Historia de un trampantojo: cómo el delito fiscal del novio de Ayuso deriva en una causa del TS contra el fiscal general
Las historias son como los paisajes, depende de la perspectiva con que se miren pueden ofrecer detalles que se habían pasado por alto. A esta historia le ha faltado ángulo político, uno que nos cuenta que el fraude fiscal perpetrado por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, podría ser la piedra angular que desmoronara el edificio de eso que se conoce como “colaboración público-privada” en la Comunidad de Madrid.
Pero a esta historia, también, le han sobrado trampantojos, pinturas que engañan a la vista ofreciendo una falsa perspectiva. A lo que asistimos estos días es a una maniobra, por parte del entorno de Ayuso, para transformar un caso de delito tributario en un caso para acabar con Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por una supuesta revelación de secretos.
“P’alante”, como no se cansan de repetir la presidente madrileña y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cada vez que anticipan de manera impúdica las decisiones judiciales que afectan a sus adversarios. Hay revelaciones de secretos que se investigan, otras, como las que perpetra Rodríguez, quedan impunes.
El 13 de marzo de 2024, Rodríguez filtró a El Mundo un correo de una cadena entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos de Madrid, para fabricar la mentira de que la Fiscalía les había ofrecido un pacto. La mercancía averiada se publica algo antes de las 21.30 horas.
Rodríguez continúa minutos después la intoxicación en X, afirmando que ese acuerdo había sido retirado por presiones. Es entonces cuando el fiscal general realiza unas llamadas a la Fiscalía de Madrid para conseguir los correos y elaborar una nota de prensa que se difunde, no sin resistencias, a la mañana siguiente.
La Ser, el mismo 13 de marzo a las 23.51 horas, seguida de otros medios, publica la información correcta donde se explica que fue González Amador quien ofreció un pacto a la Fiscalía para reconocer los delitos e intentar librarse de la pena sin éxito. Son 48 horas, entre que elDiario da a conocer el día 12 el fraude de 350.000 euros y conocemos la asunción de culpabilidad, donde Ayuso miente repetidamente en varias ruedas de prensa.
Si Fiscalía hubiera filtrado esos correos y los medios los hubieran dado con el habitual “fuentes cercanas a”, posiblemente no habría caso. Por contra, García Ortiz actúa de manera diáfana, sacando una nota de prensa para proteger el trabajo de sus subordinados
El Tribunal Supremo investiga ahora una posible revelación de secretos por la presunta filtración de esos correos. Una investigación que afecta a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, y a Álvaro García Ortiz, fiscal general, algo que no había sucedido en 40 años. Sin embargo, el Alto Tribunal pasa por alto la filtración previa del jefe de gabinete de Ayuso. Un secreto deja de serlo cuando tú mismo lo revelas con intención de crear un bulo.
Además, la cadena de correos entre Carlos Neira, abogado de Gónzalez Amador, y Julián Salto, fiscal de delitos económicos de Madrid, se produjo el 2 de febrero de 2024. Estos correos los conocían más de 20 personas porque Neira los remitió a la dirección genérica de la Fiscalía de delitos económicos.
Lo paradójico es que si la Fiscalía hubiera filtrado esos correos y los medios los hubieran dado con el habitual “fuentes cercanas a”, algo que sucede cientos de veces al año en todo tipo de casos judiciales, posiblemente no habría caso. Por contra, García Ortiz actúa de manera diáfana, sacando una nota de prensa para proteger el trabajo de sus subordinados.
Es esa nota de prensa la que provoca una querella de González Amador, donde además afirma que le investigan por ser novio de quien es. Una querella a la que se suman las consabidas asociaciones ultras. El caso, según los expertos, no tendrá recorrido judicial en el Supremo. Pero como siempre lo importante no es el resultado, sino situar el foco, construir la tramoya, pintar el trampantojo.
