El Gobierno de Fabra oculta cuánto costarán en 2015 los hospitales valencianos

¿Cuánto piensa gastar la Generalitat Valenciana en el funcionamiento de los centros sanitarios de su red pública el próximo año? Es imposible saberlo, pues el proyecto de Presupuestos de la Comunitat, presentado de forma reciente, no recoge esta información. Las cuentas públicas para 2015 consagran para la sanidad 5.429,9 millones de euros –un 2,2% más que 2014–, si bien no hay forma de conocer qué cantidad de esos fondos se dedicarán al funcionamiento de hospitales y centros de salud a pesar de que esta es una reclamación unánime de los grupos de la oposición. 

infoLibre reclamó estos datos por escrito el pasado martes por la mañana a la Consejería de Sanidad pero la única respuesta que obtuvo fue que "el proyecto de Presupuesto no recoge información sobre dinero presupuestado destinado para el funcionamiento de cada hospital, porque el Presupuesto no se recoge por hospitales sino por otro tipo de conceptos". La realidad es que de los únicos hospitales de los que da información presupuestaria la Generalitat es de los dos que funcionan con un modelo de consorcio con las diputaciones, el de Castellón (77,2 millones de euros) y el Universitario de Valencia (212,7 millones).

Esta situación de opacidad –tampoco se ofrece información detallada por áreas sanitarias en las liquidaciones presupuestarias– es relevante porque no permite hacer una evaluación rigurosa y transparente del coste real de la asistencia sanitaria tanto en hospitales como en centros de salud. Y toma más importancia si cabe en la Comunitat Valenciana, donde igual que en Madrid, está implantado un modelo de sanidad privatizada con centros de la red pública administrados totalmente por empresas. Es el caso de los departamentos sanitarios de La Ribera, Dénia, Torrevieja, Manises y Vinalopò, donde se atiende al 20% de la población valenciana. 

Los contratos de gestión por concesión administrativa funcionan por un modelo capitativo por el que la concesionaria recibe una cantidad económica fija por habitante con derecho a asistencia que tiene asignado. Esta cápita, que incluye atención primaria y especializada, ha sido en 2014 de 712 euros por persona y año. Pero además, la Administración tiene que pagar a las empresas por el gasto en farmacia ambulatoria, oxigenoterapia, prótesis y transporte sanitario, lo que hace que las empresas no asuman el riesgo de las desviaciones de gasto por estos conceptos cuando aumentan. Y también por la facturación intercentros, es decir, lo que un centro sanitario paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero.

Los contratos establecen que la actualización anual de la prima por cápita en ningún caso podría ser inferior al IPC ni superior al porcentaje de incremento anual del gasto sanitario público, según explica la doctora María José Mendoza en el libro La contrarreforma sanitaria (Catarata). Un informe de CCOO refleja cómo entre 2009 y 2013 el presupuesto sanitario público de la Comunitat Valenciana disminuyó un 12,3% al pasar de 5.659.738 a 4.964.006 euros. ¿Conclusión? A pesar de esta restricción, las cápitas de la sanidad privatizada –tal y como marcan los contratos– tuvieron que actualizarse al alza. 

Los datos públicos del coste total de las concesiones administrativas son "escasos y parciales" y aparecen "de forma discontinua" en los informes anuales del Síndic de Greuges, señala Mendoza en el citado libro. Pero no hay un control parlamentario previo de estas cuentas, una situación que viene siendo denunciada de forma reiterada por los representantes en Les Corts de PSOE, Esquerra Unida y Compromís. La diputada de esta última formación Mónica Oltra ve detrás de esta "estrategia de opacidad" la voluntad del Govern de Alberto Fabra de "esconder que la gestión privada es más cara que la pública". "Si no fuera así, les faltaría el tiempo para ir pregonándolo", desliza. 

También es muy crítico el portavoz de Sanidad socialista en la cámara valenciana, Ignacio Subías. A su juicio, esta falta de transparencia "hace imposible que se haga una evaluación seria, pública y transparente de los diferentes modelos desde el punto de vista de la eficiencia económica, social y sanitaria". "Hay un oscurantismo brutal. Con el presupuesto en la mano es imposible saber cuánto dinero está previsto emplear el próximo año en el funcionamiento de los centros sanitarios de la red pública", denuncia. 

El diputado Víctor Tormo, portavoz de Sanidad de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en Les Corts, también censura esta falta de transparencia. "La falta de información tiene como objetivo tapar que la privatización ha sido una estafa manifiesta y que la sanidad pública es más eficaz y más barata”, asevera. Este parlamentario asegura que el déficit de datos hace que sea imposible comprobar si se cumple o no lo contratado. "Hay muchas cosas que nos cuentan los usuarios pero que no podemos comprobar porque la Generalitat deniega de forma sistemática información", asegura. 

Denuncia de CCOO

El pasado agosto el sindicato CCOO presentó una queja formal ante el Síndic de Greuges ante "la reiterada denegación de información por parte de la Conselleria sobre los datos relativos a listas de espera, presupuestos, gastos y adjudicaciones de concursos privados". En concreto, el sindicato censura que el Govern no proporcione a las organizaciones sindicales las memorias anuales de los hospitales, así como sus presupuestos e información relativa a los indicadores médicos y de actividad y datos sobre listas de espera. 

"Esta actitud de la consellería de no ofrecer la información demandada, imposibilita la acción participativa y de seguimiento que esta organización sindical está legalmente facultada para realizar. Se trata de un flagrante incumplimiento de la legislación de la propia Generalitat, desde el Estatuto de Autonomía y la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana, hasta la Ley de Ordenación Sanitaria de esta Comunidad", señala Antonia Segura, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Alicante.

Papel mojado 

Otro asunto cuestionado por los parlamentarios de la oposición es el hecho de que, en conjunto, los presupuestos no recojan el gasto real, pues de forma habitual el coste de la sanidad valenciana suele ser actualizado al alza todos los años con ampliaciones de crédito que es complicado fiscalizar si no se tiene un control exhaustivo del diario oficial. "Por ejemplo, un partido como el nuestro no puede tener a un equipo de personas analizando hasta el último anuncio del boletín", señala Oltra. Algunos ejercicios las desviaciones han llegado a los 700 millones de euros, según denuncia esta parlamentaria.