El apoyo de la patronal agraria Asaja a la ley que con el apoyo de Vox, el rechazo rotundo del Gobierno central y la amenaza de una multa millonaria de la UE prepara el PP en Andalucía para legalizar regadíos en Doñana ha topado con un caso de intereses compartidos. Uno de los miembros de la junta directiva de Asaja en Huelva, firme defensora del proyecto que Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de meter en el congelador hasta que pasen las elecciones del día 28, se encuentra desde hace más de una década en conflicto administrativo y judicial con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y ese conflicto sostenido tiene justamente su origen en la extracción ilegal de agua a través de una de sus empresas, Agroecología Doñana SL, en Matalagrana, enorme finca propiedad de la Junta de Andalucía y enclavada en el área de La Rocina, una de las cinco masas de agua que formaban el antiguo Acuífero 27.
Abierto por causa “grave” según la información obtenida por infoLibre en fuentes oficiales, la CHG incoó el primer expediente contra Agroecología en junio de 2014, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. La Confederación propuso una sanción administrativa de 221.000 euros por daños que habrían superado los 66.000 euros. Aquella fue la primera propuesta de castigo administrativo cuya existencia consta a este periódico. La primera y la más alta de la serie, que se completó en 2020 y ya con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez con otras tres sanciones de importe menor: 15.088, 27.677 y 57.200 euros. La tercera ha saltado a la Audiencia Nacional. Portavoces de Agroecología dan ya el caso por ganado. Y lo hacen basándose en lo que sucedió con un proceso penal abierto por el uso ilegal del agua y del que, como se detalla más adelante, el administrador de Agroecología, Juan Soltero, y otros regantes salieron absueltos.
El expediente de 2014 permanece desde aquel año suspendido. Este diario ignora por qué casi una década más tarde continúa flotando en una especie de limbo. Algunas fuentes sostienen que tal vez quedó en suspenso porque Agroecología recurrió ante los tribunales por la denominada vía de lo contencioso, distinta a la penal y donde lo que está en juego son decisiones administrativas. La CHG no lo ha confirmado. Y los portavoces de la empresa y de Asaja Huelva, a quien este medio ha ido facilitando toda la información de que disponía, tampoco han aportado datos sobre el expediente iniciado en 2014, cuando la CHG estaba presidida por Manuel Romero. En abril de 2017, el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Isabel García Tejerina (PP), le destituyó. Según El Confidencial, la causa fueron las informaciones que sobre presuntas irregularidades venía publicando ese medio desde 2014. Romero, a quien no ha logrado localizar este diario, se vio más tarde imputado en unas diligencias abiertas en un juzgado de instrucción de Sevilla por los jamones que miembros de una comunidad de regantes enviaban a personal de la CHG. El caso, y así lo confirman fuentes del Tribunal Superior de Andalucía, acabó archivado.
Una sentencia demoledora
Aunque sancionado cuatro veces, el dueño de Agroeocología y vocal de Asaja ha sido definitivamente absuelto en un procedimiento penal que además evidencia el caos que ha rodeado a la finca Matalagrana. Junto con él, han salido indemnes de la acusación de delito contra los recursos naturales otros 12 agricultores con empresas a su nombre y dos exalcaldes de Almonte, uno del PSOE y otro del PP.
Dictada por la Audiencia de Huelva el 20 de febrero de este año, la sentencia confirma otra previa de un juzgado de lo penal. Esa primera resolución es, literalmente, devastadora. El magistrado pone sobre la mesa el caos en que durante años se vio encapsulada la finca de Matalagrana, una extensión de en torno a 200 hectáreas de titularidad pública y donde ya a comienzos de los setenta el Estado perforó pozos.
La dueña de Matalagrana, la Junta de Andalucía, no obtuvo permiso de la CHG para la extracción de agua en aquella finca hasta junio de 2020 tras un proceso iniciado… el 21 de febrero de 2007. A lo largo de ese periodo, varios factores emergieron en el escenario y complicaron la situación pese a que organizaciones como WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza) ya habían avisado en 2009 del peligro de un daño “irreversible” por el uso ilegal de agua en Matalagrana.
A aquel panorama el juez que exculpó al dueño de Agroecología y los otros acusados se refirió en su sentencia como se lee a renglón seguido: “Los convenios suscritos por las Administraciones Públicas, los avatares administrativos en los que vieron implicadas las propias Administraciones, la sucesión de normas atinentes a la extracción de aguas y la falta de actuación de la Administración sancionadora con competencias [la CHG] generó en los acusados (…) la convicción de actuar lícitamente (…)”.
Fechada en la víspera de la Nochebuena de 2021, la líneas finales de ese párrafo de la sentencia inicial recobran actualidad en el debate sobre una futura ley –la auspiciada por PP y Vox en el Parlamento andaluz– que tiene en guardia a la Comisión Europea por las “consecuencias desastrosas” de una regularización de pozos ilegales en zonas más secas que Matalagrana. Lo que dicen esas líneas finales del párrafo de la sentencia del 23 de diciembre de 2021 es lo siguiente: “La actividad y la inactividad de las diferentes Administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente son reprochables y pudieran serlo, incluso, penalmente”. Es decir, de la extracción masiva de agua que está secando Doñana son partícipes también las administraciones, no sólo los regantes.
“Tendrá consecuencias desastrosas”: la advertencia de Bruselas a la Junta sobre su plan para Doñana
Lo que quedaba tras la declaración judicial podría resumirse así: se produjo un cambio de competencias sobre el Guadalquivir -correspondieron al Gobierno andaluz solo entre 2009 y 2011; en paralelo se mantuvo un convenio suscrito ya en los noventa por la Administración regional con el Ayuntamiento de Almonte como intermediario, que a su vez cedió las parcelas de Matalagrana a agricultores de la zona para un cultivo en las antípodas del secano: la fresa. La CHG, competente para imponer sanciones y cerrar pozos, permaneció en manos del PP entre noviembre de 2011 y junio de 2018. Y la Junta de Andalucía, responsable del área de medio ambiente, estuvo gobernada por el PSOE hasta enero de 2019.
Ahora y antes de que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla anunciase el jueves su decisión de hibernar la futura ley mientras dure la campaña para las municipales de este mes -en Andalucía no se celebran autonómicas porque las últimas fueron en 2022-, Transición Ecológica ya había levantado el hacha de guerra. El aviso de la ministra Teresa Ribera no admite dudas: "No caben enmiendas, solo la retirada íntegra del proyecto de ley".
En abril, Ribera remarcó que en aplicación del denominado Marco de Actuaciones para Doñana (356,75 millones de euros), el Gobierno ha cerrado ya 701 pozos en Doñana y tramita la clausura de otros 428.
El apoyo de la patronal agraria Asaja a la ley que con el apoyo de Vox, el rechazo rotundo del Gobierno central y la amenaza de una multa millonaria de la UE prepara el PP en Andalucía para legalizar regadíos en Doñana ha topado con un caso de intereses compartidos. Uno de los miembros de la junta directiva de Asaja en Huelva, firme defensora del proyecto que Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de meter en el congelador hasta que pasen las elecciones del día 28, se encuentra desde hace más de una década en conflicto administrativo y judicial con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y ese conflicto sostenido tiene justamente su origen en la extracción ilegal de agua a través de una de sus empresas, Agroecología Doñana SL, en Matalagrana, enorme finca propiedad de la Junta de Andalucía y enclavada en el área de La Rocina, una de las cinco masas de agua que formaban el antiguo Acuífero 27.