Todo fraude tiene motivo
Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, ha asegurado en una entrevista con Federico Jiménez Losantos el pasado jueves que su obligación “es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance". El Mundo abre su portada el mismo día con un titular a cuatro columnas: “La imputación del fiscal general culmina el deterioro institucional”. Pues claro: el que pueda hacer que haga.
¿Por qué a alguien que gana dos millones de euros de una manera tan asombrosamente sencilla se le ocurre defraudar a Hacienda? La codicia es siempre tentadora, pero aquí hubo algo más
Alguien que percibe el salario mínimo tardaría 125 años en ganar dos millones de euros. Alberto González Amador los consiguió en un par de llamadas, realizando una aparente operación de intermediación entre dos empresas: FCS Selected Products y Mape. El producto era material sanitario por un valor de 45 millones de euros. Nos situamos en los primeros meses de 2020, el año de la pandemia.
¿Por qué a alguien que gana dos millones de euros de una manera tan asombrosamente sencilla se le ocurre defraudar a Hacienda? La codicia es siempre tentadora, pero aquí hubo algo más. Concretamente una supuesta empresa con sede en Florida llamada IHD Inteconn, de la que los investigadores de la Agencia Tributaria no encontraron rastro.
Si González Amador fue el intermediario mediante su empresa Maxwell, ¿por qué hacía falta una cuarta empresa en la operación? Según el diccionario, una pantalla puede ser una superficie donde se proyectan imágenes, también una mampara que sirve de protección, separación, barrera o abrigo. Inteconn, a todas luces, fue esa pantalla.
¿De qué se quería guarecer González Amador? Mape, la empresa que compró el material médico por 45 millones de euros, fue el principal proveedor de mascarillas y batas para el Sergas, el servicio sanitario de la Xunta, en los primeros meses de la pandemia. En el consejo de administración de Mape estaba Fernando Camino.
¿Quién es Fernando Camino? Un ejecutivo de servicios sanitarios con una íntima relación societaria con la pareja de Ayuso, con quien había compartido cargos en distintas empresas del ramo. ¿Fue la cercanía profesional, quizás la amistad, lo que situó a González Amador como intermediario de tan jugosa operación?
Meses después, en diciembre de 2020, González Amador compra una sociedad llamada Círculo de Belleza a una persona llamada Gloria Carrasco, que resulta ser la mujer de Camino. Y lo hace desembolsando medio millón de euros por una empresa que tenía un valor societario de tan solo tres mil euros.
Cuando un directivo necesita opacar su relación con un comisionista puede recurrir a una empresa pantalla. La razón suele ser oscura. Este directivo podría querer llevarse una mordida de una cuantiosa transacción y para ello necesitar a un intermediario cuya función real no sería poner en contacto a dos empresas, sino hacer de puente para ese dinero. ¿Es esta hipótesis lo que uniría estas dos operaciones?
Quédense simplemente con este método, esta manera de actuar. Más tarde nos hará falta para comprender la historia.
Colaboración público-privada, de eufemismo a coartada
El grupo Quirón es un gigante sanitario propiedad de la multinacional alemana Fresenius. Opera en la comunidad de Madrid controlando cuatro hospitales, tres públicos (Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba) y uno privado (la fundación Jiménez Díaz).
Como contó infoLibre el pasado abril, además del presupuesto anual, la Comunidad paga a Quirón mediante convalidaciones de gasto, una maniobra administrativa excepcional que no requiere de fiscalización. Sólo por esta vía, Madrid ha ingresado a la Jiménez Díaz alrededor de 700 millones de euros en el periodo 2020 a 2023, lo que equivale a todo el presupuesto declarado para el resto de los hospitales mencionados.
La revista Lecturas dio la buena nueva de la relación entre Ayuso y González Amador en mayo de 2021. Un mes después, la Comunidad de Madrid renovaba el contrato para el reconocimiento de su plantilla con Quirón Prevención, filial del grupo que se define en su web como “compañía líder en Prevención de Riesgos Laborales”.
