La Guardia Civil archiva el 77,5% de sus investigaciones internas por acoso laboral y sexual

La Guardia Civil archiva el 77,5% de sus actuaciones contra el acoso laboral y sexual. Hasta el primer semestre de 2017, han sido 80 los protocolos iniciados. De estos, 62 acabaron archivados "por no apreciarse la existencia de dichas conductas". Del resto, nueve fueron tramitados con "aplicación judicial", ocho "con aplicación disciplinaria" y uno "con aplicación judicial y disciplinaria".

Así se desprende de la información facilitada por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Juan Antonio Delgado Ramos (Unidos Podemos) fechada el pasado 23 de febrero. 

Tres meses antes, el parlamentario de la formación morada había reclamado al Ejecutivo datos sobre el "número de protocolos contra el acoso laboral activados desde 2013" y el número de estos "cerrados sin apreciar la existencia de acoso laboral" en el mismo periodo.

Este protocolo, en vigor desde 2013, no diferencia a la hora de precisar si los casos tienen que ver con acoso sexual o con acoso laboral. Fue publicado el 16 de abril de 2013 en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.

No obstante, el Ejecutivo sólo facilita datos desde el segundo semestre de 2015, cuando se iniciaron 25 protocolos y se archivaron 18. infoLibre ha intentado sin éxito que el Ministerio del Interior explique por qué no hay datos de 2013, 2014 y el primer semestre de 2015. 

Por semestres, es el segundo de 2015 el que mayor número de protocolos iniciados registró (25). De ellos, 15 fueron archivados.

"Sin garantías"

En la pregunta, el diputado considera que este protocolo es "ineficaz en materia de prevención y carece de las garantías mínimas para la víctima al no contemplar ni siquiera un sistema de plazos para iniciar el protocolo". Una cuestión de la que vienen también advirtiendo en los últimos años desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

"Cualquier protocolo establece en su articulado un sistema de plazos que garantiza a la víctima cuándo se inicia, cuándo se adoptan las medidas preventivas y cuándo se resuelve o se desestima, bien pues esto en la Guardia Civil no ocurre y se dan casos como  solicitar  que se inicie el protocolo y esperar un mes, dos, etc. O simplemente no tener contestación", añade el diputado.

También considera que dado que el "articulado no garantista del protocolo" puede darse la circunstancia de que el "propio instructor" del mismo sea "el mando denunciado, que se archive el protocolo sin haber entrevistado a la víctima o que no participe en el protocolo el servicio de psicología y el servicio de prevención de riesgos laborales". 

Un protocolo sin revisar

Alicia Sánchez, responsable del área de Mujer e Igualdad de la AUGC, recuerda en conversación con infoLibre que la asociación de la que forma parte lleva años reclamando que el protocolo de acoso de la Guardia Civil sea igual al de la Administración General del Estado. Asimismo, insiste en que cuando se creó el protocolo, en 2013, se acordó que este sería revisado. A día de hoy, esta promesa sigue sin ser una realidad.

Sánchez insiste, además, en la indefensión que implica para el denunciante dar el paso puesto que, como subrayaba el diputado en su pregunta, "no hay plazos para la instrucción". Y en la necesidad de la "externalización de los servicios de psicología" dentro de la Guardia Civil.

Entre las diferencias que existen entre el procedimiento de la Guardia Civil y el de la Administración General del Estado para hacer frente a casos de acoso, en el segundo de los casos el protocolo distingue el acoso laboral y el sexual. Además, en la Administración el mecanismo se inicia mediante denuncia, con modelo oficial estandarizado, algo que, a ojos de la AUGC "facilita el trámite".

Hace sólo un año el cuerpo dictaminó que no había existido acoso en el caso de una agente sancionada tras ir al baño porque le había bajado la regla.

Desincentiva las denuncias

El pasado enero, representantes de la AUGC participaron en unas jornadas sobre el protocolo a seguir frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Tras este acto, desde esta asociación profesional se achacó precisamente el escaso número de denuncias que se presentan a las pocas garantías que ofrece el proceso para los trabajadores. "El miedo, la vergüenza, la falta de testigos entre otras, impiden que se dé un paso adelante y se denuncie este tipo de delitos, que tanto perseguimos fuera y tanto sufrimos dentro de nuestra institución", lamentaban.

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El protocolo refleja que en el caso de que "las medidas preventivas no hayan sido suficientes y la organización se encuentre ante un problema de acoso, se implementará" un procedimiento de actuación, adoptándose además las medidas pertinentes para que, en su caso, las presuntas víctimas del proceso de acoso reciban la asistencia médica y psicológica necesaria".

Además refleja que el Servicio de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil realizará "un seguimiento estadístico, penal y disciplinario, de los casos en los que concurran circunstancias susceptibles de incardinación" en el protocolo. Y que semestralmente el citado Servicio "elaborará un informe estadístico que será remitido al Subdirector General de Personal para que, a la vista de los resultados, proponga al Director General la realización de estudios y análisis en los casos en los que se produzca un elevado número de casos coincidentes en el tiempo en una misma unidad".

Pese a ello, el Gobierno no ha facilitado los datos al diputado de Unidos Podemos "discriminados" por provincias, tal y como había solicitado.