Tras desembarcar en España en 2011 y provocar un drástico cambio del mercado inmobiliario, las plataformas digitales de alquiler de alojamientos a través de internet acaban de saborear su primera derrota significativa frente a las autoridades, que llevan más de un lustro estudiando cómo poner bajo control el sector. Es una derrota que no limita directamente su actividad, ni cuestiona su posición en la ecuación turístico-inmobiliaria española. Pero que sí introduce, tras fuertes resistencias de las empresas afectadas, obligaciones inéditas en el campo fiscal y de la transparencia. Por ejemplo, identificar ante la Agencia Tributaria al propietario de la vivienda –sea un particular o una sociedad–, al gestor –en caso de que esté cedida– y al inquilino o cliente final; también declarar el número de días de alquiler y el importe recibido, así como la dirección.
Estas medidas, al dar a las plataformas el tratamiento de intermediadoras en una transacción mercantil con fines de lucro, suponen un rechazo explícito por parte de la Administración a la consideración "colaborativa" de este tipo de actividad y una constatación de la creciente profesionalización del sector. Es elocuente que Airbnb, referente de las plataformas, haya respondido a la creciente presión de Hacienda con un acuerdo con la Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf) para ayudar a los anfitriones a cumplir con sus obligaciones fiscales. Hay que tener en cuenta que las nuevas medidas tendrán ya pleno efecto en la próxima campaña de la renta. Dicho más claro: a partir de ahora, el que tenga un piso alquilado vía plataforma debe contar a todos los efectos con que Hacienda ya lo sabe. Hasta ahora la obligación sólo alcanzaba a los registros autonómicos, que no se cruzaban con las bases de datos de la Agencia Tributaria. Ahora se acabó el alquiler turístico secreto a través de internet. Al menos legalmente, ya no puede hacerse de espaldas al fisco. Ya no hay anonimato.
Menos opacidad
La obligación de aportar información, estrenada con el nuevo año en cumplimiento de un decreto aprobado a finales de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, resta opacidad a la actividad de plataformas como Airbnb, Homeaway, Niumba y Windu y mejora las expectativas de lucha contra el fraude, pero no detendrá las dinámicas inmobiliarias a gran escala que hay en marcha. "Somos socios de un club, la Unión Europea, con unas reglas muy claras. Ni siquiera en las medidas sobre alquiler aprobadas [por el Gobierno en un decreto de medidas urgentes] hay nada para limitar precios. Incluso aunque quisiera, tendría problemas para limitar la adquisición de viviendas por parte de empresas como Blackstone", señala el especialista en estudios urbanos José Mansilla. Es decir, la revalorización del ladrillo vinculada a sus usos turísticos, motor de la atracción ejercida sobre los capitales internacionales y causa del encarecimiento del alquiler, no se va a detener sólo porque Hacienda tenga ahora acceso a una información de la que carecía. Será más difícil el fraude y aumentará la recaudación. Pero no más.
Catalizadoras de una espiral que incluye un fuerte alza de precios de arrendamiento en las grandes ciudades, mayor presión sobre los inquilinos y acaparamiento de ladrillo por parte de socimi y fondos de inversión internacionales, las plataformas seguirán condicionando por completo el mercado inmobiliario español. Su estatus dominante está lejos de verse amenazado, pese al mayor control que sobre su actividad supone la nueva medida. Lo que se ha reducido con el arranque de este 2019 es el margen de opacidad. Las plataformas deberán entregar a Hacienda antes del 31 de enero los datos sobre anfitriones, inquilinos, ingresos y días de ocupación de 2018. Desde entonces, la obligación será trimestral través del modelo 179. Voluntariamente las plataformas pueden aportar el número de contrato, la fecha de intermediación de la operación y el medio de pago. Si no lo hacen, la Agencia Tributaria lo puede reclamar en una inspección.
Hacienda indicó a infoLibre que aún no tiene balance de los datos ofrecidos por las plataformas. Este periódico intentó recabar información sobre el primer día laborable con las medidas en vigor de Airbnb, Homeaway y la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal, sin éxito. La portavoz de esta plataforma, Almudena Ucha, declaró a Europa Press que sus empresas asociadas, Homeaway, Rentalia, Spain-Holiday y Niumba, están encontrando "complicaciones" para cumplir con los requerimientos de Hacienda, por ejemplo en lo referido a la identificación de los viajeros.
