El Gobierno sigue desoyendo las recomendaciones de la ONU en materia de memoria histórica

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ACNUDH) de Naciones Unidas tira por enésima vez de las orejas al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Después de cuatro años criticando la inacción del Gobierno conservador en materia de memoria histórica, el órgano de la ONU hizo público el pasado 7 de septiembre un informe en el que muestra su preocupación tras constatar que "no han sido plenamente implementadas" la mayoría de las "recomendaciones fundamentales" que el grupo puso en su día sobre la mesa para que las familias de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista puedan "tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones". 

"Hasta la fecha, los familiares están librados a su propia suerte", critica la ONU en el documento. Para el Grupo de Trabajo, las observaciones que realiza son todavía más "alarmantes" teniendo en cuenta "el transcurso del tiempo" desde que las desapariciones forzadas se produjeron y la edad "muy avanzada" de los familiares de las víctimas y de los testigos. "Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad (...) ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado", añade en el informe.

Avances legislativos con matices

En materia legislativa, Naciones Unidas reconoce que la reforma del Código Penal representa "un avance importante" al elevar las penas de los delitos mencionados en los artículos 166 y 167, incluidos en el capítulo de detenciones ilegales y secuestros, y al recoger la tipificación de los crímenes contra la humanidad –artículo 607 bis– tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. "Esta inclusión –afirma la ONU– es bienvenida al tipificar como delito la desaparición forzada cuando se da en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil". 

A pesar de estos pasos, el Grupo de Trabajo sigue apreciando algunos errores. Así, en primer lugar, critica que la tipificación de la desaparición forzada incluida en la reforma no sea "plenamente compatible" con la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España en 2009. "En particular, por omitirse características típicas que definen a las desapariciones forzadas, tal como la negación de dar información sobre la suerte o el paradero de la víctima, elemento que amplía tanto las conductas imputables como los bienes jurídicos a proteger", señala la ONU, que afea también que la nueva legislación tampoco establezca "la responsabilidad de los superiores jerárquicos" en casos en los que "por acción u omisión hubiesen posibilitado la ocurrencia de una desaparición forzada".

El nulo papel del Estado

Aunque Naciones Unidas valora positivamente algunas iniciativas impulsadas en el Congreso de los Diputados, como la aprobación el pasado mes de mayo de una proposición no de ley para que se aplique y desarrolle la Ley de Memoria Histórica, no aprecia apenas movimiento en el Gobierno central. Por ello, espera que se "proporcione un mayor apoyo institucional y financiero" a los familiares y asociaciones memorialistas para la "localización e identificación de personas". En este sentido, recuerda que es una tarea "que no puede depender exclusivamente de los familiares". "Debe ser asumida como una obligación de Estado abarcando la totalidad del territorio nacional", aseveran.

Desde que se aprobasen por primera vez fondos destinados a esta materia con el Real Decreto 1891/2004, pero sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en octubre de 2007, con el categórico rechazo del PP y ERC, las partidas presupuestarias a estos efectos no pararon de aumentar año tras año: dos millones de euros en 2006, tres millones en 2007, cuatro en 2008 y 2009, cerca de seis en 2010 y 6,2 millones en 2011. A partir de entonces, el nuevo Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy revirtió la situación. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 la partida se redujo un 60%, hasta 2,5 millones de euros. Y desde 2013, las ayudas estatales desaparecieron.

Las asociaciones memorialistas y las familias se han visto obligadas en los últimos años a financiar los proyectos de localización y exhumación de víctimas a través de donaciones particulares –como, por ejemplo, las de un sindicato de electricistas noruego– y de pequeñas ayudas que desembolsan algunas comunidades autónomas. Así, ante la inacción del Gobierno central, varios Ejecutivos autonómicos han decidido ponerse manos a la obra para que la memoria histórica no caiga en el olvido. Desde las elecciones autonómicas y municipales de 2015, seis comunidades están elaborando sus propias leyes de memoria. 

Pero la ONU insiste en "la importancia" de que el Estado español "tome un rol activo" para que las excavaciones y las identificaciones de los restos "no dependan exclusivamente de algunas comunidades, así como de particulares o asociaciones privadas". Además, pide que "se consolide" un diálogo "auténtico y permanente" con los familiares de las víctimas, que vaya más allá "de provisión de información por parte del Estado". Para ello, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas solicita que se haga a las familias "partícipes de todas las medidas que los conciernen".

Impunidad y obstrucciones 

El informe también recoge la consternación de Naciones Unidas al apreciar que "no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles" sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos en la Guerra Civil y dictadura franquista. "Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España", agrega en el informe el Grupo de Trabajo.

En este sentido, además, critica con dureza las "constantes obstrucciones" de España al proceso judicial abierto en Argentina a raíz de la querella interpuesta por familiares de las víctimas del franquismo en 2010. Por ello, piden que se "preste y fortalezca" el auxilio judicial, incluyendo "el suministro de todas las pruebas", en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada "que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España".

Comisión de la Verdad y apertura de archivos

La ONU no quiere finalizar su escrito sobre España sin entrar a valorar otros dos aspectos fundamentales para las víctimas. En primer lugar, recuerda que es necesario promulgar una ley de acceso a la información y un marco legislativo "apropiado" que garantice el acceso público a los archivos, "verdadero problema para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad". Y, en segundo lugar, lamenta "la falta de información proveída" sobre la recomendación de promover que las asociaciones de víctimas faciliten "la recolección de muestras de los familiares por parte del Banco Nacional de ADN".

Pero tampoco se olvida de recomendar la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad como la que en su día se implantó en Argentina tras la caída de la dictadura. En este sentido, el Grupo de Trabajo lamenta que el Ejecutivo lo vea como "una investigación histórica". "Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto y una obligación que el Estado español debería satisfacer de acuerdo con el derecho internacional", sentencia Naciones Unidas.

Cuatro años de continuos varapalos

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Naciones Unidas lleva cuatro años propinando duros varapalos al Ejecutivo del PP por mantener en el olvido a las 114.000 personas que a día de hoy todavía permanecen sepultadas en fosas comunes. Reproches que comenzaron tras la visita que una delegación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, encabezada por Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, hizo a España la última semana de septiembre de 2013. El viaje al segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzosas pendientes de resolver, sólo por detrás de Camboya, concluyó con dos duros informes, publicados en julio de 2014: uno del propio órgano de la ONU y otro redactado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff.

Durante la misión a España, el relator de Naciones Unidas notó "una gran distancia" entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones y las víctimas y asociaciones. "Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas han sido mayoritariamente atendidas, pero familias y colectivos se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas", señaló De Greiff en su informe, donde señaló que la "brecha" apreciada era "particularmente preocupante" al considerar que las demandas no podían caracterizarse de "desmedidas".

En su escrito, el relator de la ONU también criticó que los representantes del Gobierno enmarcasen las discusiones "siguiendo el siguiente esquema: 'o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto". Una posición que, en opinión de De Greiff, no "hace justicia a los avances logrados durante el proceso de democratización en España". "Considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad, resulta especialmente sorprendente que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas", sentenció.