El plan de regeneración del Gobierno incluye la aprobación de la ley de grupos de interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo, una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia.
Así consta en el plan elaborado por el Ejecutivo, tras recibir las propuestas de los grupos parlamentarios, en el que busca reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés, y ampliar la participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.
“Es necesario un marco normativo”
El Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, incluye estas medidas porque considera que es “necesario un marco normativo” que refuerce las obligaciones a los cargos públicos e identifique las actividades de influencia realizadas por determinados lobistas. Para ello se propone aprobar una Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
En los últimos años el Gobierno de España ha adoptado una serie de compromisos destinados a mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollando mecanismos para una rendición de cuentas eficaz y sistemática y fomentando la participación de la ciudadanía, recuerdan las fuentes.
Entre ellos, en 2011 se creó la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), una organización fundada por Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, de la que forman parte 75 países y cuyo principal objetivo es lograr que las administraciones públicas actúen con transparencia y fomenten la colaboración y participación ciudadana. Desde su fundación, España es miembro nato, comprometiéndose a desarrollar políticas públicas que desarrollen, integren, protejan y amplíen formas de gobernanza más abiertas y transparentes que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Entre estos compromisos destacó la realización de un Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Además, en 2018 se aprobó el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Se hizo con el fin de desarrollar el objetivo 16 de dicha agenda, promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En este sentido, se incluyó el Plan de Gobierno Abierto como una de las palancas prioritarias para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible.
El Consejo de Ministros aprobará este martes el plan de regeneración democrática
Estas iniciativas, sumadas a otras promovidas en la Administración General del Estado como la Conferencia Sectorial de Gobierno Abierto o el Foro de Gobierno Abierto, necesitan fortalecerse, estableciendo nuevos mecanismos y reformando y dotando de seguridad jurídica a otros existentes, según el Ejecutivo.
Una “indispensable” Estrategia de Gobierno Abierto
Por ello, entiende el Gobierno de coalición, resulta “indispensable la aprobación de una Estrategia de Gobierno Abierto que integre todas las iniciativas en este ámbito, actualizándolas y alineándolas en torno a los principios de integridad y rendición de cuentas”. El objetivo, defiende el Ejecutivo, de esta estrategia es ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.
Estas medidas de transparencia se encuentran dentro del plan que ha estudiado este martes el Consejo de Ministros y que prometió el presidente del Gobierno tras sus cinco días de reflexión en el mes de abril. Este plan ha sido pilotado por los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun, después de haber mantenido contactos con los grupos durante el verano.
El plan de regeneración del Gobierno incluye la aprobación de la ley de grupos de interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo, una nueva Estrategia de Gobierno Abierto y la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia.