El PP enfanga la negociación de las medidas contra los aranceles poniendo a Junts otra vez como excusa

El Gobierno ha abierto el primer paraguas contra los aranceles mediante la aprobación de buena parte del plan anunciado por Pedro Sánchez, que sumará más de 14.100 millones de euros. Y ahora pasará a manos del Congreso, donde el real decreto debe ser convalidado en el plazo de un mes. Pero, durante estas horas, el puente que se estaba tendiendo entre el Palacio de La Moncloa y Génova 13 vuelve a sufrir movimientos muy fuertes.

El PP ha vuelto a dinamitar la negociación a pesar de que durante la noche anterior a la aprobación del decreto del Consejo de Ministros el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable económico del PP, Juan Bravo, hablaron para encauzar la situación, intercambiaron papeles y se incluyeron algunas propuestas del Partido Popular.

Pero los populares, a lo largo del martes, consideraron “insuficientes” las incorporaciones al decreto y, al final de la tarde, decidieron orillar la posibilidad de un gran acuerdo en la futura votación del Congreso (aunque no han declarado oficialmente cuál será su voto el día que pase por el Pleno). Todo ello con la excusa de un supuesto pacto entre el Ejecutivo y Junts para repartir en función de las comunidades las líneas ICO puestas en marcha por Economía (cinco mil millones de euros para avales y mil millones para financiación).

Mientras en Moncloa se celebraba la rueda de prensa para explicar el plan tras el Consejo de Ministros, el diputado de Junts Josep Maria Cruset vendía un acuerdo con el Ejecutivo para apoyar el plan aludiendo a que la movilización de los más de 14.000 millones de euros se haría “en base al peso de las exportaciones de Cataluña a EEUU”. Les corresponderían, así, 3.000 millones a las empresas catalanas al representar el 25% de las ventas a Estados Unidos. Según el grupo de Carles Puigdemont, esto se incluía en una disposición del texto.

Qué dice el decreto

El decreto no habla de que las líneas ICO se vayan a distribuir por un criterio territorial, sino que deben ser las empresas las que las pidan. De hecho, la disposición indica, según fuentes del Gobierno, que los instrumentos de financiación estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock arancelario. 

“Si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, en consecuencia, podrían necesitar más acceso a financiación. Se otorgará a las empresas que lo soliciten y el seguimiento del uso de los instrumentos se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades y rendición de cuentas antes las Cortes”, trasladan desde Economía.

Además, fuentes del Gobierno recalcan que se han puesto sobre la mesa líneas del ICO por un importe total de 6.000 millones de euros, pero que el Ejecutivo no fija un techo total. Aunque no crean que sea necesario, en Moncloa están dispuestos a tomar medidas adicionales y elevar esa financiación para las empresas. El Ejecutivo recalca que habrá financiación para todas las empresas que lo requieran y señalan que no habrá competencia entre ellas para conseguirlas. Es decir, frente a algunas versiones, no se va a repartir ese fondo siguiendo un criterio por autonomías.

Pero el PP decidió interpretar las palabras de Junts para deshacer el frágil castillo de naipes de la negociación, que iba avanzando poco a poco hacia un frente común. El Ejecutivo, en cambio, defiende que la disposición pactada con los posconvergentes estaba en el texto que leyó el Partido Popular el martes por la noche. Entre miembros del Ejecutivo hay malestar por la forma en la que está gestionando el PP el puente tendido: “Tienen tiempo para enfadarse y desenfadarse”, como ilustra un ministro. Y hay malestar porque el PP haya filtrado durante estas horas que no había acuerdo cuando ni siquiera al Ejecutivo le había dado tiempo a responder a algunas peticiones de los populares. 

El PP se siente "expulsado"

Los populares al final de la tarde del martes trasladaron a los medios su posición más dura tras haber ido variando su versión sobre las negociaciones: “El Gobierno ha decidido expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles”.

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“A la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo con Junts, parece que Pedro Sánchez utiliza de nuevo el dinero público para agasajar a sus socios parlamentarios. Esta vez, usando una crisis comercial global como pretexto para parcelar las ayudas al gusto del separatismo”, criticaron, para señalar asimismo: “Hemos entendido el mensaje. Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado, pero no es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios. No se puede llamar a los pactos de Estado mientras se sigue subastando el Estado”.

El PP trata de trasladar que se trata de “un cupo arancelario con el separatismo”. “Sánchez lo ha hecho de espaldas a los sectores afectados, a las comunidades autónomas, al primer partido del Congreso y al conjunto de los españoles”.

A pesar del deterioro en las últimas horas de un posible pacto, en el Gobierno señalan que van a seguir trabajando para sacar adelante el decreto con el mayor apoyo posible en las Cortes. Asimismo, Cuerpo ha convocado a todas las comunidades autónomas a una conferencia sectorial el próximo jueves, donde quiere escuchar a los responsables regionales. Además, en el Ejecutivo subrayan que se quieren tomar las decisiones de la mano de las autonomías que conocen el tejido productivo afectado. “Nos vamos a tener que reunir muchas veces con ellas”, sostienen en el Ejecutivo.