La intervención en un mercado liberalizado, aunque sea de un bien absolutamente esencial, es una compleja y delicada partida de ajedrez donde lo público no siempre tiene las de ganar y en la que, en ocasiones, la manta es demasiado corta: o tapa la cabeza o tapa los pies. Lo está comprobando en sus carnes el Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones que ya duran semanas para poner un límite al efecto del gas en el mercado eléctrico, a pesar del visto bueno de la Comisión Europea. Por petición de Portugal, como ha contado El Mundo, el sistema librará, al contrario de lo que estaba previsto, de la compensación a las centrales de ciclo combinado a los contratos a largo plazo firmados hasta abril. Traduciendo para los no entendidos: el descenso de la tarifa regulada será menor del 30% previsto, a cambio de que las comercializadoras no suban las tarifas del mercado libre, al que se acoge el 60% de los consumidores domésticos españoles, en respuesta.
Así lo confirman fuentes cercanas a las negociaciones. Las conversaciones son muy delicadas ya no solo por la presión de Bruselas, que quiere que pervivan las reglas del mercado libre para el resto de la Unión Europea; sino por las empresas eléctricas, grandes pero también pequeñas, que defienden su derecho a hacer negocio. Tal y como tenía previsto el Ejecutivo, las centrales de ciclo combinado recibirán una compensación, para que no les salga a pérdidas la obligatoriedad de hacer ofertas por debajo del tope, que iba a ser abonado por todas las comercializadoras: las eléctricas que firman los contratos con los clientes finales, incluyendo tanto a las grandes –Iberdrola, Endesa, Naturgy...– como a otras más modestas.
El Gobierno asumía que estas comercializadoras trasladarían a sus contratos con los consumidores esa subvención a las instalaciones gasísticas. En el caso de la tarifa regulada, el descenso del pool hasta los 140 euros el MWh compensaba, con creces, la ayuda a las centrales. Pero la duda sobre lo que pasaría en el mercado libre, donde el precio lo marca la empresa, lleva semanas sobrevolando. Las eléctricas han argumentado que los contratos a largo plazo se fijan en base a los llamados mercados a futuro, que bajará tras el tope pero no de manera automática; por lo que, si se las obligaba en esta modalidad a abonar esa ayuda sin obtener electricidad más barata a corto plazo, subirían las tarifas, haciendo uso de la letra pequeña de los contratos.
Fuentes del Ejecutivo aseguraban que esta advertencia era "poco razonable", y que debían arrimar el hombro teniendo en cuenta que el tope al gas hará descender tanto el mercado spot, la subasta diaria, como el mercado de futuro, y que conforme fueran actualizando los contratos podrían recuperar ese esfuerzo inicial y bajar también el recibo de sus clientes. Sin embargo, ante las peticiones de Portugal y la campaña de las empresas por todos los medios posibles desde hace semanas, Ribera ha cedido y ha modificado sus planes. Solo las comercializadoras de tarifa regulada pagarán la compensación a las centrales de gas para que no produzcan a pérdidas.
La tarifa regulada no es de "tontos": bajará 'ipso facto' con el tope al gas y es más barata que muchas ofertas
Como son menos los que pondrán el dinero para las centrales de gas, cada empresa deberá asumir una parte mayor de la subvención y, por lo tanto, cada factura en la tarifa regulada recibirá un descuento menor, por debajo del 30% que se calculó en un primer momento. Pero el mercado libre se mantendrá libre de subidas inesperadas e irá bajando paulatinamente, conforme se abaraten los mercados a futuro. "Los precios serán inferiores a los actuales, pero no muy inferiores", explican estas fuentes cercanas a las negociaciones, que sin embargo defienden que sigue siendo una "buena medida" ya que el alivio para los sujetos al PVPC (incluyendo los beneficiarios del bono social) será automático, además de para la industria: el 50% cuentan con contratos indexados a un mercado que descenderá automáticamente.
En resumen: el tope al gas bajará un poco el precio para el 40% de los consumidores domésticos, con tarifa regulada, y para la mitad de la industria. El mercado libre, donde está el resto, no verá cambios sustanciales a corto plazo, aunque sí a medio y largo plazo, conforme se vayan renovando los contratos. Con el modelo puesto sobre la mesa antes de este cambio, la tarifa regulada bajaría más, a cambio de la incertidumbre para el resto.
Con la limitación en la rebaja del PVPC, también se difumina una de las consecuencias que habían temido las comercializadoras, no solo las grandes: que el precio de la opción regulada por el Gobierno sea demasiado bajo en comparación a las ofertas del mercado libre, por lo que se ejecuta una competencia desleal que podría conllevar el trasvase masivo de clientes de una opción a otra. Aún hay tiempo y espacio para más cambios de última hora, pero, por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica está logrando un equilibrio que parecía imposible: el interés de las empresas, de la Comisión y de los consumidores. Pero las renuncias hasta llegar a este punto dejan claro que no hay ninguna solución mágica que no pase por una intervención total, por el momento impensable en el contexto europeo.
La intervención en un mercado liberalizado, aunque sea de un bien absolutamente esencial, es una compleja y delicada partida de ajedrez donde lo público no siempre tiene las de ganar y en la que, en ocasiones, la manta es demasiado corta: o tapa la cabeza o tapa los pies. Lo está comprobando en sus carnes el Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones que ya duran semanas para poner un límite al efecto del gas en el mercado eléctrico, a pesar del visto bueno de la Comisión Europea. Por petición de Portugal, como ha contado El Mundo, el sistema librará, al contrario de lo que estaba previsto, de la compensación a las centrales de ciclo combinado a los contratos a largo plazo firmados hasta abril. Traduciendo para los no entendidos: el descenso de la tarifa regulada será menor del 30% previsto, a cambio de que las comercializadoras no suban las tarifas del mercado libre, al que se acoge el 60% de los consumidores domésticos españoles, en respuesta.