¿Quién es el presidente de Quirón Prevención? Fernando Camino. De hecho, esta empresa proviene de una sociedad llamada Frater Prevention, en la que también trabajaba González Amador. Ambos coincidieron además en una empresa denominada Insumos Médicos del Pacífico, que Camino abandonó al iniciarse la investigación de Hacienda. Ya quisieran muchas parejas haber hecho tantas cosas en tantas posturas como estos dos señores.
Quirón Prevención paga unos precios desmedidos por los servicios prestados por las empresas de González Amador, lo que le genera un beneficio de notable cuantía pero difícil de justificar
De hecho, la relación continuó viento en popa. González Amador tenía a Quirón Prevención como principal cliente, pero de una manera muy particular. Las empresas de González Amador se comportaban como si fueran filiales de Quirón, compartiendo colaboradores y actuando más como representantes que como consultoras. Tanto es así que el propio González Amador dispone de un correo electrónico corporativo de Quirón a su nombre, que utiliza, al menos, el 14 de junio de 2021 en una operación de vacunas AstraZeneca.
Las facturas que presentan las empresas de González Amador por presuntos trabajos para Quirón Prevención son completamente genéricas, sin que se concreten los servicios prestados, el contrato que las soporta o el precio del mismo. Quirón Prevención paga unos precios desmedidos por los servicios prestados por las empresas de González Amador, lo que le genera un beneficio de notable cuantía pero difícil de justificar.
¿A qué nos referimos exactamente? Según el expediente de la investigación tributaria, Maxwell, una de las empresas de González Amador, contrata el 16 de diciembre del año 2020 un servicio de análisis con la Asociación para la Prevención de Accidentes por un valor máximo de 949.000 euros más IVA.
Un mes después, el 15 de enero de 2021, Maxwell firma con Quirón Prevención un contrato para que pueda utilizar este servicio de análisis, por un precio de 1.043.900 euros. Se establece que las facturas tendrán una periodicidad trimestral, lo que parece lógico para recoger el uso progresivo de la bolsa de analíticas. Sin embargo, tan sólo se emite una factura por esa cantidad el 1 de diciembre de 2022.
Cabe señalar que la secuencia sucede de una manera tan extraña como inversa. No es Quirón quien le pide a su intermediario, González Amador, que busque un servicio, sino que es el intermediario quien primero firma un contrato y después se lo ofrece a su cliente. Pero esto no es, ni de lejos, lo más llamativo.
Finalmente, el pago de Quirón a Maxwell, la empresa de González Amador, se produce el 6 de febrero de 2023, por el mismo importe que figuraba en la factura, 1.043.900 euros más IVA. Sin embargo, González Amador tan sólo ingresa a la Asociación para la Prevención de Accidentes, como importe final del trabajo de análisis, 229.658 euros.
Solamente en esta operación la empresa de la pareja de Ayuso obtuvo unos beneficios brutos de 814.242 euros. La pregunta es evidente. Si sólo se gastaron de la bolsa de análisis algo más de doscientos mil euros, ¿por qué González Amador facturó el servicio completo a Quirón, la empresa de Fernando Camino?
Podemos seguir con las preguntas: ¿Quirón Prevención regala el dinero?¿No tiene un registro de la cuantía de los servicios que contrata?¿No es capaz de averiguar la enorme disparidad entre los trabajos supuestamente realizados y lo que se le factura? ¿Saben en Fresenius, la multinacional alemana, cómo opera su marca española?
"La vida aquí es distinta, cada día es una aventura” le dijo Ayuso a José María Aznar en un acto el 5 de febrero, días después de que el abogado de su novio escribiera los correos
No conocemos la respuesta a estas preguntas. Pero sí el modo de relacionarse de González Amador y Fernando Camino en la enorme compra de Mape a FSC, que les pedimos que recordaran hace unos párrafos. Sobre aquella operación se montó el fraude fiscal por el que conocemos todo esto. Aquella operación, vista con perspectiva, explica muchas cosas.
