Las dudas del juez Manuel García Castellón y los enredos de la pieza del caso Villarejo donde se investiga el robo del móvil a una antigua asesora del líder de Podemos han situado al vicepresidente Pablo Iglesias en un terreno pantanoso: básicamente, porque el magistrado ya ha entreabierto la puerta que puede conducirle a pedir al Tribunal Supremo que le investigue. Pero la bola de nieve no se queda ahí. Y ha crecido imparable tras la difusión de un chat en el que la abogada de la asesora Dina Bousselham, Marta Flor, se jactaba hace dos años de tener una relación íntima con uno de los dos fiscales asignados a la causa.
Desde el viernes, el fiscal está sometido a una investigación interna. ¿El motivo? Que esta semana, diversos medios han dado por hecho que la abogada decía la verdad y tenía una relación personal con el fiscal. Consideran además indiscutible que Anticorrupción filtró a Podemos información vetada. La mezcla de ambos ingredientes está pesando ya en la causa. Y amenaza con lastrar la compleja y amplísima investigación que por primera vez en décadas ha puesto al comisario Villarejo bajo el foco de la justicia.
El origen de la pieza se remonta al 1 de noviembre de 2015, cuando a Dina Bousselham le robaron el móvil en Alcorcón. Varios meses después, en julio de 2016, Okdiario publicó mensajes de un chat y que habían estado alojados en el móvil que alguien le había quitado a su dueña. Pero no fue hasta marzo de 2019 cuando la Policía constató en un informe que en casa de Villarejo se habían encontrado archivos que habían de ser copia de la tarjeta telefónica sustraída junto con el terminal. Ese fue el detonante.
Un año después, el caso se ha complicado. La Fiscalía detectó "contradicciones" en el relato de Bousselham sobre cuándo había recuperado la tarjeta y sobre si antes del robo del teléfono había enviado pantallazos como los que luego publicó Okdiario. Hace una semana, el juez expuso en uno de sus autos que las pesquisas efectuadas "no han permitido concluir que la fuente de Okdiario fuese Villarejo".
Las capturas de pantalla que difundió el digital que dirige Eduardo Inda muestran un mensaje privado de Iglesias donde en el verano de 2014 comenta en un chat que "azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase". Montero acababa de definir a Iglesias como un hombre "oscuro" y alejado del "prototipo de macho ibérico".
Anticorrupción también reprocha la "falta de explicación" al hecho de que la tarjeta que terminó devuelta a Dina Bousselham estuviera dañada. ¿Obedecieron aquellos cambios de versión a errores en la estrategia jurídica o a qué factor? Esa es una de las incógnitas que permanecen abiertas y que han complicado la situación de Podemos.
Ahora, y en una secuencia cronológica inversa que empieza en lo sucedido este viernes y sus antecedentes para llegar hasta mayo, cuando la situación comenzó a empeorar, lo que sigue busca desbrozar la tupida jungla en que se ha convertido la pieza Dina. Es decir, la que por el robo del móvil de la asesora y la posterior publicación de mensajes de aquel primer chat de 2015 nació como una rama secundaria del caso Villarejo.
El chat donde se jactaba la abogada...
Este viernes 26 de junio, la Fiscalía General del Estado difundió a primera hora un comunicado. La nota anunciaba la apertura de una investigación interna "en orden a la comprobación de las informaciones publicadas". Se refiere a aquellas que han ido difundiendo los mensajes que una abogada de Podemos volcó en un chat interno en 2018. En ese chat, la letrada Marta Flor, que representa a Dina Bousselham, puso por escrito a finales de 2018 varios textos. Tanto si fueron ciertos aunque imprudentes como si son directamente falsos y dirigidos a catapultar a su autora a efectos internos, ya entonces esos mensajes entrañaban el riesgo de comprometer la imagen de uno de los dos fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa. "Prepararos para la boda", decía uno de los textos. "Hoy hablando también de los hijos y de la edad", escribió en otro momento. Intercalados en la secuencia de respuestas, varios "ja, ja, ja". Al cabo de unos días, ella misma reconoció el 19 de junio de 2018 que quizá se había pasado: "No creo que haya una situación y menos que tenga que normalizarse, quizá he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es"
Pero no todo era sentimental. Porque a la vez que proclamaba una relación con Stampa –le llamaba "Ironman", el hombre de hierro–, Marta Flor enviaba a sus compañeros mensajes de contenido supuestamente profesional. Por ejemplo, este: "Nos ha dicho extraoficialmente porque está en secreto que el juez admite las diligencias". O este otro: "Los fiscales quieren ayudarnos en el Supremo".
