El Gobierno se escuda en la “estructura del Estado” para mantener 10.000 aforados

El PP no piensa eliminar un sólo aforado. Pese a las advertencias de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, que señaló esta semana que "en Derecho comparado no existe el aforamiento o los aforados son muy pocos" y que se trata de una prerrogativa que causa situaciones de difícil comprensión y de desigualdad entre ciudadanos, el Ejecutivo no está por la labor de suprimir esta "protección". ¿El motivo? Le parece difícil.

Así consta en una respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno a Rosa Díez, diputada de UPyD, que preguntó por la necesidad de reformar o suprimir esa figura. "La mayoría de los supuestos de aforamiento se deben a la estructura compleja del Estado de las Autonomías", contestó el PP, que aludió a la imposibilidad del Gobierno central de reformar los estatutos de autonomía y no contempló la vía de promover a nivel regional la reforma.

En esa misma línea, el Gobierno también descartó la eliminación del aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, previsto en los artículos 71 y 102 de la Constitución Española, porque "así fue dispuesto" en la Carta Magna. "El Gobierno tampoco puede eliminar los supuestos de aforamiento que son imperativos en términos constitucionales porque así fue dispuesto", reza la respuesta remitida al grupo magenta.

Por las leyes republicanas

Dentro de su respuesta, los conservadores hacen una mención expresa al aforamiento de jueces y fiscales, el más numeroso cuantitativamente. En España hay unos 7.000 miembros de la carrera judicial con fuero. Expertos consultados por infoLibre señalan que, en origen, el propósito de esa medida era evitar que un juez fuera juzgado por un compañero próximo, a quien sobre el papel le sería más fácil influenciar.

Según el PP, "reducir los aforamientos en proporciones significativas afectaría sobre todo a los miembros de la carrera judicial y fiscal", algo que no está dispuesto a hacer por un doble motivo. El primero, que estas personas "constituyen la vanguardia en la lucha contra toda corrupción y arbitrariedad". El segundo, que esta "protección" –se habla del aforamiento en estos términos–, se contempla ya desde la Constitución republicana de 1931.

Aforados por el mundo

La figura del indulto es una particularidad del sistema judicial español que no encuentra punto de comparación en el de otros países de nuestro entorno. Según el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales de redactado por los catedráticos Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, el número de aforados en España es especialmente elevado.

Así, son aforados el presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes autonómicos, los consejeros de la Comunidades Autónomas, los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios, el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

También disfrutan de esta prerrogativa altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como todos los jueces, magistrados y fiscales. Finalmente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Frente a esto, ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República y en Francia sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

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Finalmente, en la respuesta parlamentaria del Ejecutivo a UPyD, el PP también subrayó que no tiene intención alguna de modificar otra figura polémica, la del indulto, cuya regulación data del siglo XIX. Los conservadores han desechado la posibilidad de realizar cambios con una sola frase: "No está previsto en esta legislatura".

Sobre otros privilegios judiciales mencionados por el partido de Rosa Díez, el Gobierno respondió que prevé extinguir la medida que faculta a diputados, senadores, miembros del Tribunal Constitucional y el CGPJ, fiscales del Supremo y el Defensor del Pueblo a declarar desde su despacho oficial.