Hacienda certificó ante el juez en 2018 que el rey emérito nunca declaró tener bienes en el extranjero

Juan Carlos de Borbón "no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos" en el extranjero. Lo que era una sospecha casi unánime pero todavía sin base oficial acaba de quedar corroborado en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordena reabrir la pieza del caso Villarejo sobre los manejos del comisario con Corinna Larsen, la antigua amante del padre de Felipe VI. La reapertura se produce al haber recibido el magistrado, en medio de la pandemia, informaciones policiales sobre documentación incautada en el domicilio del policía. Villarejo y Larsen están citados a declarar como imputados los días 7 y 8 de septiembre. El magistrado también obliga a comparecer en la misma condición de imputado al expresidente de Telefónica Juan Villalonga y al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo. Los cuatro aparecen en los audios cuya difusión en el verano de 2018 derivó en la apertura de la pieza Carol -por Corinna-, que no duró ni tres meses abierta. 

La resolución judicial de este lunes relata cómo el 4 de septiembre de 2018 [el texto dice 2019 pero se trata de una errata] el magistrado que entonces instruía la causa, Diego de Egea, se dirigió a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, para "recabar determinada información sobre el rey emérito". Al día siguiente, 5 de septiembre de 2018, llegó la respuesta. Y decía esto: "Se señala que el Rey Emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720)". "Tampoco –añade el auto en referencia a la respuesta de la AEAT– hay constancia de que el Rey Emérito poseyera cuentas corrientes en el extranjero". Dos días después, el juez Diego de Egea, que sustituía en esa pieza a García Castellón, dictó el sobreseimiento provisional. Dos años más tarde, la investigación de la Fiscalía suiza ha aportado datos sobre cómo Juan Carlos de Borbón aparece como primer beneficiario de una fundación panameña, Lucum, que como mínimo llegó a acumular 65 millones de euros que en 2012 fueron transferidos a Larsen.

En vigor desde enero de 2013, el denominado Modelo 720 busca evitar el fraude tributario. Para ello, obliga a quienes poseen dinero, inmuebles, valores o acciones fuera de España a presentar una declaración especial ante Hacienda como paso previo a su tributación. E impone severas sanciones a quienes lo incumplen. Distintos expertos  sostienen que incluso si el verdadero origen de los 65 millones transferidos por Fundación Lucum a Corinna hubiese sido un "regalo" del rey de Arabia Saudí, el rey tendría que haber declarado su existencia a través de ese Modelo 720. Lucum le traspasó esos fondos a una cuenta de Larsen en Bahamas a través de una cuenta suiza abierta por la citada fundación Lucum, constituida en el paraíso fiscal de Panamá y donde el rey emérito aparece como primer beneficiario. Aun si esa transferencia le hubiese dejado sin un euro oculto fuera de España, "su obligación era presentar el modelo 720 haciendo constar que hasta junio de 2012 había tenido 65 millones". Quien lo afirma es José María Mollinedo, portavoz de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, que fue la primera en alertar de que el modelo 720 estrechaba el cerco en torno al monarca en cuanto a la eventual persecución de un delito fiscal cuando ya había abdicado.

Hasta ahora, ni la Casa Real ni los abogados de Juan Carlos de Borbón han aceptado confirmar o desmentir si el emérito había tributado en España por el patrimonio que la investigación suiza ha destapado ahora.

La abdicación, antes de la cual Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad penal absoluta, se produjo en junio de 2014. No se sabe aún si la Fiscalía suiza ha encontrado datos que permitan atribuirle al emérito la tenencia de fondos ocultos a partir de ese momento. Pero, como remachan Gestha y otros expertos en fiscalidad y en lucha contra la corrupción, el Modelo 720 y la ley 7/2012 que lo sustenta convierten en imprescriptibles los eventuales delitos fiscales asociados a bienes ocultos en otros países. ¿Y cuál esa la fórmula que, salvo ingeniería fiscal y legal que casi ningún experto descarta, impediría a alguien librarse de la acusación de fraude por no declarar bienes en terceros países? Resumidamente, esta es la explicación: que las ganancias patrimoniales no justificadas y localizadas en el extranjero no tienen caducidad a efectos de sanciones y de persecución. Y no la tienen porque, según la ley que rige el ya citado Modelo 720, el dinero no declarado que se localice pasa a formar parte de la "base liquidable general" del IRPF del ejercicio "más antiguo entre los no prescritos".

En el caso del rey, el más antiguo de los ejercicios no prescritos hoy es 2015. Y, para entonces, Juan Carlos de Borbón ya no gozaba de inviolabilidad. No obstante, otros expertos tributarios señalan que las alambicadas artimañas fiscales pueden librar de delito a quien oculta sus fondos en una sociedad instrumental extranjera. Sobre todo, si logra demostrar que como beneficiario no era el dueño de las acciones de dicha sociedad.

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¿Por qué se archivó la pieza Carol si Hacienda acababa de confirmar que el rey no había declarado la posesión de bienes en el extranjero y en los audios se oía como Corinna Larsen hablaba de comisiones por el AVE a la Meca y de cómo el rey pretendía utilizarla como testaferro?  Esa es una de las preguntas que surgen tras el auto de este lunes. Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que en aquel momento, septiembre de 2018, ni se conocían las cuentas bancarias a las que aparece ligado Juan Carlos de Borbón ni sus vínculos con la fundación panameña Lucum y con otra de Liechtenstein, esta bautizada como Zagatka. No había más que los audios de Corinna, sostienen las fuentes consultadas por infoLibre. Otras fuentes, también jurídicas y conocedoras del caso, remarcaron por la tarde que, aun figurando solo como beneficiario, el rey debería haber presentado una declaración por los bienes en poder de Fundación Lucum.

Las revelaciones sobre el papel del emérito en las fundaciones Lucum y Zagatka provienen de la investigación paralela desarrollada por la Fiscalía de Ginebra. Ahora, la Fiscalía del Supremo ya mantiene al anterior jefe del Estado sometido a una investigación penal por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Cómo afectará la pieza reabierta a esa investigación del ministerio público resulta todavía una incógnita entre las muchas que rodean el caso y la actuación que guiará a la Casa Real a medida que avanza el escándalo.

En teoría, García Castellón solo va a investigar asuntos relativos a un encargo de Corinna a Villarejo y que se presentan como por completo ajenos al rey: le pidió que hiciese averiguaciones sobre su asistente personal en España bajo el argumento de que tal vez estaba filtrando información. Se reabre la pieza por ese motivo pero "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones". García Castellón no puede ni acercarse penalmente a la figura de Juan Carlos I. Pero aquí todo está conectado. Y resulta difícil pronosticar el futuro de estas diligencias aunque solo el Supremo goza de potestades para abrir causa contra el rey. Y para abrirla hace falta que la Fiscalía transforme finalmente sus pesquisas en una querella.