La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros), según se desprende del informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del procés soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.
El informe, de fecha del pasado 27 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, obra en la pieza separada sobre la malversación en el procés cuyo secreto fue levantado este miércoles y detalla que la Generalitat, a través de Secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó Ómnium Cultural "como sociedad interpuesta" para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar.
La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat, las gestionó Ómnium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba gastos de estos carteles, que la Guardia Civil fija en 61.879 euros entre impresión y reparto.
En otro momento del informe se informa a Llarena que ya se dio cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –que investiga la organización del 1-O–, de la documentación aportada por el Teatro Nacional de Cataluña que desvela que el grupo parlamentario Junts pel Sí abonó 17.690,20 euros para un acto celebrado el 4 de julio de 2017.
Otro punto novedoso del informe señala que las instituciones Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), dependientes del procesado en prisión preventiva y exconsejero de Exteriores Raül Romeva han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad, según la Guardia Civil, de 217.656,22 euros. No obstante, añade el informe que "hasta la fecha no se ha llevado a cabo la ejecución" de estos mandamientos.
Los datos obran en un informe que detalla los gastos por partidas y acredita una supuesta malversación 1.915.067, 22 euros por parte de la Generalitat a los que habría que sumar los 17.690,20 euros supuestamente desviados por el grupo parlamentario Junts per Sí.
Desglose de costes del 1-O acreditados según la Guardia Civil: 1.932.765,42 euros
El total de los gastos comprometidos en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña que la Guardia Civil ha acreditado hasta el momento en el Juzgado asciende a 1.932.765,42 euros. La mayoría de ellos corresponden al Govern y una pequeña parte fueron asumidos por Junts pel Sí. También se precisa que el gobierno catalán utilizó a Omnium para encargar cartelería del 1-O con el logo de la Generalitat. Así lo ha especificado en uno de sus últimos informes aportado en el Tribunal Supremo. La siguiente relación es el detalle de esos gastos.
Pagos abonados
No obstante en el informe no establece cuántos gastos comprometidos están abonados realmente y cuántos no. Sí precisa que está acreditado que la Generalitat pagó 119.700 euros a la empresa The Hague Center for Strategic Studies por el desplazamiento de observadores internacionales para el 1 de octubre.
Pero añade que también tenían el compromiso de pago de otros 47.365 euros que sería un "pago final" a realizar en noviembre pasado, pero el instituto armado deja claro que desconoce si esa factura se abonó o no. Eso sí, precisan que se han solicitado distintos mandamientos que aún no se han llevado a cabo en las diligencias de investigación de la presunta malversación de fondos públicos por parte del Diplocat.
La Guardia Civil también expone en su informe que ha habido dos intentos de cobrar una de las cinco facturas en las que se dividió el pago a Unipost. Se trata de una factura de 238.965,37 euros que la citada empresa tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.
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Además, los investigadores explican al juez que siguen otras líneas de investigación para averiguar los posibles pagos con fondos públicos a Carles Viver Pi i Sunyer y su entorno por los informes que realizó relacionados con la preparación del referéndum.
A ello se suma la investigación de la cantidad empleada por el CTTI para el acondicionamiento de un Call Center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum, así como del material, principalmente informático para ese evento.
Sobre el último punto, la Guardia Civil explica que aún está tratando de terminar que parte de un contrato con Fujitsu por 40.227 euros se destinó al material del citado Call Center.
La Guardia Civil apunta que la Generalitat realizó pagos destinados al referéndum ilegal del 1-O camuflados en distintos gastos que fueron gestionados por la asociación civil independentista Ómnium (61.879 euros ) y por la coalición en el Gobierno Junts per Sí (17.690,20 euros), según se desprende del informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del procés soberanista por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.