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Gibraltar

Londres estudia adoptar medidas legales contra España por los controles en Gibraltar

Colas de más de dos horas en los accesos por carretera a Gibraltar desde la Línea de la Concepción, el pasado 9 de agosto.

INFOLIBRE

El Gobierno británico está "estudiando seriamente" adoptar acciones legales contra el Ejecutivo español por los controles adicionales puestos en marcha en la Verja que limita con Gibraltar, que han provocado retrasos en el tránsito de personas, ha informado este lunes un portavoz del primer ministro británico, David Cameron.

El portavoz ha explicado, en declaraciones a la prensa, que el Reino Unido considera que el aumento de los controles en la Verja están "políticamente motivados y son totalmente desproporcionados".

El Gobierno de Mariano Rajoy respondió que los controles en la Verja son "irrenunciables" para España e insistió en que son "legales, proporcionales y aleatorios", según informó a Efe un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En los últimos días, el conflicto ha ganado enteros. Este mismo lunes, antes de que se conocieran las declaraciones de un portavoz de Downing Street, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó este lunes que Naciones Unidas "no reconoce" el derecho de autodeterminación de Gibraltar, la "única colonia" que existe todavía en Europa y que "afecta a la unidad e integridad territorial de España". Lo indicaba así un portavoz del departamento que dirige José Manuel García-Margallo un día después de que el Foreign Office defendiera que, para el Reino Unido, "la autodeterminación es más importante que la integridad territorial". 

Según reivindicaron desde Exteriores, Gibraltar es una colonia cuyo proceso de descolonización debe ser resuelto mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido, tal y como viene recomendando "ininterrumpidamente" la ONU desde 1965. Gibraltar fue incluido en 1963 en la lista de territorios sometidos a descolonización, dentro del ámbito de actuación del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el denominado Comité de los 24, creado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde entonces, diversas resoluciones de la ONU han creado una doctrina sobre la descolonización de Gibraltar que insta al establecimiento de negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido para resolver esta cuestión.

Según indicó el portavoz de Exteriores, la doctrina de la ONU sobre Gibraltar parte de que este territorio es una colonia, lo que "quebranta el principio de integridad territorial". Es decir, la situación colonial de Gibraltar "afecta a la unidad territorial y la integridad territorial de España", algo "incompatible" con la resolución 1514 (XV) de 1960 sobre descolonización.

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Esta doctrina establece además que las negociaciones en materia de soberanía "corresponden exclusivamente a los Gobiernos de España y Reino Unido", sin que esto impida que se tengan en cuenta los intereses de la población de Gibraltar y del Campo de Gibraltar. Pero sólo Naciones Unidas podrá decir "cuándo se ha completado el proceso de descolonización de Gibraltar", que hasta entonces estará incluido en la lista de la ONU de territorios dependientes

La primera resolución de la ONU que invitaba a los Gobiernos de España y del Reino Unido a iniciar "sin demora" conversaciones sobre la soberanía de Gibraltar es la 2070 de la XX Asamblea General de Naciones Unidas, en 1965. Después, otras resoluciones insistirían en la "necesidad de diálogo" para resolver esta situación. Además, la 2353 de la XXII Asamblea General de la ONU, de 1967, estableció que toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es "incompatible" con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

Un año después, la resolución 2429 de la XXIII Asamblea General de Naciones Unidas, de 1968, pidió al Reino Unido, como potencia administradora, que pusiera término a la situación en Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969, y declaró que el mantenimiento de dicha situación es contrario a los propósitos y principios de la Carta.

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