La investigación de la formación en Andalucía choca con el silencio de los empresarios

La comisión de investigación parlamentaria del fraude de los ERE en Andalucía celebrada en 2012 se frustró, tras un correcto desarrollo de sus trabajos, a la hora de fijar las conclusiones, cuando PP, PSOE e Izquierda Unida no alcanzaron un acuerdo sobre las responsabilidades políticas. El PP quería llevarlas a la cúspide, hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; el PSOE, rebajarlas; la propuesta de IU, intermedia, tampoco alcanzó consenso. Al final quedó una sensación general de fracaso. Pero fue al final. En cambio, la comisión de investigación de los cursos de formación está dando síntomas de bloqueo mucho antes.

Este viernes estaban citados como comparecientes dos empresarios presuntamente implicados en el fraude: el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, ex alcalde de Punta Umbría (Huelva) dimitido en febrero, y José Sivianes. El primero, que está bajo investigación judicial, se presentó acompañado de su abogado y se acogió a su derecho a no declarar. Eso sí, tuvo que aguantar sentado y en silencio el chaparrón de preguntas –duras y acusatorias, en ocasiones– de los parlamentarios, salvo del socialista Rodrigo Sánchez Haro, que criticó a la oposición por "coaccionar" al compareciente.

La empresa de Rodríguez Nevado El Paraíso de la Dehesa, que recibió casi un millón de euros en subvenciones a la formación entre 2008 y 2012, está en el punto de mira. Dicha empresa obtuvo subvenciones, cuya justificación está siendo investigada y algunas de las cuales tienen abiertos expedientes de reintegro, sin estar al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, como exige la ley, tal y como le recordó Elena Cortés (IU), observación que apuntaba a un posible trato de favor. Miguel Ángel Torrico (PP) escudriñó en las dudas que generaba la compatibilidad de las facetas empresariales de Rodríguez Nevado, hostelería y formación. "Sus trabajadores eran los mismos que impartían los cursos. Los platos que elaboraban, ¿los servía luego en su restaurante?", preguntó. "Hasta las muñecas de tarta de las comisiones eran facturadas a los cursos", añadió.

Rodríguez Nevado, que en ocasiones se retorcía los nudillos aunque sin perder el gesto templado, se limitó a unas breves palabras al término de la ronda de preguntas: "Os deseo lo mejor. Me apremia el cuidado de mi hijo, de 34 años y con una importante discapacidad". El presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), y el resto de parlamentarios lo despidieron después personalmente con breves apretones de manos y palabras de cortesía.

No tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo con José Sivianes, que sencillamente estuvo ilocalizable, para pasmo de los comisionados. Sivianes no apareció. La inasistencia a una comisión de investigación está tipificada como delito de desobediencia por el artículo 502.1 del Código Penal. Sivianes, dueño de la entidad Formación Integral para el Empleo, está en apuros judiciales aún más serios que los de Rodríguez Nevado. Uno de los 18 juzgados que instruyen el caso por toda Andalucía investiga las ayudas a su empresa, al menos 5,6 millones de euros. La Fiscalía le atribuye delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. Es el primer imputado para el que el Ministerio Público formula escrito de acusación. El presidente de la comisión comunicó a los portavoces que había sido imposible contactar con él, y que su comparecencia se reprogramará, informaron fuentes de la comisión.

2.468 ayudas por justificar: 632,3 millones

Si se consolidara la tendencia de que quienes tengan asuntos pendientes con la justicia se acojan a su derecho a no declarar, la comisión tendrá muy difícil realizar las tareas que tiene encomendadas. Es decir, dirimir las responsabilidades políticas del fraude, cuyas dimensiones totales están por aclarar. Las subvenciones a la formación superaron los 3.000 millones de euros entre 2002 y 2013, otorgadas a patronal, empresarios y sindicatos. El fraude consistía en que los beneficiarios de las ayudas no empleaban los fondos para la formación, sino para quedarse el dinero o para otros fines, haciendo como que los cursos se celebraban, en ocasiones con profesores y alumnos falsos. El Gobierno andaluz cifra por el momento en 2.468 el número de expedientes de subvenciones "en proceso de justificación", que suman un importe total de 632,3 millones.

