El Gobierno descarta "en estos momentos" revisar los criterios legales previstos para poder acogerse a las medidas de reestructuración de la deuda, quita o incluso dación en pago previstas en el código de buenas prácticas antidesahucios para permitir que más ciudadanos afectados por el impago de sus hipotecas puedan beneficiarse de ellas.
Así lo reconoce en respuesta a la diputada de CiU Lourdes Ciuró, quien a través de una pregunta escrita registrada en el Congreso pidió al Ejecutivo una valoración sobre la operatoria del código, que fue aprobado en abril de 2012 y al que se han adherido de forma voluntaria 97 entidades que deberán atenerse a sus normas durante al menos dos años.
En el texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que en mayo del año pasado ya se revisaron las condiciones de acceso a las medidas de reestructuración, quita o dación en pago, elevando los umbrales para permitir que llegar a más ciudadanos. Por eso, "no se prevé ni se estima necesaria en estos momentos la modificación del código", lo que contrasta con el anuncio que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo el pasado 8 de abril en el Senado sobre que la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Vivienda "hará más fáciles los requisitos para que se pueda apuntar más gente".
Sin embargo, los datos del Ejecutivo revelan que esta herramienta tampoco está contribuyendo a paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas. Desde su puesta en marcha y hasta finales del año pasado, 14.384 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa, pero sólo 1.008 (un 7%) consiguieron la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda saldara la deuda. Un 20% (2.911 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 27% lograron algún tipo de pacto con su entidad.
Sólo el 7% de los hipotecados que se acogieron al código de buenas prácticas de la banca lograron la dación en pago
Requisitos
Cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, activistas antidesahucios como Ada Colau ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código. Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda. ç
En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado que las solicitudes que llegaron en el último trimestre del año pasado (4.523) superaran todas las recibidas en el primer año en vigor del código de marzo de 2012 a marzo de 2013. Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, ha añadido.
El Gobierno descarta "en estos momentos" revisar los criterios legales previstos para poder acogerse a las medidas de reestructuración de la deuda, quita o incluso dación en pago previstas en el código de buenas prácticas antidesahucios para permitir que más ciudadanos afectados por el impago de sus hipotecas puedan beneficiarse de ellas.