El Gobierno lleva dos meses después al TC una resolución del Parlament y pide que se advierta a Torrent

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes pedir al Tribunal Constitucional que advierta a la Mesa del Parlamento de Cataluña que algunas de las resoluciones que aprueba el legislativo incumplen las resoluciones del Tribunal, al que reclama que suspenda varios acuerdos, los declare nulos y aperciba a los miembros de ese órgano de las responsabilidades en las que pueden incurrir. Informa Europa Press.

En concreto, el Ejecutivo presenta lo que se denominan incidentes de ejecución de sentencia contra la aprobación por el Parlament el pasado 25 de julio de una resolución contra el rey y otra en la que se reafirma en la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno entiende que se incumplen varias sentencias del Tribunal Constitucional con estos acuerdos, por lo que pide que sean anulados y suspendidos. Reclama además al Tribunal que advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa de que es su obligación cumplir las sentencias e impedir iniciativas que las ignoren o eludan.

Insiste con el 155 y la Ley de Seguridad Nacional

El Ejecutivo ha advertido este viernes al Govern catalán de los mecanismos que tiene a su alcance el Estado para responder a una eventual infracción de la legalidad por parte de la Generalitat catalana: "Ley de Seguridad Nacional, 155 y puntos suspensivos".

Así se ha pronunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha avisado de que la Generalitat "es la única institución en este momento que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad".

Celaá ha recordado que el Gobierno tiene la "obligación constitucional de salvaguardar la libertad y seguridad de toda la ciudadanía", para lo que cuenta con "todos los mecanismos legítimamente democráticos" que le otorga la Constitución y las leyes "de los que hará uso si hay inseguridad o excepcionalidad". "Si no hay excepcionalidad no hay aplicación excepcional de los mecanismos que tiene legítimiamente el Gobierno a su alcance", ha abundado.

Entre ellos, ha citado, la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo "salvaguardar el superior interés general" en caso de "emergencia o inseguridad" y que permite "coordinar a todas administraciones públicas con el fin de conseguir un resultado más eficiente".

Y también se ha referido al artículo 155, que dice, ha recordado Celaá, que aquella Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones de la Constitución o que las leyes le encomiendan, previo requerimiento al presidente de esa autonomía, el Gobierno solicitará a través de la mayoría absoluta del Senado la aplicación de ese artículo con el fin de "salvaguardar y garantizar la estabilidad y el cumplimiento de la legalidad".

La portavoz ha recordado que el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia, ofrece un "manual de instrucciones" sobre cómo se debe aplicar el artículo 155 que, dice el Alto Tribunal, ha de ser "subsidiaria, extraordinaria y temporal".

Celaá ha confirmado que un Gobierno en funciones puede solicitar la aplicación del artículo 155 si se produce un "incumplimiento de la legalidad". No obstante, ha afirmado que en la actualidad no se está "en el mismo escenario" que en 2017, cuando los independentistas vulneraron la Constitución con la celebración del referéndum del 1 de octubre y declaración la independencia de Cataluña.

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El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado después al Gobierno central: "Lo que no hará en ningún caso la Mesa es hacer del Tribunal Constitucional en pequeño, no nos convertiremos en un órgano censor".

En declaraciones a los medios, ha insistido en que en el Parlament "se debe poder hablar de todo, se debe poder expresar todo y no solo aquello que le guste al Gobierno español", ya que considera que la Cámara no puede evitar los debates que preocupan a la ciudadanía de Cataluña.

Torrent ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no recurra a los tribunales y haga "política y una propuesta de resolución democrática del conflicto porque los tribunales no le resolverán un tema que es de naturaleza política".