El listón lo puso alto el propio Pedro Sánchez. Pero su Gobierno no lo ha superado. No sólo ha ocurrido con la exhumación de los restos de Franco, que el Ejecutivo aún pretende culminar antes de las elecciones del 28 de abril. Son numerosos los propósitos incumplidos hasta la fecha en políticas que afectan a la Iglesia católica. El Ejecutivo, nacido con un ceremonial laico, ha topado con la Iglesia a la hora de los hechos. Las tareas pendientes incluyen inmatriculaciones, prevención y castigo de abusos sexuales, educación y fiscalidad, entre otras.
Sánchez, que antes de ser presidente se manifestó reiteradamente a favor de las políticas laicistas, incluyó en el programa electoral del PSOE de 2016 la "supresión de la referencia a la Iglesia" en la Constitución, que debía incluir el "principio de laicidad". El programa también recogía la "denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979" –que abarcan aspectos jurídicos, educativos, de asistencia religiosa en el Ejército y económicos–, el "establecimiento de la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social", el avance hacia la "autofinanciación de las confesiones religiosas", la "reclamación de la titularidad" de los bienes inmatriculados sin título, y la "transformación de los lugares de culto en los centros públicos en lugares de oración multiconfesionales"...
Las expectativas cuando Sánchez se instaló en La Moncloa eran altas cuando. El 2 de agosto, tras una fulgurante moción de censura, Sánchez tomó posesión sin símbolos religiosos en la ceremonia, gesto imitado por el resto de su "Consejo de Ministros y Ministras". Sus compromisos no sólo estaban expresados en el programa. El documento de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía "consolidar su condición de Estado laico", para lo que "tendrá que ser denunciado y derogado" el conjunto de acuerdos de 1976-1979. "Ninguna religión confesional deberá formar parte del currículo y del horario escolar", señalaba este documento, que insistía en la "autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones", para lo que se promovería una Ley de Conciencia y Libertad Religiosa.
Las resoluciones del 39º Congreso del PSOE también incidían en la exclusión de la "religión confesional" del "currículo" y del "horario escolar". Y reiteraban el compromiso de "derogación" y "denuncia" de los acuerdos del 76-79 y de "autofinanciación" de la Iglesia. Del congreso también salió el acuerdo de acabar con las exenciones fiscales, singularmente del IBI, cuando los bienes libres del impuesto generen ingresos económicos o no sirvan a finalidades sociales o de culto. Actualmente la Iglesia elude el pago del IBI de inmuebles de los que hace aprovechamiento económico, y que no tienen ningún uso social y religioso, mediante la fórmula de ponerlos en alquiler.
A todo ello se sumaba la aprobación en el Congreso, en febrero de 2018, de una proposición no de Ley (PNL) presentada por Unidos Podemos y transaccionada por el PSOE que instaba al Ejecutivo, entonces del PP, a "dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del horario escolar", y a la "denuncia y derogación" de los acuerdos con la Santa Sede.
Nunca fue verosímil que un Gobierno apoyado en 84 diputados del PSOE pudiera cumplir un programa tan ambicioso. El propio partido, preguntado por infoLibre en junio, establecía dos prioridades: una) recuperar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "como materia universal, no como alternativa a la religión"; dos) que la religión "deje de ser materia evaluable". Tampoco se han cumplido. Ni han salido adelante las leyes de Eutanasia o de Conciencia y Libertad Religiosa. Con respecto a la primera –que toca un nervio central de las directrices morales de la jerarquía católica–, Sánchez la dio por segura para esta legislatura. En cuanto a la segunda, el Congreso instó al Gobierno a cambiarla en 2017, cuando aún estaba el PP en el poder.
