El Gobierno quita a la Iglesia el privilegio de inmatricular bienes tras haber registrado miles en los últimos años

El Gobierno ha decidido poner coto a la apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica a coste prácticamente cero. Este viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria que, entre otros asuntos, acaba con el privilegio de la Iglesia de registrar a su nombre bienes de dominio público que no estaban inscritos como propiedad de nadie.

La Ley Hipotecaria de 1946 permitía hasta ahora a la Iglesia católica inscribir bienes de dominio público sin dueño registrado previo mediante una "oportuna certificación librada" por un funcionario. Y el Reglamento Hipotecario, que data de 1947, concedía al clero la categoría de funcionario público para poder acreditar inmatriculaciones. Es decir, preveía la inscripción a su nombre con la única certificación de dominio expedida por los obispos diocesanos y equiparaba, por tanto, un cargo eclesiástico con un notario. Años más tarde, en 1998, el Gobierno de José María Aznar contribuyó a ampliar este privilegio de la jerarquía católica. Entonces se integró a los templos entre los bienes que la Iglesia podía registrar. Hasta esta reforma no se atribuía condición registrable a los lugares de culto puesto que el fin de tal registro era la transacción y las iglesias no eran consideradas comercializables.

El Gobierno considera ahora que "debido al tiempo transcurrido ya no son necesarias esas medidas", según señalaron a infoLibre fuentes del Ministerio de Justicia. "La modificación supone igualar a la Iglesia a cualquier particular que quiera inmatricular un bien", ampliaron estas mismas fuentes. "Se homogeinizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación", explicó el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón a través de una nota de prensa. 

Este periódico intentó, sin éxito, contactar con la Conferencia Episcopal para conocer la opinión de los obispos sobre esta modificación y saber si la reforma había sido consultada por el Gobierno con la jerarquía católica. No obstante, lo presentado este viernes es un primer borrador de la norma. El texto tiene que pasar ahora por los órganos consultivos del Estado para volver de nuevo al Consejo de Ministros y ahí salir ya como proyecto de ley hacia el Congreso y el Senado. Desde que se publique en el BOE, la Iglesia aún mantendrá el privilegio actual durante un año.

La realidad es que la legislación que sigue en vigor hasta que se apruebe la reforma sí ha motivado que el clero se hiciera desde 1998 con miles de ermitas, templos o parroquias de incógnito y a precio de saldo, pues no tenía que pagar por ellas el impuesto de transmisión patrimonial. Lo que sí podía hacer era venderlas a terceros a posteriori. Con estas transacciones generó unas plusvalías de volumen desconocido porque la opacidad que existe en torno a esta práctica es total. Las diferentes organizaciones que están dentro de la Iglesia no tienen la obligación de rendir cuentas a la Conferencia Episcopal.

Registradores y notarios consultados por infoLibre aseguran que, desde 1998, las inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica han sido "masivas". En algunas provincias los colegios de registradores llegaron a enviar delegados a los Obispados para ayudarles a poner en orden su patrimonio. Es decir, la reforma actual llega porque el clero ya ha inscrito a su nombre prácticamente todos los bienes de dominio público que podía inscribir.

En su momento, el PSOE no se atrevió a dar este paso. Diversos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendieron la necesidad de anular la reforma legal aprobada por el PP en 1998. Pero, según indicaron a este diario dirigentes que participaron en aquellos debates, la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se opuso de forma tajante. Su argumento era que no quería abrir nuevas batallas con una Iglesia enfrentada frontalmente con el Ejecutivo de Zapatero por temas como el matrimonio homosexual, la nueva ley del aborto o la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Junto a la vicepresidenta, recuerdan las mismas fuentes, se alineó también el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

Falta de transparencia 

En el órgano de los obispos señalan que no hay censo alguno de bienes inmatriculados por el clero. En el Colegio de Registradores dicen que tampoco. Y dejan caer que es "prácticamente imposible" que se pudiera llegar a hacer algún día. "Cada arzobispado, parroquia, diócesis, congregación... tiene sus bienes inscritos en diferentes registros y con denominaciones diferentes. Reunir todo esos títulos es inviable", aseveran. En el Ministerio de Justicia también aseguran que carecen de datos y señalan que sólo sería posible su recopilación accediendo a ellos registro por registro. 

La falta de transparencia se evidencia también en el hecho de que la Iglesia no ha estado nunca obligada a hacer públicas estas inmatriculaciones. Esto ha provocado que en muchas ocasiones hayan transcurrido los dos años de tiempo que la norma prevé para poder recurrir una primera inscripción y que sea imposible saber el volumen total de inmatriculaciones. Es el caso, por ejemplo, de la Mezquita de Córdoba, que copó la atención de los medios tras el anuncio de la Junta de Andalucía de su intención de "estudiar todas las vías" para proteger la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia  inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad en 2006 bajo la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba alegando la "toma de posesión" de la misma en 1236. Ahora, a instancias de la denuncia de un particular, el Ministerio de Hacienda está investigando si la Iglesia usurpó la mezquita de Córdoba al registrarla como su propiedad en 2006, tal y como reveló infoLibre. 

La Ley de Transparencia tampoco arrojará luz sobre este asunto, pues la inclusión de la Iglesia católica en la norma sólo afectará a los fondos públicos que percibe la institución. Es decir, sólo rendirá cuentas sobre el dinero que recibe vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de religión y a través de la casilla de la Declaración de la Renta (IRPF).