Fue uno de los grandes mitos del franquismo. El símbolo propagandístico de la resistencia golpista que llegó a dar nombre a uno de los títulos nobiliarios "con grandeza de España" creados durante la dictadura. Una fortaleza que más de medio siglo después se mantiene impermeable a la Ley de Memoria Democrática. El Alcázar de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, ha terminado por convertirse en el último gran mausoleo franquista. En su interior aún permanecen inhumados, entre otros, los restos del general José Moscardó y del teniente coronel Jaime Milans del Bosch. Es la gran asignatura pendiente del departamento que dirige Margarita Robles dos años después de empezar a estudiar la aplicación de la normativa memorialista.
La nueva ley es clara en su artículo 38: "Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos durante la guerra o la dictadura". Moscardó jugó un papel clave en aquel golpe de Estado. Él fue quien lideró la rebelión contra el gobierno legítimo en Toledo y, cuando fracasó, la toma del Alcázar. Luego, en cuanto acabó la contienda, se convirtió en jefe de la Casa Militar, ejerciendo como sombra de Franco en las reuniones que mantuvo en Hendaya con Hitler, en Bordighera con Mussolini o en Montpellier con el general Petain.
Dicho precepto dio respaldo legal a la salida del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, una exhumación que se suma a las del dictador y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de Cuelgamuros y a las de los generales José Sanjurjo y Emilio Mola del Monumento a los Caídos de Pamplona. Sin embargo, la norma aún no ha desplegado sus efectos en la fortaleza toledana, que alberga tanto el Museo del Ejército como la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. "Está todo parado y no hay visos de que por el momento se vaya a hacer nada", apunta al otro lado del teléfono Emilio Sales, del Foro por la Memoria. "Hay dejadez. Hace falta mayor voluntad política", completa.
Tanto Moscardó, que reposa junto a su mujer e hijos, como Milans del Bosch, que participó en dos golpes de Estado –el de 1936 y el del 23 de febrero de 1982–, se encuentran inhumados en una cripta ubicada dentro del edificio público, junto a la sala dedicada a patrimonio etnográfico y frente a otra centrada en fotografía histórica. Aquella sala abovedada fue el lugar elegido por la dictadura en los cuarenta para depositar los restos de los golpistas que fallecieron en el Alcázar de Toledo. La obra costó alrededor de cien mil pesetas, se demoró cuatro meses y la llevó a cabo la Dirección General de Regiones Devastadas. Un sepulcro que alberga en la actualidad a alrededor de dos centenares de personas. Entre ellos, jefes falangistas o combatientes de la División Azul.
El espacio, que consta de una sala central con un altar y dos anexas con nichos, fue decorado con inscripciones para ensalzar la labor de los "gloriosos muertos" en la "gesta" del Alcázar –"Los que mueren como han muerto quienes yacen en este panteón suben al cielo y, además, pasan a la historia" o "Corona de la vida es morir por la Patria. Pero esa corona brilla más si la acompaña el heroísmo"–. La cripta no forma parte del recorrido museístico y no puede ser visitada por el público en general. El procedimiento de visitas, según explicó el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a finales de 2018, está reservado para familiares de los allí inhumados, que sólo pueden acudir al sepulcro los días en los que el museo se encuentra cerrado.
Por aquel entonces, el Ejecutivo socialista se agarraba a ese uso privado para defender que no existía, por lo tanto, una exaltación pública de los militares golpistas allí enterrados. Pero lo cierto es que eso no ha impedido que dentro del propio edificio público se hayan llevado a cabo en los últimos años auténticos homenajes al general franquista. En el verano de 2022, sin ir más lejos, un grupo de ultras fascistas del club de fútbol italiano SS Lazio desplegó en el patio del Alcázar, donde cada primero de noviembre quince metros de lona blanca con la frase "Onore al general Moscardó" ("Honor al general Moscardó"). "Nadie asumió ninguna responsabilidad tras el despliegue de esa pancarta monstruosa", se queja Sales, del Foro por la Memoria.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció en una entrevista con El País que había algunos problemas con estas exhumaciones. "Tenemos dificultades en el ámbito de la Defensa por cuestiones diversas, pero la ley de memoria democrática no hace distingos", apuntaba el ministro. Y añadía: "No es sencillo, pero avanzaremos". Desde la Secretaría de Estado de Memoria no dan muchos más detalles. Aseguran que este asunto depende del departamento que dirige Margarita Robles, que tras la entrada en vigor de la normativa memorialista creó un comité de expertos para estudiar la aplicación de la ley en el marco de sus competencias. Dos años después, este diario ha preguntado a Defensa sobre el estado de los trabajos. A cierre de esta edición no ha habido respuesta.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no cree que sea tan "difícil" llevar a cabo las exhumaciones: "Si se quiere, se hace, pero falta voluntad política". Es más, sostiene que no hay otra opción, que existe una obligación legal de proceder de este modo. "Hay una ley que señala que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, no es algo para discutir ni para pensar", asevera al otro lado del teléfono. Tampoco considera que ese uso privado que alegaba el Ejecutivo hace más de un lustro para defender que no había exaltación pública pueda ser un obstáculo. Los restos de los militares golpistas se encuentran en un edificio de "propiedad pública". Y sacarlos de allí, completa, es de "primero de democracia".
Un relato histórico "aséptico"
Fundamental resulta también corregir algunos relatos históricos que las Administraciones hacen del Alcázar de Toledo. Hasta hace solo una semana, el portal web de la Consejería de Cultura castellanomanchega resaltaba que durante la Guerra Civil el general Moscardó utilizó la fortaleza como "punto defensivo", a pesar de que fueron los golpistas quienes lo tomaron para facilitar el triunfo de un golpe contra un régimen legítimo y el posterior establecimiento de una dictadura. "Eso es, justamente, lo que habría contado Franco", asevera Silva. Tras las protestas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el relato histórico que se hace en el portal sobre el Alcázar se limita a exponer que el edificio fue "destruido" durante la contienda.
"Aséptico" considera también que es el del Museo del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa. "Durante la Guerra Civil, el Alcázar soportó un constante asedio durante 70 días que tuvo como resultado una nueva destrucción", resalta el texto. "No se hace ni una sola mención a los golpistas. Se podría contar que ellos lo ocuparon, que el Ejército de la República trató de recuperarlo y que se convirtió en la epopeya del franquismo. Tanto es así que se podría contar también que [el jefe de la Gestapo, Heinrich] Himmler lo visitó en octubre de 1940 –de hecho, Moscardó hizo de guía del jerarca nazi durante aquel recorrido por las ruinas del edificio–. Pero parece que todo esto no se quiere contar", sentencia el presidente de la ARMH.
Fue uno de los grandes mitos del franquismo. El símbolo propagandístico de la resistencia golpista que llegó a dar nombre a uno de los títulos nobiliarios "con grandeza de España" creados durante la dictadura. Una fortaleza que más de medio siglo después se mantiene impermeable a la Ley de Memoria Democrática. El Alcázar de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, ha terminado por convertirse en el último gran mausoleo franquista. En su interior aún permanecen inhumados, entre otros, los restos del general José Moscardó y del teniente coronel Jaime Milans del Bosch. Es la gran asignatura pendiente del departamento que dirige Margarita Robles dos años después de empezar a estudiar la aplicación de la normativa memorialista.