El pasado 16 de enero, el Gobierno central paralizó por segunda vez en el Tribunal Constitucional las medidas antidesahucios de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad plagado de valoraciones de tipo económico e ideológico para tumbar la norma que limita los embargos de la primera vivienda cuando las familias que vayan a ser desalojadas acrediten estar en situación de riesgo de exclusión social.
En su recurso, el informe establece que las medidas autonómicas aquí impugnadas ponen "en verdadero peligro" una de las líneas más esenciales de actuación en materia de política económica abordadas por el Estado. A saber: "La reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y de comenzar una senda de crecimiento económico”.
Según un informe elaborado por la Junta, el recurso del Gobierno pretende "negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico", pues señala que el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) "obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”. A continuación, el recurso añade: “No cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”.
Asimismo, como causa de inconstitucionalidad, en el recurso se detalla que ley andaluza "podría" perjudicar de tal forma al llamado banco malo –la sociedad que compra los activos tóxicos vinculados al ladrillo– que podría darse la situación de que tuviera que ser recapitalizado con dinero público para blindar a las entidades privadas que forman parte de su accionariado. A continuación, el recurso cita el informe que la propia Sareb ha hecho sobre cómo la Ley andaluza podría afectarle. Y que señala que la ley recurrida provocaría “una notable pérdida del valor” de su cartera, pues “cualquier eventual comprador de carteras de activos de Sareb va a ver desincentivada su inversión siempre y cuando se trate de carteras localizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
A juicio del Gobierno, la promoción de la efectiva ocupación de las viviendas que prevé la ley andaluza también es inconstitucional. La norma antidesahucios de la Junta preveía que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”. De hacer efectivo este precepto, el Gobierno estima que "desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública". En este sentido, señala que se contraviene el derecho de propiedad que establece la Constitución y que el Gobierno andaluz aprobó la norma “excediéndose en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de vivienda que establece el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
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"Golpe institucional" a la autonomía andaluza
Por otro lado, en el recurso detalla que la expropiación temporal del uso de una vivienda para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social “introduce incertidumbre y aplazamientos y otras dificultades en un elemento esencial del negocio jurídico que constituye la hipoteca, como es la ejecutividad de la garantía real y la puesta en valor o en todo caso la libre disposición de la misma libremente por el acreedor hipotecario”.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), cargó contra el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy en una nota remitida a los medios: "Es una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo. Es un recurso destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores". Y añadió: “Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo”. Conocer “la letra concreta” de la impugnación confirma, para la titular de Vivienda, que la misma supone “un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”.
El pasado 16 de enero, el Gobierno central paralizó por segunda vez en el Tribunal Constitucional las medidas antidesahucios de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo presentó un recurso de inconstitucionalidad plagado de valoraciones de tipo económico e ideológico para tumbar la norma que limita los embargos de la primera vivienda cuando las familias que vayan a ser desalojadas acrediten estar en situación de riesgo de exclusión social.