La iniciativa tocante a la Iglesia más relevante que ha emprendido el Gobierno es la exhumación de los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, sin éxito. El prior de la basílica, Santiago Cantera, se ha opuesto con uñas y dientes. La actitud de las autoridades eclesiales ha sido titubeante. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el Vaticano han afirmado que no se oponen. Pero tampoco han disciplinado a Cantera. Osoro se mostró dispuesto a que los restos de Franco, si eran sacados del Valle de los Caídos, fueran a parar a la Catedral de la Almudena. A día de hoy el proceso para exhumar la momia del dictador está frenado por una suspensión judicial. La exhumación de Franco ha suscitado debate sobre la relación de la Iglesia con su propio pasado de colaboración con el franquismo, por el que nunca ha pedido perdón.
Inmatriculaciones
El Gobierno no sólo cargaba con un muy exigente pliego de deberes programáticos laicistas. También se ha ido poniendo tareas durante la corta legislatura. El Ministerio de Justicia anunció en verano la publicación de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. En agosto el Gobierno aseguraba que estaba "procesando los datos". Este periódico preguntó a Justicia por el listado, que requiere del envío de información por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad. El ministerio aclaró que Justicia no hará directamente públicas las listas, sino que las entregará al Congreso, que es el que las solicitó en una PNL. En cualquier caso, no dio plazo ni fecha para ello. No hay listado.
La idea de una reversión de las inmatriculaciones de bienes públicos, alentada por el propio Gobierno y que le deparó numerosos titulares, es hoy una quimera. Otra expectativa generada y no satisfecha.
Fiscalidad
A finales de octubre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Entre los temas abordados estuvieron las inmatriculaciones y una reforma de la fiscalidad de la Iglesia para que pague el IBI por aquellos inmuebles en los que realiza actividades económicas, como en Italia. Vicepresidencia no detalla avances, más de cuatro meses después. Tampoco Hacienda, concernida por el anuncio de reforma fiscal.
La Iglesia continúa con sus privilegios fiscales intactos. No sólo no se cumple lo previsto en el programa del PSOE –autofinanciación, denuncia de los acuerdos del 76-79–, sino tampoco lo anunciado por Calvo.
Abusos a menores
La vicepresidenta también anunció a las autoridades pontificias la adopción de medidas legales para la imprescriptibilidad de los los abusos sexuales. La iniciativa, que pretendía ampliar el plazo a 30 años, se ha quedado en fase de anteproyecto.
El Gobierno ha tratado también de que la jerarquía haga un ejercicio de transparencia en relación con los abusos a menores. El Ministerio de Justicia solicitó a principios de mes a la Conferencia Episcopal la entrega de sus investigaciones sobre abusos sexuales, sin resultado.
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Educación
Tampoco ha fructificado la reforma legal en el ámbito educativo, principal bastión de influencia de la Iglesia en España. La reforma de la Lomce no ha salido adelante. Entre los propósitos más ambiciosos de la ministra Isabel Celaá estaba que la asignatura de Religión dejase de computar en la nota media y que se terminase con el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas, que favorece a la enseñanza concertada. La ministra también se ha pronunciado reiteradamente en contra de la subvención pública a la educación que separa a niños y niñas por sexos, mayoritariamente en manos del Opus Dei. Pero a efectos prácticos este modelo no ha sufrido ningún sobresalto.
Una delegación de Europa Laica se reunió el pasado 13 de febrero con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. El balance del encuentro por parte del presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, es sombrío: "Se podía haber promulgado un real decreto que pusiera freno a los recortes de la Lomce. Ahora nos hemos quedado con los recortes, con la Lomce y con la asignatura de Religión con pleno valor académico".
El listón lo puso alto el propio Pedro Sánchez. Pero su Gobierno no lo ha superado. No sólo ha ocurrido con la exhumación de los restos de Franco, que el Ejecutivo aún pretende culminar antes de las elecciones del 28 de abril. Son numerosos los propósitos incumplidos hasta la fecha en políticas que afectan a la Iglesia católica. El Ejecutivo, nacido con un ceremonial laico, ha topado con la Iglesia a la hora de los hechos. Las tareas pendientes incluyen inmatriculaciones, prevención y castigo de abusos sexuales, educación y fiscalidad, entre otras.