La recuperación del sistema sanitario público en la Comunitat Valenciana cumple este domingo 1 de abril su primer hito con la incorporación a la red pública del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (Valencia), el primero que adoptó el sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo de sanidad privatizada. La promesa de recuperar el control público de las concesiones administrativas sanitarias estaba incluida en los programas electorales del PSPV-PSOE y Compromís, que dirigen en coalición la Generalitat Valenciana desde junio de 2015.
A través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud II en la que participa con un 96%, Ribera Salud ha gestionado en los últimos 15 años el departamento de salud de La Ribera, que está compuesto por un hospital, 45 ambulatorios y cinco centros de salud integrados y que tiene 250.000 pacientes potenciales. Todo ello a cambio de 2.055 millones de euros, según cifras facilitadas a infoLibre por el Ejecutivo regional. Todos estos centros pasarán a ser de gestión pública directa este domingo.
Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas
sanitarias, se enfrenta así al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y Madrid. De hecho, también están en entredicho las concesiones de los otros cuatro departamentos sanitarios valencianos que ahora tienen gestión privada y que han reportado a las concesionarias ingresos de 6.025 millones de euros, según datos oficiales.
Se trata de las áreas de Torrevieja, cuya concesión finaliza en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025. Ribera Salud participa en todas salvo en Manises, que está en manos de Sanitas. En total abarcan la atención sanitaria de 930.000 valencianos a través de cinco hospitales y 122 centros de salud y consultorios. Las concesiones de Ribera Salud –que actualmente es propiedad al 50% de Banco Sabadell y del grupo norteamericano Centene– afectan a 736.000 pacientes potenciales. La compañía defiende que la reversión de La Ribera es una decisión "poco brillante" y supone "un paso atrás" que "hace perder 20 años de evolución sanitaria", pero que no es "el fin" del modelo Alzira.
Ese modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas a través de concesiones fue una apuesta del Gobierno valenciano cuando estaba liderado por el conservador Eduardo Zaplana (1995-2002). El sistema, que también aplicó después Esperanza Aguirre en cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria (cafeterías, comercios, cocinas, limpieza, aparcamientos de pago, lavandería, celadores, personal administrativo...) a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas como en el caso de La Ribera, revierten a la Administración, que mientras tanto es una mera inquilina.
Origen del modelo
La empresa Ribera Salud fue creada por las desaparecidas cajas CAM y Bancaja, que se repartieron al 50% el capital, para poner en marcha y gestionar el Hospital de La Ribera, en Alzira. En 1999, en la inauguración de este centro sanitario –en la que participó el obispo de Valencia, Agustín García-Gasco, que bendijo el edificio– Zaplana puso en valor las nuevas fórmulas "inteligentes" de gestión. Más efusivo fue el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, que señaló que el nuevo hospital marcaba una época tras reconocer que estaba siendo uno de los días más felices de su vida.
Sin embargo, el hospital de Alzira hizo aguas en sus primeros cuatro años de funcionamiento: registró 5,24 millones de euros de pérdidas entre 1999 y 2002. Esta circunstancia llevó a la Generalitat, que seguía en manos del PP, a rescatar la concesión sacando de nuevo a concurso el hospital con unas condiciones más atractivas para la concesionaria. El rescate, que se realizó de mutuo acuerdo, acabó con una indemnización para la concesionaria de 69 millones de euros, equivalentes supuestamente a la inversión no amortizada y al lucro cesante, aunque el entonces consejero, Serafín Castellano, se negó a detallar en Les Corts el desglose de esa cantidad.
Los nuevos pliegos contemplaban además del hospital el control de los centros de salud del departamento, con lo que se incrementó en un 68% el canon anual que la Administración pagaba por cada habitante de la comarca al que le correspondía este departamento sanitario. La Generalitat defendió entonces que no se había producido un rescate, sino una "redefinición del modelo". La misma unión de empresas anterior, que fue la única en presentarse, resultó la ganadora del nuevo concurso.