Gran parte del dinero que le llega a Quirón, el que engrasa toda esta maquinaria de extraños contratos, extraordinarios beneficios y peculiares comisiones, es público, concretamente de la administración madrileña, la que preside Isabel Díaz Ayuso.
Madrid, territorio salvaje
Madrid es algo más que una comunidad autónoma, es casi un distrito federal que opera con unas dinámicas diferentes a las del resto del país, aprovechando un efecto capitalidad que absorbe recursos, energía y población de otros territorios. Cuanto más grande se hace Madrid, más empequeñece España.
Este proceso es indisoluble de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular que administran Madrid desde hace casi tres décadas, desarrollando un proyecto neoliberal que, si al principio fue tímido, con el paso de los años se ha radicalizado, llegando al paroxismo con la presidencia de Ayuso.
“La vida aquí es distinta, cada día es una aventura” le dijo Ayuso a José María Aznar en un acto público, el 5 de febrero de 2024, unos días después de que el abogado de su novio escribiera los correos con los que comenzamos esta narración.
Como en todo territorio salvaje, la aventura se presenta a la vuelta de la esquina, salvo que de manera diferente dependiendo de la clase social a la que pertenezcas. Unos viven de rentas, comisiones y mordidas. Los otros sobreviven entre precios disparados del alquiler, listas de espera sanitarias y precariedad existencial.
Para Ayuso, por contra, vivir es algo más seguro. Sobre todo desde que González Amador adquirió un piso de lujo valorado en casi un millón de euros en Madrid, además de dos vehículos de alta gama. Por su parte, su asesor fiscal compró un ático sobre dicho piso a través de la sociedad Babia Capital, la cual, según los resultados financieros previos a la compra, no contaba con los fondos necesarios para realizarla. Tanto González Amador como Isabel Díaz Ayuso residen en sendos inmuebles, aunque no se ha aclarado bajo qué acuerdo o régimen disfrutan del ático.
De todos estos hechos podemos sacar tres conclusiones.
Ayuso ha tomado decisiones políticas que afectan a los intereses empresariales de su pareja. Si la Presidencia de la Comunidad se rigiera por la ley de altos cargos de la administración central, Ayuso tendría un serio problema legal
La primera de ellas es que Ayuso ha tomado decisiones políticas que afectan a los intereses empresariales de su pareja. Si la Presidencia de la Comunidad se rigiera por la ley de altos cargos de la administración central, Ayuso tendría un serio problema legal.
La segunda de ellas es que el modelo de privatización encubierta, que especialmente se ha cebado con la sanidad, es pasto para que los comisionistas lo conviertan en su El Dorado. Como vemos con su pareja, pero como también vimos con su hermano. Tomás Díaz Ayuso consiguió una comisión de 234.000 euros por intermediar en una venta de mascarillas, que tenían como destino la administración que preside su hermana Isabel. La justicia no vio nada punible en ello. Pablo Casado también decidió probar la aventura de Madrid al denunciarlo: le costó el puesto.
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La tercera de las conclusiones es, si cabe, la más escalofriante. Da la sensación de que Ayuso y su círculo pueden hacer lo que les venga en gana, obrando emancipados de las normas comunes. Si algo se tuerce, un batallón mediático-judicial acudirá raudo a su rescate, llevándose por medio a quien haga falta.
No les engaño si les digo que escribir esta larga crónica me ha resultado difícil. No sólo por la cantidad de nombres, datos y fechas o por lo enrevesado de las tácticas de pillaje. Quien toca a Ayuso se expone a su aparato de las tormentas. “Os vamos a triturar”, así amenazó Miguel Ángel Rodríguez a los compañeros de elDiario y El País.
Un escritor no es ni el fiscal general ni el presidente de un partido político. Pero hay historias que merecen conocerse para que los principales interesados, ustedes, los ciudadanos de este país, decidan. Esta es una de ellas.
