El Gobierno se queda a medio camino en su promesa de "lucha integral" contra la corrupción

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en una moción de censura que el 1 de junio de 2018 obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. Ocurrió apenas unos días después de que los tribunales de justicia certificasen el papel del PP en la trama Gürtel y de que el entonces presidente, Mariano Rajoy, decidiese no hacer nada al respecto. La lucha contra la corrupción se convirtió en uno de los pilares argumentales sobre los que Sánchez construyó la alianza que dio lugar a aquel vuelco político. La moción era una respuesta “serena, firme, de Estado y constitucional” para “recuperar la dignidad” de la democracia española y regenerarla. Para “limpiar” de corrupción las instituciones, decía entonces el secretario general del PSOE.

Desde entonces, la lucha contra la corrupción ha ocupado un lugar destacado en la oferta programática del PSOE y también de su socio de gobierno, Unidas Podemos. De ahí que este asunto tuviese un lugar protagonista en el acuerdo de coalición que abrió la legislatura.

Sin embargo, consumidas ya tres cuartas partes del mandato de la coalición, el apartado “regeneración democrática y transparencia” del pacto de Gobierno PSOE-UP es, quizá, el menos desarrollado. Y queda poco margen. Ni plan contra la corrupción ni ley integral contra la corrupción, ni el final de los aforamientos ni casi nada.

El ambicioso programa de medidas para luchar contra la corrupción acordado por socialistas y morados está compuesto por iniciativas que, en su mayor parte, han dormido el sueño de los justos durante toda la legislatura. La primera medida incluida es el compromiso de elaborar “un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal” y que “incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos”. Pero nada se ha hecho.

Fue incorporada al pacto a propuesta de Podemos, que en su programa electoral propuso llevar a cabo una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. El primero sí lo ha incorporado ahora el PSOE y UP a la reforma del Código Penal, pero no el resto de las medidas.

Con este plan, Podemos quería establecer un modelo de coordinación a través de un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia para prevenir la corrupción y asesorar al Poder Judicial.

Sin ley integral

El Gobierno tampoco ha encontrado tiempo para aprobar la ley integral contra la corrupción que figura en el acuerdo de coalición, en la que se iba a incluir un estatuto del denunciante estableciendo atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia.

En vez de eso, el Gobierno lo que ha hecho, el pasado septiembre, es remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, todavía en trámite en el Congreso. Una norma que, más allá de los compromisos de la coalición, lo que hace en realidad es transponer la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers.

El objeto de la directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia contra ellas.

El proyecto de ley español también persigue ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración.

España llega tarde a este compromiso, pero no está sola. En febrero Bruselas abrió expediente a nuestro país y a otros 23 por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la directiva comunitaria. 

Podemos también había incluido este asunto en su programa electoral. En él proponía “asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción”. “Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público”, prometía si llegaba a gobernar. “Y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien”.

Pendiente también está la regulación de los lobbies, otra de las propuestas incluidas en el acuerdo de la coalición, “para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”. Este asunto está en fase de anteproyecto —lo examinó el Consejo de Ministros el pasado noviembre— bajo la denominación anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. El Gobierno lo plantea como una norma que permitirá regular por primera vez la actividad de los lobbies en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público.

Registro de ‘lobbies’

Se trata de un texto que incluye la creación de un Registro de Grupos de Interés que será de obligatoria inscripción y en el que se específica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal. Además, determinará cuáles son los perfiles de la Administración General del Estado que tendrán que tener en cuenta lo establecido en su articulado a la hora de reunirse o contactar con determinados grupos o individuos.

PSOE y Unidas Podemos también prometieron regular “de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endureceremos las sanciones por su incumplimiento”. De momento, lo único que ha hecho el Gobierno al respecto ha sido sacar a información pública un anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público. Nada más.

Nada se sabe tampoco de la prometida reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y de su reglamento sobre la base de la experiencia acumulada. 

Tampoco hay noticia, más allá de las dificultades que plantea ante la ausencia de mayorías suficientes en el Congreso, de la prometida reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos para que el privilegio que supone se limite exclusivamente al ejercicio de las funciones de los cargos públicos y deje de proteger sus actividades privadas.

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Los socios de la coalición prometieron también acciones para reforzar la lucha contra los cárteles en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia. Lo más que han hecho ha sido a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2023: el Gobierno va a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que los órganos de contratación puedan detectar y excluir a empresas que manipulen contratos públicos mediante “conductas colusorias” que afecten a la libre competencia. Estas medidas las podrán adoptar en el caso de que se aprecien “indicios fundados” de estas prácticas en una licitación pública. 

En la actualidad no es posible prohibir la participación en contratos públicos de empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta que no haya una sentencia en firme que ratifique la sanción. Sin embargo, la modificación de la ley que plantea el Gobierno serviría para que los organismos de contratación pudiesen excluir de licitaciones públicas si se demuestran conductas anticompetitivas en los mismos procedimientos de contratación.

Del acuerdo de coalición el Gobierno sí ha cumplido, en cambio, su promesa de reformar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal eliminando el plazo máximo de instrucción “por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”. Se aprobó en julio de 2020.