La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado este martes que desde 2018 se han cerrado más de 200 pozos ilegales y se han clausurado de manera voluntaria casi 500 pozos legales gracias al incremento de la dotación de superficie. "El calendario de obras e inversiones permite cerrar todas las extracciones en 2025 y garantizar la cobertura de los derechos de abastecimiento de los núcleos de riego con agua de superficie procedente del Tinto, Odiel, Piedras, Guardiamar y Agrio", ha añadido.
La ministra ha subrayado además que tan pronto como se retire la proposición de ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz, el Gobierno estará "encantado" de poder trabajar con la Junta de Andalucía sobre el entorno de Doñana. "Estamos esperando", ha enfatizado. "Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. El presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación. No hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales", ha sentenciado.
En este sentido, ha recalcado que frente a ninguna alegación, el Gobierno se encontró con esta proposición de ley registrada "al margen de cualquier requerimiento o cualquier compatibilidad con la sentencia condenatoria del Reino de España". Además, ha asegurado que ella misma había hablado "en reiteradas ocasiones" sobre esta situación con el presidente de Andalucía y que el secretario de Estado de Medio Ambiente también había alertado al consejero correspondiente de que era "inviable".
Fuentes del Ejecutivo han añadido tras la rueda de prensa que ha habido diálogo con la Junta de Andalucía por todos los cauces y que incluso se han enviado cartas.
"Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores (...) no tendremos ningún inconveniente. Es más, creo que es importante hacerlo porque creo que la situación de sequía cada vez más recurrente, la fragilidad del espacio cuya custodia corresponde a la Junta, la sensibilidad de las comunidades locales próximas y la necesidad de diversificar la actividad económica en la zona de influencia del parque, hacen imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones", ha insistido Ribera.
En este sentido, ha recalcado que cuando el Gobierno presentó el marco de actuaciones de Doñana, la Junta de Andalucía expresó su voluntad de aportar a ese marco de actuaciones en el ejercicio de sus propias competencias. "Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la UNESCO y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ellos", ha dicho.
UE no manipulable
Por otro lado, ha calificado de "preocupante" que responsables públicos, en referencia a la Junta, sugieran que el Gobierno ha presionado a la Comisión Europea en su respuesta. "Parece mentira que después de reiterados avisos de las instituciones europeas, todavía puedan decir algo así, que no entienden, que les contaminan, como si fuera manipulable la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha lamentado para pedir que se pongan a trabajar para cumplir con la sentencia europea porque todavía hay "mucho que hacer".
"Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que si España es condenada y se le imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen hasta tanto se deje de aplicar la ley.
También ha pedido no dejarse arrastrar por "negacionistas o por populistas" que con una "alta dosis de demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales" se prestan a hacer un uso interesado de la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios PP y Vox en el Parlamento Andaluz.
Ribera ha apuntado que este martes 25 de abril se cumplen 25 años desde que se rompiera la balsa minera de Boliden en Andalucía, un hecho que ha calificado de "traumático" para las comunidades próximas al espacio de Doñana pero también para el conjunto de los españoles".
"Sabemos que Doñana es un espacio emblemático. Es el único espacio natural español que cuenta con todas las figuras de protección a nivel internacional, incluida la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994", ha añadido.
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También ha indicado que en estos 25 años se ha ido produciendo un incremento de los asentamientos de población en el entorno de Doñana y de la agricultura intensiva en la periferia que demanda el consumo de agua.La ministra ha recordado que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no incluir esta previsión en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de 2015, por el riesgo de incumplimiento del buen estado de los hábitats protegidos por la directiva hábitats en el espacio del parque nacional.
Compromiso "total" con Doñana
Así, ha asegurado que "el compromiso del Gobierno con Doñana es total" y ha hecho hincapié en que la proposición de ley es "incompatible" con el Plan de Recuperación de Doñana y ha generado "preocupación y rechazo" más allá de las fronteras españolas, "poniendo en peligro el mantenimiento del parque como patrimonio de la humanidad o el respaldo de la Comisión Europea al plan de ejecución de esa sentencia condenatoria".
"Desde el Gobierno consideramos imprescindible la implicación de todas las Administraciones, en el ejercicio responsable de nuestras competencias", ha recalcado.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado este martes que desde 2018 se han cerrado más de 200 pozos ilegales y se han clausurado de manera voluntaria casi 500 pozos legales gracias al incremento de la dotación de superficie. "El calendario de obras e inversiones permite cerrar todas las extracciones en 2025 y garantizar la cobertura de los derechos de abastecimiento de los núcleos de riego con agua de superficie procedente del Tinto, Odiel, Piedras, Guardiamar y Agrio", ha añadido.