Oposición de las empresas
La entrada en vigor de las obligaciones de transparencia, detalladas en una orden ministerial de mayo que fue el canto del cisne de Cristóbal Montoro como ministro, se produce pese a la pertinaz resistencia de los nuevos gallitos del sectorgallitos, en su mayoría gigantes internacionales con una cuidada imagen de startup que han combinado la retórica de la "economía colaborativa" con las prácticas más agresivas del capitalismo deslocalizado internacional al que también se adscriben empresas como Uber o Deliveroo. Han dedicado un año a plantar cara a la medida hasta su entrada en vigor. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), la patronal de las plataformas, se opuso desde su aprobación inicial a las medidas por ser "contrarias a la normativa comunitaria y estatal y a los principios del mercado interior y de unidad de mercado" contrarias a la normativa comunitaria y estatal y a los principios del mercado interior y de unidad de mercadoy por "imponer graves obstáculos a la libre prestación de servicios".
También se opuso a estas obligaciones fiscales y de transparencia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que mantiene una posición de apoyo a las plataformasposición de apoyo a las plataformasante las pretensiones reguladoras de los ayuntamientos. La CNMC consideró dudoso que todas las obligaciones impuestas encajaran con el respeto a la libertad de empresa. No obstante, las aclaraciones de Hacienda fueron suficientes y Competencia consideró que las exigencias estaban justificadas por el combate contra el fraude fiscal. Menos suerte han tenido ayuntamientos como los de Madrid, San Sebastián y Bilbao, cuyas medidas para limitar los alquileres turísticos se han topado con el rechazo frontal de Competencia. Está por ver si las medidas salen adelante o no. Ayuntamientos como el de Palma de Mallorca, el más restrictivo de todos, aguardan al resultado de estos expedientes.
Gigantes multinacionales con fachada de 'startup' revolucionan el mercado turístico
Dispersión de competencias
Empresas como Airbnb, con 187.000 alojamientos en España, desarrollan una intensa actividad lobbista. Hasta la fecha las plataformas, que según diversos cálculos alcanzan las 350.000 plazas y superan ya a la oferta hotelera en las 20 principales ciudades de España, se han beneficiado de la dispersión competencial y la indecisión política, a lo cual se suma un marco normativo europeo favorable. En España la regulación del turismo es de las autonomías, que han impuesto a las plataformas obligaciones de comunicación responsable y/o registro pero han diferido en las limitaciones o no al tiempo de estancia o las plazas, así como en las sanciones o las obligaciones del arrendador. Los ayuntamientos gestionan la ordenación urbanística, competencia desde la que han intentado explorar su margen para influir mediante la dosificación de licencias, la fijación de moratorias y las zonificaciones. El conjunto regulatorio está pendiente aún de resoluciones judiciales y de órganos como Competencia. Hay un marasmo político. Y además las próximas elecciones municipales y autonómicas supondrán previsiblemente cambios de rumbo en función del resultado.
Con las legislaciones autonómicas y municipales entre paréntesis y con dificultades para su consolidación y aplicación, todas las miradas se han dirigido durante el último año al Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) llegó con la promesa de plantar cara al auge de los precios del alquiler, fenómeno íntimamente ligado al boom del turismo –más de 80 millones de visitantes al año– y de la vivienda vacía. Además de aplicar las medidas de transparencia impulsadas por Montoro, ha introducido una modificación legal para que las asociaciones de vecinos puedan vetar con mayor facilidad los usos turísticos de los pisos, aunque sin efecto retroactivo. Colectivos como Albasud, referente en el estudio crítico del fenómeno turístico, han insistido en que serán imposibles cambios de dinámica sin una intervención simultánea con enfoques laboral, inmobiliario, urbanístico y medioambiental. La gentrificación o turistización son fenómenos de amplio espectro difíciles de paliar –no digamos de frenar– con medidas aisladas. Lo que sí puede asegurarse es que desde este miércoles, primer laborable de 2019, tanto las plataformas como quienes las usan para alquilar sus viviendas están menos a salvo de Hacienda.
Tras desembarcar en España en 2011 y provocar un drástico cambio del mercado inmobiliario, las plataformas digitales de alquiler de alojamientos a través de internet acaban de saborear su primera derrota significativa frente a las autoridades, que llevan más de un lustro estudiando cómo poner bajo control el sector. Es una derrota que no limita directamente su actividad, ni cuestiona su posición en la ecuación turístico-inmobiliaria española. Pero que sí introduce, tras fuertes resistencias de las empresas afectadas, obligaciones inéditas en el campo fiscal y de la transparencia. Por ejemplo, identificar ante la Agencia Tributaria al propietario de la vivienda –sea un particular o una sociedad–, al gestor –en caso de que esté cedida– y al inquilino o cliente final; también declarar el número de días de alquiler y el importe recibido, así como la dirección.