José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán, acusó este miércoles al Gobierno del PP de "presionar para provocar el paseíllo" del ex presidente de la Junta de 2009 a 2013 y de su antecesor, Manuel Chaves, que ocupó al cargo de 1990 a 2009, con el fin de "compensar otros casos de corrupción" conocidos tras las elecciones del 20 de diciembre, en referencia a los que afectan al PP, fundamentalmente en Valencia. "El Gobierno ha presionado", aseguró.
Así se pronunció Mohedano a la salida del juzgado 6 de Sevilla, donde Griñán declaró, como investigado por prevaricación administrativa, en el caso de los ERE. Tanto Chaves, que compareció a las 10.00, como Griñán, que lo hizo a las 11.00, se limitaron a reafirmarse brevemente en sus declaraciones exculpatorias ante el Tribunal Supremo (cuando eran aforados) en abril de 2015, según fuentes presentes en los interrogatorios. Según la jueza Mercedes Alaya, el caso de los ERE, por el que hay imputadas casi 300 personas, supuso un fraude de 855 millones de euros. El juez Álvaro Martín, ante el que este miércoles se sentaron los ex presidentes, instruye una parte del sumario, que implica a unos 50 ex altos cargos de la Junta.
Ni a su llegada –cuando tuvieron que soportar gritos, insultos y abucheos–, ni a la salida realizaron los expresidentes declaraciones ante los numerosos medios de comunicación presentes. Pero Griñán sí lanzó un mensaje a través de su abogado, que fue directo al grano y en términos contundentes. "Esto es una presión para que den el paseíllo", dijo Mohedano.
Preguntado para que precisase el origen de estas presiones del "Gobierno", o aclarase si creía que el juez de instrucción, Álvaro Martín, había sido permeable a las mismas, se apresuró a decir: "Yo no acuso a nadie". Pero acto seguido afirmó que "hace dos semanas" estuvo en Sevilla el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas. "Vino a lo que vino", dijo de la visita de Salinas a los juzgados, en referencia a una pretensión de provocar las comparecencias de Chaves y Griñán. Este último ya había presentado –en vano– un escrito para intentar no declarar en el juzgado de instrucción, al considerar que era suficiente con lo expuesto en el Supremo, donde compareció durante cuatro horas y respondió a 119 preguntas, con una transcripción de 63 folios. Mohedado lamentó que la instrucción se esté prolongando ya durante cinco años, y no tenga visos de finalizar a corto plazo. "Esto no es un show", afirmó.
Tanto Chaves como Griñán llevaban preparados sendos comunicados, que entregaron al término de sus comparecencias. "Reitero una vez más que en los Consejos de Gobierno que presidí durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal", señala Chaves en su nota. En cuanto a Griñán, su nota no entraba en el fondo y se limitaba a justificar por qué consideraba ya "satisfecho" su derecho a la defensa en su declaración ante el Supremo.
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Chaves llegó a los juzgados poco antes de las 10.00, y Griñán una hora después. Cada uno pasó aproximadamente 15 minutos ante el juez. No se cruzaron. Los dos tuvieron que soportar insultos, abucheos y gritos a su llegada a los juzgados: "Chorizo" fue el más escuchado. La actitud de ambos era muy diferente: Chaves iba serio y cabizbajo, mientras que Griñán sonreía. Ambos declinaron amablemente atender a los medios. Cuando lo hicieron tras declarar en el Supremo, se armó un considerable lío por la discrepancia de sus mensajes y sus tonos. Entonces, Griñán dijo que hubo "un gran fraude", mientras que Chaves ofreció una versión totalmente distinta y señaló que no hubo "ninguna ilegalidad" durante su presidencia.
José Antonio Viera
, ex consejero andaluz de Empleo y también investigado en este caso, compareció ante el juez Martín tras los dos ex presidentes. Viera se ratificó en su declaración exculpatoria ante el Supremo. Según fuentes judiciales presentes en los interrogatorios, fue el único que preguntó al instructor si tenía alguna pregunta que hacerle, mostrándose dispuesto a responderla. Pero el juez Martín no preguntó.
José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán, acusó este miércoles al Gobierno del PP de "presionar para provocar el paseíllo" del ex presidente de la Junta de 2009 a 2013 y de su antecesor, Manuel Chaves, que ocupó al cargo de 1990 a 2009, con el fin de "compensar otros casos de corrupción" conocidos tras las elecciones del 20 de diciembre, en referencia a los que afectan al PP, fundamentalmente en Valencia. "El Gobierno ha presionado", aseguró.