El Gobierno no tumbará la candidatura de Arnaldo al TC por temor a que el PP vuelva al bloqueo de todas las instituciones

Salvo sorpresa de última hora, Enrique Arnaldo será ratificado este jueves por la mayoría del Congreso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. A pesar de las numerosas informaciones publicadas en los últimos días sobre el polémico perfil del candidato del PP, el Gobierno asume que es la única vía para un desbloqueo institucional que va mucho más allá del TC. Como ya adelantó infoLibre, las conversaciones entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ llevan en marcha semanas, y en la votación del jueves en el Congreso están en juego, además, los nombramientos del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no contempla poner en riesgo esa amplia renovación institucional tumbando la candidatura de Arnaldo, aunque no oculta que refrendar este nombramiento en concreto se ha convertido en algo “incómodo”.

“Es una pregunta que no la tiene que responder el Gobierno, sino aquel grupo parlamentario que lo ha propuesto. Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues pregunten a esas formaciones”, contestó la portavoz, Isabel Rodríguez, este lunes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ya nadie esconde que el nombramiento de Arnaldo se ha convertido en un problema político en las últimas semanas después de conocerse que el candidato del PP compaginó durante años, y pese a la ley de incompatibilidades, su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal. Además, han salido a la luz sus relaciones con dos involucrados en grandes casos de corrupción, como Ignacio González y Jaume Matas. 

Tensiones en el PSOE

Una situación que ha llegado a generar momentos de tensión interna en el caso del Grupo Parlamentario Socialista. En las últimas horas, de hecho, el diputado del PSOE Odón Elorza ha sido apartado por parte de la dirección de su grupo de la portavocía de la comisión de nombramientos que ejercía hasta la semana pasada. Elorza se mostró públicamente crítico con el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para una elección de nuevos magistrados del Constitucional que incluye la incorporación de Enrique Arnaldo. Durante la comparecencia de éste en el Congreso, el propio Odón Elorza le formuló 17 preguntas clave  y le espetó que “su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional”. El diputado socialista también habló de las “dudas aparentes sobre exigibles comportamientos éticos y de buenas prácticas” del candidato. Unas palabras que sentaron muy mal en el Partido Popular después del pacto alcanzado con los socialistas. Para blindarlo, y como aviso a navegantes, el PSOE decidió apartar a Elorza de la portavocía. Odón Elorza ha defendido en un artículo publicado en infoLibre sus dudas sobre la idoneidad del candidato propuesto por el PP y también las razones que justifican a pesar de todo el acuerdo para desbloquear la renovación de órganos constitucionales. 

Ni en el Grupo Socialista ni en Unidas Podemos, socios de coalición, esperan más “sopresas”. Ambas partes consideran que la elección de Arnaldo se explica por la "cuota política a pagar" a cambio del desbloqueo. Fuentes parlamentarias recuerdan, además, que en caso de que PSOE o UP decidieran cambiar de postura y votar en contra de la designación, eso podría poner en riesgo el conjunto de renovaciones pactadas. Porque para la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo o de la Agencia de Protección de Datos los votos a favor de los populares son imprescindibles para que salgan las cuentas. Así que romper ahora el pacto sería romperlo todo y empezar de cero, un escenario que en Moncloa descartan por completo. 

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El CGPJ: "Aún no estamos en los nombres"

De hecho, la intención del Gobierno es acelerar la interlocución con el PP para conseguir desbloquear de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. Si es posible, incluso antes de final de año. Las conversaciones entre los dos grandes partidos siguen su curso, aunque en esta ocasión de manera aún "más discreta" que en anteriores ocasiones, dadas las malas experiencias previas. Los interlocutores siguen siendo los mismos: Félix Bolaños por parte del PSOE y Teodoro García Egea por parte del PP. Según fuentes al corriente de la negociación, la postura de los populares no es tan rígida como hace unos meses en cuanto al cambio radical del sistema de elección de los jueces. Los de Pablo Casado siguen exigiéndole al Gobierno algún gesto que les permita vender que han conseguido algún cambio en la norma, por discreto que sea. Pero el diálogo sobre una renovación a corto plazo con la actual ley se encuentra avanzado. 

Ambas partes coinciden en señalar que, en el caso del CGPJ, de momento "no se ha hablado de nombres". Fuentes del Gobierno al corriente de la negociación aseguran a infoLibre que "si llegamos a hablar de nombres significaría que hemos superado la discusión sobre el modelo, que es en lo que estamos ahora". Nadie cuenta con que se lleve a término aquella exigencia de "que los jueces elijan a los jueces" que Casado casi convirtió en eslogan político. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que en la actual negociación se intenta alcanzar algún tipo de acuerdo que permita a los populares tener el margen suficiente que le permita avenirse al ansiado pacto.