A partir de ahí el llamado modelo Alzira comenzó a expandirse como una mancha de aceite por la Comunitat Valenciana. En 2006 entraron en funcionamiento las concesiones de Torrevieja y Dénia, en 2009 la de Manises, la única que no está en manos de Ribera Salud y que gestiona Sanitas; y en 2010 la del Hospital de Vinalopó, en Elche. En 2009, seis años después del rescate del hospital de Alzira, Ribera Salud obtuvo un beneficio de 2,1 millones de euros. En 2016 (último año depositado en el Registro Mercantil) facturó 449 millones, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, empleó a 4.490 personas y declaró unos beneficios de 8,2 millones.
La consolidación del modelo fue paralela a la de Ribera Salud, que para poner en marcha su negocio de gestión de servicios sanitarios en colaboración con la Administración apostó por la financiación privada, pero también por la pública a través del ICO. El instituto oficial concedió a la sociedad Ribera Salud S.A. y a una de sus filiales, Elche Crevillente S.A., sendos préstamos por valor total de 94 y 34 millones de euros, respectivamente. En total, 128 millones de euros. Un portavoz de la compañía asegura a este diario que el préstamo de la filial quedó amortizado en 2017 y que la previsión es que el de la matriz quede cancelado en 2020.
Recursos judiciales
El actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en las Cortes Valencianas el 16 de septiembre de 2016 que el contrato de La Ribera no se renovaría. A finales de marzo de 2017, un año antes de su finalización, la Conselleria de Sanitat que dirige Carmen Montón envió a la concesionaria las normas de reversión, una serie de instrucciones detalladas con la información relativa al personal, contratos con proveedores o sistemas informáticos que debía remitir para garantizar la normalidad en la transición del modelo privado al público, además de otras indicaciones para que ese tránsito se efectuara con "normalidad", explican fuentes de ese departamento.
Este miércoles, en rueda de prensa, el gerente del departamento de salud con el modelo de sanidad privatizada, el doctor Javier Palau, aseguró que durante el proceso de reversión la empresa había sido "leal" a la Administración y había facilitado toda la información requerida. También señaló que la empresa iba a "entregar" el departamento sanitario con "excelentes indicadores asistenciales, de calidad y de promoción de la salud". Aseguró, por ejemplo, que los pacientes de la comarca habían esperado una media de 1,4 meses menos que los del resto de la Comunitat Valenciana para someterse a una intervención quirúrgica.
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Lo cierto es que Ribera Salud, que ha defendido que la decisión de no prorrogar la concesión es "puramente ideológica" y "no defiende el interés público de los ciudadanos", ha llevado a los tribunales las regulaciones que ha ido aprobando la Generalitat para incluir en el sistema público el hospital de Alzira y los centros de salud y consultorios del área. En concreto, la decisión de prorrogar el contrato y las normas de reversión, en las que se incluyen las instrucciones y solicitudes de información necesarias para planificar la transición. Según datos facilitados por la conselleria, los tribunales han emitido hasta nueve resoluciones desestimando los procedimientos planteados por la empresa.
Además, hay otra cuestión clave que puede acabar también en sede judicial próximamente: el dinero que la Administración va a reclamar a la concesionaria por liquidaciones provisionales pendientes de resolver. La conselleria calcula que en los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 Ribera Salud recibió por La Ribera 105 millones de euros públicos de más, mientras que la compañía alega que esa deuda está mal calculada y que únicamente alcanza los 49 millones. Una diferencia, por tanto, de 56 millones de euros. La compañía ya ha anunciado que, de ser necesario, irá a los tribunales para no pagar más de lo que considera que le corresponde.
Estas cifras surgen del cálculo del coste de los tratamientos que la concesionaria envió a centros 100% públicos por tener afecciones no incluidas en su cartera de servicios. Precisamente una de las prácticas más cuestionadas de los hospitales que funcionan bajo el modelo de concesión es la derivación de los casos más costosos o complicados a hospitales de referencia de la red pública, lo que les hace mejorar sus ratios de rentabilidad pues en ocasiones las administraciones no han mostrado la diligencia esperada en el cálculo del coste de esas derivaciones.
La recuperación del sistema sanitario público en la Comunitat Valenciana cumple este domingo 1 de abril su primer hito con la incorporación a la red pública del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (Valencia), el primero que adoptó el sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo de sanidad privatizada. La promesa de recuperar el control público de las concesiones administrativas sanitarias estaba incluida en los programas electorales del PSPV-PSOE y Compromís, que dirigen en coalición la Generalitat Valenciana desde junio de 2015.