes de excedencia especial -la que, al menos hasta 1985, le permitía cobrar de las dos fuentes, la registral y la del cargo público- solicitó hasta su elección como presidente del Gobierno en 2011.

La batería de preguntas formulada en septiembre por Llamazares incluía algunas de las otras incógnitas que el PP se ha negado a resolver. Entre ellas, estas dos: por qué el presidente nunca ha solicitado excedencia en sentido estricto -lo que habría forzado la salida a concurso de su actual plaza, Santa Pola- pese a que en los últimos 32 años solo ha ejercido dos años como registrador. Por qué nunca, y en la casilla destinada a puestos públicos a los que ha renunciado, reflejó Rajoy en su declaración de bienes el cargo de registrador.