“Tendrá consecuencias desastrosas”: la advertencia de Bruselas a la Junta sobre su plan para Doñana

El plan del Gobierno andaluz para buscar un encaje legal a la ampliación de los regadíos en Doñana ha chocado en Bruselas. El comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius, trasladó este lunes al Gobierno andaluz que no hay margen para aceptar el proyecto de ley que legaliza los cultivos irregulares del entorno del parque porque la legalización de nuevos regadíos en las inmediaciones solo aumentará el estrés que sufre el parque natural. "Un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos calientes de biodiversidad de la UE", señaló un portavoz de la Comisión este lunes.

El consejero de Medioambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, viajó este lunes a Bruselas para reunirse con Sinkevičius en lo que el Gobierno andaluz había vendido como una oportunidad para explicar a la Comisión su plan para Doñana. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también dijo que su consejero escucharía las discrepancias de Bruselas para incorporarlas a la ley antes de ser votada, ya que por ahora el Parlamento de la región solo ha aprobado su toma en consideración.

Sin embargo, según el comunicado emitido por la Comisión tras el encuentro, Sinkevičius no presentó alternativas, sino que la única forma de evitar que el asunto se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es renunciar a la reforma del Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva, de 2014. Esta proposición de ley, impulsada por vía de urgencia por el PP y Vox en el Parlamento andaluz hace dos semanas, podría entrar en vigor en apenas tres meses y permitiría a 600 familias legalizar sus cultivos de regadío ubicados al norte del parque. De salir adelante la norma, la Comisión ya ha advertido que hará lo necesario para revertirla, incluso llevarla ante el TJUE, un movimiento que podría acarrear una multa millonaria al Estado español.

El Gobierno andaluz explicó a la Comisión a través de una carta enviada la semana pasada que la norma propuesta regulará los cultivos que se encuentran fuera de la reserva y que en ningún caso legalizará la extracción de agua del acuífero que alimenta Doñana, sino que las tierras deberán regarse con aguas superficiales. Pero la Comisión respondió este lunes que "el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico favorable para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea", por lo que la ley dañaría igualmente la reserva.

"Si se adopta tal como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la Red Natura 2000", argumentan desde Bruselas. La Comisión también aprovechó la reunión para recordar al Gobierno central y a Andalucía que "las medidas adoptadas hasta ahora por España para hacer frente a los incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de junio de 2021 en relación con Doñana no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta".

El Gobierno español también estuvo presente en la reunión de Bruselas a través de un abogado del Estado, como confirmó este lunes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La titular de Medioambiente compareció tras la cita para insistir en que no hay encaje posible para el proyecto de ley de la Junta y que la única salida para proteger Doñana y evitar una multa es acabar con la reforma. "No hay discusión ni interpretación, va diametralmente en contra, incrementa los riesgos y no deja en absoluto margen para pensar el modo en el que se puede reforzar la ejecución de sentencias", señaló.

La titular de Medioambiente también afirmó este lunes que si el Parlamento andaluz declara finalmente estas tierras como regables, llevarán el asunto al Tribunal Constitucional. E incluso dejó caer que estudiarán "cómo se puede trasladar" la posible multa a los presupuestos andaluces, "porque saben que esta amenaza es real; lo ha dejado claramente por escrito y en la reunión el propio comisario", añadió Ribera.

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Desde la Junta calificaron la reunión como "positiva" y afirmaron que su intención con la norma es "solucionar un gravísimo problema social en los municipios de la Corona Norte de Doñana, situados a 30 o 40 kilómetros del parque" . También reiteraron que su intención es que los regadíos que se pretenden legalizar se nutran de agua de otras cuencas, principalmente a través del trasvase Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, que ya prepara la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Consejería de Medioambiente andaluza afirmó además que el Gobierno tiene el 90% de la competencia para hacer responder ante la sentencia del TJUE de 2021 sobre Doñana, "una de las principales preocupaciones de la Comisión", a ojos de la Junta.

Si al final el Ejecutivo central decidiese acudir al Constitucional, una vez aprobada la ley, tendría margen para forzar la suspensión inmediata de la norma en el momento en que formule el conflicto de competencias. Y, para ello, solo debería invocar el artículo 161.2 de la Ley Fundamental: "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Una alternativa más agresiva sería la activación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar "las medidas necesarias" para obligar a una autonomía a cumplir las obligaciones legales o para proteger el interés general. Aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, lo ha descartado este lunes.  "Creo que es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos legales, digamos menos extraordinarios que ese mecanismo constitucional", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.