Los hermanos Lapeña avanzan hacia la reparación

Tras años de batalla, los hermanos Lapeña se han convertido en un símbolo. Una sentencia en 2016 les concedió justicia pero todavía queda la reparación. Ahora, el abogado Eduardo Ranz pone sobre la mesa ese mandato y pide que la causa probada de su muerte, "fueron fusilados sin que conste condena a pena de muerte conforme a la legislación legítima", quede para siempre guardada en el registro público.

El jueves 5 de diciembre el letrado presentó un escrito en el Juzgado de Paz de Villarroya de la Sierra, en sus funciones de registro civil. A través del documento, Ranz solicita que la causa de la muerte de los dos hermanos quede plasmada en el registro civil, con base en la sentencia que hace ahora tres años y medio dio la razón a las víctimas del franquismo después de un largo recorrido judicial.

"La sentencia de 2016 establece dos cosas: la exhumación y la inscripción en un registro público de las causas por las que fueron ejecutados". Así lo explica Ranz en conversación con infoLibre. El dictamen que emitió el juzgado en 2016 es clave en el proceso, porque reconoce que el asesinato de los dos hermanos, Manuel y Antonio Ramiro, se realizó "de manera extrajudicial e ilegítima". La familia, entiende el letrado, "ha tenido justicia pero no ha tenido reparación".

De ganar la batalla, los hermanos Lapeña constituirían una suerte de hito: sería la primera vez que un registro público recoge estos crímenes franquistas y que así lo reconoce un juez. "Espero que siente un precedente de justicia y trabajo, en el sentido de convertirse en un trámite habitual" pra el resto de víctimas, clama el letrado.

El caso de los Lapeña da fuerza a otras tantas familias que pelean en las mismas trincheras. Los objetivos, aunque de forma pausada, se van alcanzando. El pasado 12 de noviembre, Patrimonio Nacional confirmó su voluntad de comenzar los trabajos de exhumación respecto a 31 familias que así lo habían solicitado, entre ellas la de los hermanos. La cifra tiene un peso importante contextualizada como punto de partida, pero en Cuelgamuros están enterradas 33.847 personas, muchas de ellas trasladadas desde fosas comunes repartidas por todo el país. Más de un tercio de los restos ni siquiera están identificados.

Tres años y medio después

Los hermanos Lapeña fueron asesinados extrajudicialmente y sobre ninguno de ellos pesaba una condena a muerte ni un juicio conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos. Así lo reconoce la sentencia dictada en mayo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Los tribunales permitieron entonces la exhumación por la vía civil de los restos mortales de los dos hermanos, fusilados en Calatayud (Zaragoza) y trasladados al Valle de los Caídos.

Las victorias, si bien han marcado el camino, han llegado al seno de la familia a cuentagotas. La propia sentencia se materializó sólo después de que la solicitud fuera archivada por la vía penal y llegara hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el inicio de la exhumación, todavía en fase técnica, no se produjo hasta más de tres años y medio después de la resolución judicial. Lo que podría ser la inscripción en el registro, "que debería haberse producido de oficio", comienza también su andadura años después y gracias a la fuerza, una vez más, del movimiento memorialista y su tenaz trabajo.

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Actividad sindical

Veterinario y herrero de profesión, respectivamente, los dos hermanos estuvieron muy ligados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT): Manuel Lapeña fue fundador del sindicato en Calatayud, del que su hermano también fue miembro. Una vinculación que les señalaría durante la Guerra Civil y que les depararía un trágico final sólo diez días después de que diese comienzo el golpe de Estado por parte del bando fascista. Manuel fue fusilado el 14 de agosto de 1936 por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, sin que conste juicio con condena a pena de muerte confirme a la legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo. Antonio Ramiro, por su parte, fue igualmente fusilado el 20 de octubre en la tapia del Cementerio Municipal de Cayatalud, siendo enterrado también en una fosa común y en ausencia de juicio con condena.

La actividad sindical es precisamente una de las cuestiones que el abogado Ranz trata de subrayar: "Lo que les llevó a la muerte fue fundar el sindicato de la CNT en Calatayud", recuerda. Un extremo que cree imprescindible resaltar, porque tal punto de represión sindical sería "algo impensable a día de hoy". Que así conste en el registro público no puede sino ser "un ejercicio de justicia y reparación".