El Gobierno lleva 36 años incumpliendo la ley que le obliga a regular el Valle

Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy. En los últimos 36 años, ninguno de los gobiernos que ha pasado por la Moncloa se ha puesto manos a la obra para regular la situación jurídica del Valle de los Caídos a pesar de estar obligados por ley a hacerlo. En concreto, llevan desde la década de los ochenta incumpliendo tanto la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional de 1982 como el Real Decreto impulsado dos años después para la elaboración de una propuesta sobre el régimen jurídico del complejo monumental. Como consecuencia de estos reiterados olvidos, el mausoleo fascista donde reposan los restos de Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, sigue operando bajo normas aprobadas por el dictador en los años cincuenta del siglo pasado. 

La primera norma aprobada tras la recuperación de la democracia que afectó a Cuelgamuros fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales que otorgarían en 1982 una arrolladora victoria a Felipe González. Dicho texto, en su disposición final tercera, autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la entidad que administra el complejo monumental con todos sus edificios, y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en la Presidencia. Y, aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009, que obra en poder de infoLibre.

"Se encuentra deslegalizado"

Estos continuos incumplimientos a la hora de regular Cuelgamuros fueron reconocidos en 2016 por Patrimonio Nacional ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, se agarraron a esta laguna para tratar de justificar las graves irregularidades que el organismo fiscalizador detectó en la Fundación del Valle de los Caídos. “Solamente señalaremos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional sigue haciéndose cargo de su gestión de forma transitoria”, apuntaron en sus alegaciones recogidas en el informe, en las que reiteraron que desde 1982 “todo lo relativo” a Cuelgamuros “se encuentra deslegalizado” y que, por tanto, Patrimonio Nacional “estará a lo que el Gobierno establezca sobre la materia”. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, sostuvo que dicha “situación de transitoriedad” no excusa “la insuficiencia de control sobre los bienes y derechos de la Fundación” ni tampoco su “confusa gestión ordinaria”.

La consecuencia directa de los continuos incumplimientos de la ley es que el complejo monumental en el que reposan los restos de Franco y Primo de Rivera sigue, cuarenta años después de la muerte del dictador, rigiéndose por la armadura jurídica que fue tejida durante el franquismo: el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, para que estos monjes gestionen el monumento fascista, y el Reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la mencionada Fundación de la Santa Cruz.

La única restricción que se ha aprobado en democracia respecto de la normativa franquista es el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En él se establece que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".

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Desde que llegó a la Moncloa, la memoria histórica ha sido una de las banderas que ha agarrado con fuerza el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, sólo dos semanas después de llegar a la Presidencia, los socialistas anunciaron una de sus medidas estrella: la exhumación de los restos de Franco del mausoleo. Sin embargo, aunque se presentó como un paso que se daría antes de que finalizara el verano, lo cierto es que la resistencia de los nietos del dictador ha retrasado los tiempos que en un primer momento se habían marcado. 

Además de la negativa de los herederos de Franco, también se ha opuesto con firmeza a la exhumación el prior administrador de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro. El religioso, según desveló infoLibre, tiene un pasado estrechamente ligado al movimiento falangista: fue candidato del partido Falange Española Independiente en las elecciones generales de 1993 y en las europeas de 1994.

Pero el Ejecutivo de Sánchez ya tiene todo listo. Según han publicado este martes varios medios, ya están terminados tanto los informes preceptivos de la Abogacía del Estado como el texto que se llevará al Consejo de Ministros. Todo parece indicar que el Ejecutivo apostará por la fórmula del real decreto ley. Con esta opción se intenta imprimir a la exhumación de un respaldo político, puesto que el texto con fuerza de ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días. Esta fórmula, por tanto, obligará a los diferentes grupos políticos a posicionarse sobre la exhumación. Con todo listo, sólo falta decidir si este real decreto ley se lleva al Consejo de Ministros del próximo viernes o si, por el contrario, se espera hasta la vuelta de vacaciones.