El Gobierno invoca la lucha contra el ‘bunkering’ en el conflicto con Gibraltar pese a su permisividad con esa práctica

Si uno repasa la argumentación esgrimida por el Gobierno en los últimos días a propósito del enésimo conflicto por Gibraltar, aparece recurrentemente una razón: el lanzamiento de unos 70 bloques de homigón en el fondo marino, iniciado el pasado 24 de julio, "ha infligido un grave perjuicio para los pescadores españoles y el medio ambiente". Así, textual, aparecía de hecho en el último comunicado de Exteriores, de ayer mismo, 7 de agosto, tras la breve conversación telefónica de David Cameron y Mariano Rajoy. Una de esas "violaciones al medio ambiente" consentidas por el Peñón, y que también ha sido citada expresamente por el Ejecutivo, es el bunkering, el trasvase de combustible de un barco a otro que provoca pequeños (pero constantes) vertidos de petróleo al mar.

El bunkering no es una práctica desconocida en el Consejo de Ministros. Uno de sus miembros, Miguel Arias Cañete, fue presidente hasta su nombramiento como ministro del consejo de administración de la petrolífera Ducar, firma "dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques", con base en Ceuta. Es más, según la declaración de patrimonio del titular de Agricultura y Medio Ambiente que consta en la web del Congreso desde noviembre de 2011, cuando obtuvo su acta como diputado por Madrid, mantiene un importante paquete de acciones de dicha sociedad. Exactamente, 85.349 participaciones, valoradas en 165.120 euros.

Cañete presentó su dimisión como presidente de la empresa familiar el 22 de diciembre de 2011, salida que se hizo definitiva el 25 de abril de 2012 –meses después de acceder al Ejecutivo–, como él mismo hizo constar en su declaración de actividades entregada a la Cámara baja. Entonces pasó a manos de su cuñado Miguel Domecq, momento en que la empresa dijo haber abandonado el bunkering. Cañete es el ministro con mayor patrimonio de todo el Gobierno: 1.731.949,03 euros (1.094.604,11 euros en bienes inmuebles y 637.344,92 euros en otros bienes), tal y como se publicó el 13 de septiembre de 2012 en el Boletín Oficial del Estado. El ministro ha sido señalado por la oposición por conflicto de intereses.

Casi 100.000 buques al año

Los grupos ecologistas se han hartado de denunciar las actividades de suministro de combustible en alta mar, que se realizan en toda la bahía, tanto en el puerto de Algeciras como en el de Gibraltar. Y se han cansado de decir, también, que tanto España como el Reino Unido han cerrado los ojos y han permitido el bunkering desde siempre. Los dos son "conniventes", alertan, y a la hora de "primar los intereses económicos", Madrid y Londres "hablan el mismo idioma".

El repostaje se realiza desde las llamadas gasolineras flotantes –grandes buques fondeados que pueden cargar hasta 100.000 toneladas de fuel– a las gabarras (barcos de medio tonelaje, con capacidad de entre 5.000 y 15.000 toneladas), que a su vez aprovisionan a las naves que acuden a abastecerse de carburante. El riesgo procede de los pequeños y sucesivos derrames de petróleo que se producen en los trasvases y que, como advierten las ONG ambientalistas, se hace sin las medidas adecuadas de prevención. 

La bahía de Algeciras, por su condición estratégica, "se ha convertido en la gasolinera entre el Atlántico y el Mediterráneo", sintetiza a infoLibre Antonio Muñoz, presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción. Por ella transitan casi 100.000 buques al año y se trasvasan unos 7 millones de toneladas de fuel marino al año (2,6 en el puerto de Algeciras y 4,3 millones en Gibraltar en 2011). La zona es, recuerda, la "segunda más activa" en bunkering de Europa (tras el Canal de la Mancha, por el que pasan "250.000 naves") y una de las más importantes del mundo. Y es que, como señalaba Greenpeace en su informe de septiembre de 2012, el puerto de Gibraltar "atrae más buques con el reclamo de ser el único puerto de la UE libre de impuestos y por sus bajas tasas portuarias". O sea, que "vale más barato" repostar en Gibraltar y en alta mar, en palabras de Muñoz. "Costes mínimos de fondeo y exención de impuestos".

El lunes pasado, en el programa Hora 25 de la Ser, Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, aseguraba que las medidas que el Gobierno está valorando para apretar las tuercas a Gibraltar y las que ya está aplicando (como la intensificación de los controles aduaneros en la frontera, que ha soliviantado a Londres) son la "pura aplicación de la legalidad". "Las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía en materia de medio ambiente, por el vertido de los bloques de hormigón, en materia de bunkering... todo eso es por aplicación de la legalidad [...]. Tratamos de hacer ver a las autoridades británicas y a los responsables de Gibraltar que debemos sentarnos a hablar de pesca, de protección del medio ambiente, de facilitar la convivencia entre las dos poblaciones". 

Pilar Marcos, portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace, denuncia sin embargo la "nula sensibilidad" del Gobierno con el bunkeringbunkering. "Otra vez estamos ante la prima de los intereses económicos sobre los ambientales. Esta práctica, una auténtica bomba de relojería para el litoral, tiene una solución muy sencilla, la prohibición expresa por parte de España y Reino Unido. Así de sencillo se solventa. Lo que hay es connivencia. En este asunto, Madrid y Londres hablan el mismo idioma. Y esto viene de largo. Anteriores Gobiernos centrales, del PSOE y del PP, al igual que la Junta de Andalucía, no han hecho nada para atajar el problema". 