Una macrocausa judicial de nueve ramas

La investigación –una "macrocausa", en el argot judicial– se divide en nueve ramas, tres de las cuales corresponden a la trama empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Odeja; cuatro piezas se centran en sendos consorcios públicos de formación: Ciomijas, Formades, Forma y CTI; las dos últimas partes afectan a la fundación Faffe y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El clima político alrededor de los trabajos se ha crispado, hasta el punto de que los comisionados de PP y Podemos se levantaron el martes de la sesión ante lo que consideran "obstaculización" por parte de la Junta. Entre los parlamentarios cunde la sensación de que el normal curso de la comisión está en riesgo. Los socialistas lo atribuyen a la estrategia del "ruido" del PP, al que Podemos e IU hacen "seguidismo", en palabras de Mario Jiménez, su portavoz parlamentario. Para la oposición hay un "bloqueo" por parte de la Junta de Andalucía.

La hora de la verdad de las conclusiones

Ciudadanos, que tiene un pacto de legislatura con el PSOE que hasta la fecha ha garantizado la mayoría parlamentaria del Gobierno, está siendo un aliado ambivalente para los socialistas en la comisión. Marta Bosquet, que lleva la batuta de los interrogatorios de la formación naranja, no duda en poner el dedo en la llaga. No obstante, la oposición alerta de que la hora de la verdad llegará con las conclusiones. Mientras tanto, el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), ha afirmado que sólo su "presión" ha provocado un "cambio de actitud" de la Junta, lo cual implica la acusación de falta de colaboración previa.

Esa colaboración se materializará con la llegada al Parlamento de varios "tráileres", en palabras de Julio Díaz, con unos 27 millones de folios (según el Gobierno andaluz). Será necesario crear una comisión que a su vez articule un protocolo de traslado, custodia y consulta de la documentación, materialmente imposible de abarcar por los comisionados.

Expedientes concretos

PP, Podemos e IU creen que los millones de folios son una cortina de humo, y solicitan expedientes concretos. "Esto de los tráileres no vale para nada, es un engaño. Nosotros queremos los expedientes de exoneración (un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores) y el listado de trabajadores de la Faffe (una polémica fundación). Lo demás es para despistar", explican desde Podemos.

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El tira y afloja es constante. En el PP no se descarta abandonar la comisión, si bien antes se apurarán todas las posibilidades. En el PSOE existe el convencimiento de que la oposición "ya tiene un guión escrito". Cada jornada de comparecencias depara cruces entre el PSOE y la oposición. Todo apunta a que la temperatura subirá conforme se acerquen las comparecencias de Chaves, Griñán y, fundamentalmente, Susana Díaz, que aún no tienen fecha exacta. Si hubiera repetición de elecciones generales, PSOE y C's –que suman mayoría– serían partidarios de que no hubiera comparecencias durante la campaña.

El balance general de las comparecencias de los funcionarios arroja la idea de una escasez de control, aunque la mayoría se inclina más por posibles fallos administrativos que por delitos. Salvo por el retrato crudo de algún interventor, el balance general es que la primera parte de la comisión se acabó sin poner contra las cuerdas al PSOE. Esto no significa que los socialistas no se estén llevando sobresaltos, entre otros por la comparecencia el martes del empresario –también imputado– José María Pérez, que ironizó sobre la concurrencia competitiva a la hora de dar los cursos: "Los cursos se han dado de la forma que se han dado". Sobre los inspectores, directamente dijo que a "montones" de cursos no fue ninguno.

Otro flanco que preocupa al Gobierno andaluz es el patrimonial. Un juzgado de Huelva ha declarado a la Administración autonómica responsable civil subsidiaria del fraude, en un auto ya recurrido por el gabinete jurídico de la Junta.