El Gobierno diseña ya para Cuelgamuros el nuevo marco jurídico del que depende la continuidad de los monjes
La actividad memorialista del Ejecutivo continúa a pleno rendimiento. Sólo un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, en el seno del Gobierno ya se han puesto manos a la obra para diseñar el nuevo armazón jurídico sobre el que se apoyará el futuro próximo de Cuelgamuros. Los trabajos, de los que ahora mismo se está encargando la Secretaría de Estado de Memoria, buscan desmontar y sustituir el excepcional régimen sobre el que se ha asentado durante décadas el complejo monumental. Un marco normativo, construido en pleno franquismo, que ha permitido la continuidad hasta la actualidad en el enclave de una orden benedictina que se ha opuesto con firmeza a la exhumación de Francisco Franco y que nunca ha tenido reparos en celebrar misas en recuerdo del dictador y del golpe de Estado.
La denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha sido quien ha tenido asignada, a través de un decreto-ley de 1957, la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que ha mantenido un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que ha estado dirigiendo "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno era capaz de regular la situación jurídica del complejo monumental levantado por presos políticos en plena sierra de Guadarrama, a pesar de que resultaba una obligación legal desde hace ya cuatro décadas.
La nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor a finales de octubre, busca justamente poner todo esto en orden. De ahí que declare, en su artículo 54, extinguida la opaca Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Lo hace, fundamentalmente, por "resultar incompatibles" sus fines con "los principios y valores constitucionales". Al fin y al cabo, el objeto de esta entidad, según la norma de finales de los cincuenta rubricada por el propio Franco, es "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana". Todo un anacronismo en un régimen democrático que había logrado pervivir hasta nuestros días.
La extinción, no obstante, no producirá efectos hasta la entrada en vigor de un nuevo real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros "que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial". En este sentido, la norma no fija un plazo para su elaboración. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Memoria ya están "trabajando" en ello, según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Presidencia, que no aclaran cuándo podrá estar listo el nuevo armazón jurídico. Mientras se construye el nuevo marco jurídico, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional seguirá ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación, determinando sus "inventarios, presupuesto y cuentas" de cara a la liquidación final de la misma.
La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ya planteó en su día por dónde tendrían que ir los cambios normativos. Así, proponían convertir la fundación en un Real Patronato, lo que colocaría la institución "bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas".
El futuro de los monjes
El decreto franquista fue también el que terminó abriendo las puertas de Cuelgamuros a los monjes. Aquella norma fijó el establecimiento en el mausoleo de una Abadía Benedictina. Y sus funciones quedaron definidas en un convenio suscrito entre la Fundación de la Santa Cruz y el Monasterio de Santo Domingo de Silos: oficiar misa en fechas señaladas para los golpistas –1 de abril, 17 de julio o 20 de noviembre–, dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), mantener una Escolanía o administrar una Hospedería. Los religiosos no han cumplido siempre con sus obligaciones. De hecho, como reveló una investigación de infoLibre, el CES dejó de tener "actividad continuada" en 1983. Pero el Estado nunca ha procedido a la expulsión de los monjes a pesar de que el convenio lo permite cuando se producen incumplimientos.
La construcción de un nuevo marco jurídico afectará, por tanto, a los benedictinos. Aunque desde Presidencia mantienen silencio en relación a los trabajos en este punto concreto, lo cierto es que la expulsión de los religiosos de Cuelgamuros es algo que lleva años dándose por hecho. Su salida ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia. Y en la Secretaría de Estado de Memoria creen que "tiene poco sentido" la continuidad de los mismos en el complejo monumental dependiente de Patrimonio Nacional. "Evidentemente, su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales", afirmó antes del verano en una entrevista con El País el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
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La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, ya analizó hace más de una década la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyeron que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso, tanto por sus declaraciones como por la hostilidad manifiesta", dice a infoLibre uno de los miembros de aquel grupo de expertos.
La sombra de la dictadura siempre ha estado presente sobre la cúpula de la comunidad benedictina. Su primer abad, Justo Pérez de Urbel, estuvo muy ligado al movimiento falangista –colaboró en materia religiosa con la Sección Femenina–. El siguiente, Luis María de Lojendio, fue el primer responsable de la Oficina de Información Diplomática (OID) franquista, encargada de combatir las informaciones críticas que se publicaban sobre el régimen en el exterior. Un tufo que continuó en democracia. El abad Anselmo Álvarez saltó a la fama por sus polémicas declaraciones en un reportaje de la televisión sueca. Y el actual prior, Santiago Cantera Montenegro, quien fuera en su pasado candidato de Falange Española Independiente, por su férrea oposición a la exhumación de Franco, un rechazo que la comunidad benedictina llevó incluso a los tribunales.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya anunció a comienzos de octubre que el complejo monumental tendrá una parte que no se va a desacralizar y que "seguirá siendo lugar de culto". "A partir de ahí, quién ejerza el culto en nombre de la Iglesia es una decisión que tenemos que compartir con la Iglesia", afirmó en una entrevista televisiva. Sobre la mesa, según publicó El Confidencial, hay varias opciones. Una posibilidad sería delegar esa función al propio Arzobispado de Madrid. Otra, buscar una nueva comunidad religiosa. Y una tercera vía sería dejarlo en manos de la Comunidad de Sant Egidio, una organización católica que ha estado presente en procesos de paz y reconciliación.