Arrecife artificial en toda la costa

Muñoz pone un ejemplo ilustrativo de la actitud silente del Gobierno. En enero de 2013, dirigió una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para denunciar el "posible incumplimiento" del real decreto 1620/2012, de 30 de noviembre. Ese real decreto declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho Oriental, una superficie de 23.641,82 hectáreas frente a la costa de Cádiz, que incluye aguas cuya soberanía disputan España y Gibraltar. Pues bien, en el apartado 10 del anexo I se dice que "se prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido". Dicho de forma más sencilla: el Gobierno prohibía el bunkering en esa área.

El escrito de Ecologistas en Acción señalaba la ubicación de cuatro gasolineras flotantes de cuatro compañías (Vemaoil, Cepsa, Aegian Bunkering Ltd y Bunkers Ltd), buques "fondeados permanentemente dentro del espacio protegido suministrando combustible". La más fuerte de todas ellas es Vemaoil, que vende el 38,55% del total, seguida de Cepsa (30,82%), Aegean Bunkering (27,14%) y Bunkers (3,49%). 

Un vertido de un accidente marítimo en la playa del Rinconcillo, en Algeciras | VERDEMAR-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CAMPO DE GIBRALTAR

El 24 de enero, el director general de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y Seguridad, Santiago Cabanas, contestó, informando a Muñoz de que el órgano competente para tramitar la denuncia era el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el departamento dirigido precisamente por Cañete, al que Exteriores trasladaba el escrito. "Todavía estoy esperando la respuesta", resopla el presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción Campo de Gibraltar.

¿Y qué papel tenía Ducar en el negocio? Como explica Muñoz, la compañía que antes presidía Cañete "compraba a la gasolinera flotante Vemaspirit [de Vemaoil]", vendía combustible en Ceuta a los que buques que pasan por el Estrecho, acumulaba fuel en bidones y "suministraba o en el puerto o con una gabarra en el agua". La sociedad vendía "un millón de toneladas al año de combustible". 

Marcos y Muñoz insisten en que "el verdadero problema ambiental" de la bahía de Algeciras, su "espada de Damocles", es el bunkeringbunkering. Y no tanto los bloques de hormigón "con pinchos de hierro" por los que Margallo tanto ha clamado, vertidos por el Peñón al mar para construir un arrecife artificial frente al aeropuerto de Gibratar, con el fin de regenerar la vida marina en la zona e impedir faenar a los pescadores españoles que utilizan artes de arrastre. Práctica esta, la de la pesca de arrastre, muy criticada por los ecologistas, por lo que supone de destrucción del lecho marino. "El argumento del Gobierno –alega Muñoz– es de risa. Es levantar el escudo patriótico de la España cañí, porque el litoral español, de Cataluña a Huelva, está plagado de arrecifes artificiales", construidos precisamente para "conservar el litoral", para reavivar caladeros agotados e impedir el paso de arrastreros. 

Mano dura, que se acabó "el recreo"

Entonces, ¿dónde está el conflicto? Los grupos ecologistas insisten en que se trata de una cuestión más política, la enésima espita que se abre entre Madrid y Londres a cuenta de Gibraltar. Porque lo grave, lo que no se soluciona y lo que "requeriría el esfuerzo conjunto de los dos Gobiernos", es el bunkering. Como enfatiza el informe de Greenpeace, el trasvase de fuel barco a barco provoca contaminación de la costa y los oceanos y consecuencias nefastas para la fauna marina y la biodiversidad. Una comparación entre los sedimentos de la bahía de Algeciras –sometida crónicamente al vertido de hidrocarburos– y los dejados en el litoral gallego cuatro años después del hundimiento del Prestige demostró que es "más preocupante" el daño hecho por el bunkeringbunkering.

"Con la prohibición taxativa se resolvería esta bomba de relojería, pero no hay interés en hacerlo", repite Marcos. "Lo que impera –completa Muñoz– es el dinero, el poder fáctico de las empresas que operan en la bahía. Ahí está el verdadero ruido de sables, los intereses en una zona cada día más estratégica. Manda la pela, así de simple".

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Eso explica el permanente contencioso por el control de las aguas, que quedó fuera incluso del Foro Tripartito (España, Reino Unido y Gibraltar) que alumbró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro Miguel Ángel Moratinos y suprimió después Rajoy al considerar que así se confiere al Peñón un estatus idéntico al de los dos países. Madrid no reconoce a Gibraltar ningún derecho sobre esas aguas, y se aferra a la letra del Tratado de Utrecht (1713), el que concedió la soberanía del Peñón a Inglaterra. Los llanitos, en cambio, reivindican su derecho a controlar tres millas náuticas (5,5 kilómetros) al sur y este de la Roca y 1,5 millas al oeste, hacia el interior de la bahía de Algeciras. 

Ahora el Ejecutivo de Rajoy quiere exhibir "firmeza" en la defensa de sus intereses e instaurar un foro "a cuatro", donde se sienten España, Reino Unido, Gibraltar y el Campo de Gibraltar para hablar de pesca, del "tráfico ilícito", del "fraude fiscal" o de las "violaciones al medio ambiente". En román paladino: mano dura, tolerancia cero. Con el Peñón "se ha acabado el recreo de la época de Moratinos", que dijo Margallo a Abc.