Juristas de distinta raigambre coinciden en que el intercambio de comunicaciones entre la Fiscalía y las acusaciones populares –Podemos la ejerce en el caso Villarejo– constituye una práctica usual. Pero lo reseñado en los párrafos anteriores es lo que ha desencadenado la apertura de un investigación interna en la Fiscalía para "determinar la imparcialidad" de Stampa. En febrero, la denuncia de "un particular" –así lo expone la nota oficial– ya condujo a abrir una inspección. Aquello se cerró el 9 de marzo "al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria".
...y la "relación" que aparece mencionada en una carta de despido
El chat donde la abogada de Dina Bousselham compartió sus comentarios sobre Ignacio Stampa pasó inadvertido para la cúpula de Podemos hasta avanzado 2019. El equipo legal que hasta entonces había dirigido políticamente Gloria Elizo, ahora vicepresidenta del Congreso y fuera de la ejecutiva del partido, puso el foco sobre Marta Flor en la primavera de ese año. No se sabe –hay versiones contrapuestas– si realmente acabó Flor temporalmente excluida del grupo de abogados o no. Pero de lo que no cabe duda es de que quien llevaba las riendas de los letrados, José Manuel Calvente, transmitió la preocupación desatada por aquel chat. En medio de una pelea interna que pareció quedar liquidada con la salida de Elizo, Calvente dice que en octubre de 2019 alertó al secretario de organización, Alberto Rodríguez, del peligro que para el caso Villarejo entrañaban los mensajes de Marta Flor. "Da igual que la relación fuera ficticia o verdadera", sostuvo este viernes en declaraciones a infoLibre.
Este periódico pidió a Podemos que transmitiese a Rodríguez lo dicho por Calvente e intentó recabar así su versión. No hubo respuesta. Pero no hay duda de que la dirección sí conoció las quejas por el chat. Y se sabe por esto: a Calvente lo despidieron en diciembre por distintas causas. Entre ellas en la carta de despido aparece invocado el "acoso sexual" a Marta Flor, con quien el abogado cruzaba mensajes de contenido cuando menos equívoco aunque él niega de manera tajante que quisiera lograr favores sexuales y, mucho menos, que la presionara en esa dirección. "Ella sacó de contexto los mensajes pero ahora todo está aportado al juzgado", arguye Calvente. En la misiva donde liquidaba su contrato laboral, Podemos reprochaba al despedido que hubiese atacado a Marta Flor acusándola de "indiscreción al mostrar conversaciones de índole sexual y sentimental" y de "anteponer relaciones íntimas con un Fiscal de un asunto importante de anticorrupción". Contactar con Marta Flor ha sido de nuevo imposible.
Tras el despido, Marta Flor presentó una querella contra Calvente. Y al menos, relata él mismo ahora, una parte muy importante de los mensajes del chat que ahora han desatado la tormenta en el caso Villarejo acabaron de ese modo en un juzgado de instrucción de Madrid: aportados por ambos. Quién ha filtrado su contenido es algo que figura entre las incógnitas del caso. ¿Ha sido Calvente o nacen por el contrario en alguna otra fuente desconocida? Con insistencia y de forma taxativa, el abogado niega estar tras las filtraciones.
El auto que coloca al vicepresidente en el alambre
El convulso apartado del chat y de la factura que ya está haciendo pagar al fiscal Ignacio Stampa llegó precedido de otro episodio de relevancia. El viernes 19 de junio, el juez García Castellón dictó un auto que marcaba un punto de inflexión: el titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ordenaba a Dina Bousselham a cambiar de abogado. ¿Su argumento? Que compartir con él representación legal –Marta Flor– representa "un efectivo conflicto de intereses". En resumen: que según el juez se da aquí un potencial choque porque lo que beneficia a la víctima de un delito nunca puede ir a la par que lo que favorece a quien pudo haber perpetrado tal delito.
En contra de la voluntad expresada por Bousselham, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la obliga a cambiar de abogado para que no comparta representación legal con el vicepresidente, a quien ha retirado la condición de perjudicado. ¿Por qué le impone la elección de un nuevo letrado? Por "la presencia de un efectivo conflicto de intereses". Es decir, porque según el juez hay un potencial choque entre lo que beneficia a la víctima de un delito y a quien ha podido cometerlo. Aunque la antigua asesora nunca ha dejado entrever la menor voluntad de actuar contra Iglesias, el juez sostiene lo contrario: que "de la actuación de Dina Bousselham "no se desprende "una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias". Y que "es precisamente en este punto donde el conflicto [de intereses] se revela insostenible".
