Alberto Rodríguez perdió su acta de diputado hace un año. Sobre el exdirigente de Podemos pesaba una condena del Tribunal Supremo que comportaba su inhabilitación —para el ejercicio del sufragio pasivo— durante un mes y una pena de prisión de un mes y quince días —sustituible por una multa de 540 euros— por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El canario acató la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero prometió dar una batalla —política, comunicativa y judicial— que continúa un año después.
Rodríguez quiso dejar su escaño vacío a modo de protesta simbólica. La comprensión inicial que mostró entonces la dirección de Podemos y que más adelante dio paso al nerviosismo tras la ajustada votación de la reforma laboral, que salió adelante por la equivocación de un parlamentario del Partido Popular, se ha convertido ahora en resignación por parte de la formación morada. Fuentes del espacio revelan a infoLibre que ya dan por perdido ese escaño.
Esto molesta especialmente al PSOE, que presiona a los morados para recuperar ese escaño. La sustituta de Rodríguez y amiga personal del exdiputado, Patricia Mesa, no acepta el acta pero tampoco renuncia a ella. Una decisión completamente deliberada, ya que la siguiente de la lista, María del Cristo González del Castillo, sí que aceptaría el acta, según trasladan fuentes de Podemos.
Los morados se han dirigido en varias ocasiones a la Junta Electoral Central (JEC) para conocer la evolución del caso e informarse sobre si Mesa tiene algún límite temporal para tomar la decisión de aceptar o rechazar el acta. No lo hay, según ha podido saber este periódico. Ante este escenario, algunas voces plantean la necesidad de establecer un límite temporal para determinar si se acepta o se rechaza este acta (que es personal e intransferible). Según esta premisa, en caso de no pronunciarse, la lista correría automáticamente.
El canario recibía un sueldo anual de 86.024,96 euros por año, según detalla el portal Transparentia con los datos obtenidos de 2019. Cuando perdió la condición de diputado, Rodríguez también se quedó sin percibir ese sueldo. Sin embargo, al no haber sido sustituido, el Congreso se ha "ahorrado" durante todo un año ese salario, según explican fuentes de la Cámara Baja.
A juicio de Rodríguez, la formación morada pudo "haber hecho más" por él y por los 60.000 canarios que votaron por la lista que él encabezó en 2019. "Si yo no hubiera sido un diputado canario y obrero industrial ahora mismo yo seguiría en el Congreso. Si yo hubiera tenido un apellido compuesto o fuera diputado por la comunidad de Madrid o tuviera amistades más poderosas, esto no hubiera ocurrido", lamentó.
Tras anunciar que quería volver a la política institucional, Rodríguez presentó este lunes la herramienta con la que quiere presentarse a los comicios de mayo de 2023: Proyecto Drago. Se trata de un partido "de obediencia canaria" que aún está en fase de formación y que contó con el aval de un asesor de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.
El precedente de Batasuna: una decisión del Congreso que revirtió el TC
El caso de Rodríguez no tiene apenas precedentes en el Congreso. Por norma general, cuando un parlamentario pierde o renuncia al acta, ésta se ocupa en apenas unos días. Sucedió así en el caso de Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos (Cs), que llegó a la Cámara Baja tras la renuncia de Marcos de Quinto y después de que la siguiente persona en la lista, Patricia Reyes, renunciara a tomar posesión. "Se hizo todo en menos de una semana", comenta Gutiérrez en declaraciones a infoLibre.
Sin embargo, a finales del año 1989, tres parlamentarios electos de la ilegalizada Herri Batasuna vivieron una situación similar a la de Rodríguez, ya que no pudieron acceder al escaño durante casi medio año pero tampoco renunciaron a él. Durante la toma de posesión de su acta, los diputados Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde, acataron la Constitución "por imperativo legal", lo que no fue aceptado por el entonces presidente, el socialista Félix Pons.
La fórmula del "imperativo legal", que en la actual legislatura utilizaron algunos diputados de Esquerra Republicana o de EH Bildu, fue avalada por el Tribunal Constitucional en junio de 1990. Los 12 magistrados anularon, por unanimidad, la decisión de Pons, lo que supuso reintegrar a los diputados de Batasuna en el Congreso. Esta decisión hizo perder al PSOE la mayoría absoluta sustentada en la ausencia de los diputados abertzales.
En aquella ocasión, el socialista Felipe González llegó a la investidura con 332 diputados en pleno ejercicio, excluyendo a los 18 diputados que estaban pendientes de los recursos judiciales sobre los comicios, y la mayoría absoluta se rebajó a los 167 diputados, que fueron justo los que logró González para superar la votación al primer intento.
Un año después de la sentencia del Constitucional, la Mesa del Congreso decidió suspender de sueldo durante un año a los tres diputados de Batasuna "ante la reiterada y notoria falta de asistencia voluntaria a comisiones y plenos". Fuentes del Congreso explican a infoLibre que los diputados de HB en aquella ocasión "manifestaron que no tenían intención de asistir y no fueron".
Escaños en Blanco, un partido que aboga por dejar vacío el Congreso
Lo de dejar un escaño sin ocupar a modo de protesta ya lo planteó, hace diez años, el partido Escaños en Blanco (EB). Se trata de una formación que trata de canalizar el voto de protesta en forma de escaños vacíos. "Nuestros candidatos, si resultan elegidos, no adquirirán la condición plena de diputado. Al no ejercer como tales, no tendrán derecho a ningún tipo de remuneración económica en forma de sueldo, dietas o complementos", explica la formación en su programa.
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La vigente ley electoral considera válido el voto en blanco, por lo que se contabiliza entre los votos emitidos. La consecuencia directa es que perjudica a las formaciones más pequeñas porque, al aumentar el volumen de votos válidos, les resulta más difícil alcanzar el porcentaje mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños que en España se hace siguiendo la Ley D'Hondt. Dicho de otro modo: votar en blanco no es un acto inocente, favorece a los grandes partidos.
Este partido cree que, con un voto en blanco al uso, no conlleva una representación ni significación concreta "y eso hace que cualquier significado que se les quiera atribuir se difumine entre los muchos posibles (voto de castigo, voto de conformidad, indiferencia, indecisión, olvido, consigna política, etc.)", explican en EB.
Sin embargo, esta opción electoral no cuenta con respaldo social. En las últimas elecciones celebradas en noviembre de 2019, EB solo obtuvo 5.970 votos, el 0,02 % del total de votos.
Alberto Rodríguez perdió su acta de diputado hace un año. Sobre el exdirigente de Podemos pesaba una condena del Tribunal Supremo que comportaba su inhabilitación —para el ejercicio del sufragio pasivo— durante un mes y una pena de prisión de un mes y quince días —sustituible por una multa de 540 euros— por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. El canario acató la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero prometió dar una batalla —política, comunicativa y judicial— que continúa un año después.