Al final, Iglesias optó este jueves por una vía distinta a la que el juez pretendía imponer: es él quien ha cambiado de abogado. Pero el auto judicial aparece como el último eslabón en una cadena que sujeta a Iglesias. Y los juristas consultados coinciden en que todo apunta a que el juez está preparando el terreno para llevar al vicepresidente ante el Tribunal Supremo, el único con potestad para investigarlo penalmente. Ello pese a que la Fiscalía ha remarcado que incluso si fuera Iglesias quien hubiese causado daños a la tarjeta, Bousselham no desea actuar contra él. Y que de forma tácita aquí habría funcionado el perdón del ofendido. Tanto daños informáticos como revelación de secretos –no de carácter público– son delitos solo son perseguibles a instancia de parte.
La condición de perjudicado
El salto que representa el auto referido en el apartado anterior es la consecuencia directa de lo que ocurrió en el tramo final de mayo. El día 25 de ese mes y a petición de los fiscales, el juez retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado que había ostentado junto con Bousselham hasta ese momento. Iglesias ha recurrido la resolución.
En su recurso contra la decisión de retirarle la condición de perjudicado, Iglesias rebate los argumentos de la Fiscalía y el juez: "En forma alguna se ha acreditado, ni indiciariamente, que ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno”, dice el texto. Y eso es así "más allá de que se tardase más o menos tiempo" en entregar la tarjeta a Bousselham, que nunca llegó a pedírsela. Y recalca que entre su antigua asesora y él mismo existe una relación de amistad "más allá de la relación laboral o política". Si no le devolvió antes la tarjeta es porque pensó que el asunto se había cerrado, sostiene el vicepresidente.
Anticorrupción había pedido esa retirada de la condición de perjudicado al observar las "contradicciones del relato de Dina Bousselham" sobre cuántos meses había tardado Iglesias en devolverle la tarjeta telefónica desde que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entregó a él en enero de 2016. A ello se añadió la "falta de explicación a que [la tarjeta] estuviera dañada". La horquilla de tiempo para la devolución de la tarjeta a su propietaria por parte de Iglesias es tan extensa que la Fiscalía llega a hablar de entre "cinco y 39 meses". Es decir, entre junio de 2016, que es la fecha que Bousselham manejó en un primer momento, y el 27 de marzo de 2019, que fue el día en que la entregó en el juzgado. El punto que falta en esta parte del relato es que el contenido de la tarjeta estaba duplicado. Y dos periodistas de Zeta le habían hecho llegar una copia a Villarejo.
Iglesias descarta ser imputado en el 'caso Dina' y defiende que entregó en buenas condiciones la tarjeta
Y una rogatoria al Reino Unido
Cuando la tarjeta llegó a manos de la sección de informática forense en enero de este año, estaba "parcialmente quemada". Es decir, Bousselham la había aportado con daños al juzgado. La circunstancia de que la tarjeta "se entregara/recibiera inservible por los daños físicos que presentaba, no aclarada por la persona que la entrega ni por la que la recibe" podría constituir una infracción penal de daños, escribieron los fiscales. No obstante, y así lo agregó el ministerio público, "no existen elementos suficientes para poder determinar el ánimo de su autor/a, su identidad, la gravedad del daño ni la cuantía económica del perjuicio causado". Además, la Fiscalía detecta "una inequívoca falta de voluntad de la víctima de esclarecer los hechos" en cuanto "a la forma, fecha y estado de entrega de la tarjeta telefónica por parte de Pablo Iglesias".
El 18 de mayo, Bousselham declaró que recibió la tarjeta dañada y que la envió a Inglaterra para intentar recuperarla aunque nunca había visto su contenido. Después, en un escrito, la antigua asesora de Iglesias se corrigió a sí misma: sí la llegó a ver, porque Iglesias se la entregó bien, pero solo logró abrirla una vez. Es a partir de ahí cuando el juez envía una comisión rogatoria a Reino Unido para que la empresa a la que Bousselham envió la tarjeta informe de qué hicieron. Los pasos de García Castellón, desde la retirada de la condición de perjudicado a la rogatoria a las oficinas galesas de Recuperación Express pasando por la orden de que Iglesias y Bousselham dejasen de compartir a Marta Flor como abogada apuntan en una sola dirección: que el juez ha colocado al vicepresidente en el punto de mira.
Las dudas del juez Manuel García Castellón y los enredos de la pieza del caso Villarejo donde se investiga el robo del móvil a una antigua asesora del líder de Podemos han situado al vicepresidente Pablo Iglesias en un terreno pantanoso: básicamente, porque el magistrado ya ha entreabierto la puerta que puede conducirle a pedir al Tribunal Supremo que le investigue. Pero la bola de nieve no se queda ahí. Y ha crecido imparable tras la difusión de un chat en el que la abogada de la asesora Dina Bousselham, Marta Flor, se jactaba hace dos años de tener una relación íntima con uno de los dos fiscales asignados a la causa.