Desde que el pasado 2 de junio los examinadores de tráfico iniciaran una huelga para reclamar, principalmente, una mejora salarial, más de 100.000 pruebas de conducir han sido suspendidas, según los datos que el Gobierno facilitó tras recibir una pregunta escrita del Grupo Socialista en el Congreso. A pesar del alumnado que se ha visto afectado y después de que la reunión mantenida este martes entre la plantilla y la Dirección General de Tráfico (DGT) terminara sin acuerdo, la protesta, por ahora, no se desconvoca.
"A lo largo de las más de cuatro horas de reunión se han acercado posturas, pero quedan detalles por cerrar. Ambas partes seguirán negociando en los próximos días", expresó la DGT en una nota de prensa. El comité de huelga presentó una propuesta para resolver el conflicto, ante lo que el organismo realizó una contraoferta que, según indicaron los propios trabajadores, tendrá que ser "aprobada por la totalidad de los examinadores que secundan el paro". Así, este miércoles, los trabajadores celebrarán una reunión en la que decidirán si aceptan o no la propuesta. En caso de que así sea, el próximo lunes día 20 lo comunicarán a la DGT y los paros quedarán desconvocados, según informó Europa Press.
"Con esto, acaba de comenzar la negociación que tenía que haber empezado hace cuatro meses", expresó Leonardo Barrera, secretario de acción sindical de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato que se adhirió a las peticiones de los examinadores.
A pesar del acercamiento de posturas, no obstante, los perjudicados por la convocatoria de huelga ya se cuentan por miles. Concretamente, 103.998 exámenes fueron suspendidos desde el pasado mes de junio y hasta el 18 de septiembre. Las provincias más perjudicadas por este paro de carácter nacional han sido Barcelona –10.841 pruebas suspendidas–, Madrid –con 7.797 exámenes sin realizar–, Sevilla –4.822 exámenes suspendidos– y Valencia –con 4.630 pruebas aplazadas–. Por su parte, la propia DGT cifró en 166.000 el total de pruebas suspendidas como consecuencia de los paros. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), en cambio, eleva a 220.000 los aspirantes a conductores perjudicados.
Según los propios trabajadores, el principal motivo del bloqueo de la situación se ha debido a una falta de entendimiento con la Administración, a la que acusaron de responder a la plantilla con "un cúmulo de falsedades, inexactitudes y medias verdades con el único fin de confundir a la opinión pública y a las empresas que viven del sector y esconder así su propia ineptitud". En este sentido, desde la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) se llegó a solicitar la dimisión del director general de Tráfico, Gregorio Serrano. "Señor director de Tráfico, creímos que no se podía ser peor gestor que su antecesora en el cargo, pero está claro que en esta vida todo es superable y usted con relativamente poco esfuerzo y en menor tiempo la superará con creces, claro que manteniendo el mismo equipo gestor en la DGT no se podía esperar otra cosa", expresaron los trabajadores en un comunicado del mes de octubre, cuando reiteraban a su vez que seguirían con las reclamaciones que dieron inicio a la huelga.
CNAE da 2017 "por perdido"
Las consecuencias de este escenario, para la CNAE, han sido devastadoras. Según informó la propia confederación a infoLibre, hay un total de 34 autoescuelas que han tenido que cerrar definitivamente tras cuatro meses de huelga –en agosto no se celebra ninguna prueba–. Además, otros 80 centros donde se imparten clases para los futuros conductores han tenido que paralizar su actividad de forma temporal a la espera de una solución a este conflicto.
Por ello, la propia CNAE ha declarado que ya dan 2017 "por perdido", pues la falta de acuerdo entre los trabajadores y la DGT han conducido a una "situación irreversible", ya que, en el sector hay un total de 30.000 familias perjudicadas.
En caso de que los trabajadores no acepten este miércoles la propuesta recibida por la DGT, que no se ha hecho pública, y continúen los paros, CNAE calcula que el número de autoescuelas que se vean obligadas a echar el cierre podrían contarse por centenares.
Reclamaciones desatendidas desde 2015
Las reclamaciones de los examinadores de tráfico no son nuevas. En el año 2008 ya comenzaron sus reivindicaciones, que no obtuvieron respuesta hasta que en 2015 llevaron a cabo varias huelgas parciales durante 32 días que terminaron con un acuerdo entre la DGT y la plantilla en el que la Administración se comprometía a revisar y atender sus peticiones. Esta promesa, a día de hoy, no se ha cumplido.
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Pero, exactamente, ¿qué reclaman los trabajadores? El motivo de la huelga –que en un principio se llevaría a cabo los meses de junio y julio–, convocada ante el incumplimiento del compromiso alcanzado aquel año, es la mejora retributiva del complemento específico en sus nóminas, de modo que se reconozca la complejidad técnica, los riesgos de accidentes y agresiones y el trabajo a la intemperie derivados de su actividad profesional. Así, en la carta dirigida por los trabajadores al director general de Tráfico el pasado 6 de octubre, la plantilla insistía una vez más en su reivindicación de alcanzar un "aumento del sueldo en la cuantía de 250 euros al mes", lo que se corresponde, según indican en la misiva, a lo pactado en 2015.
La respuesta que dio la DGT al recibir de nuevo esta petición fue, sin embargo, de rechazo absoluto. Según explicó el organismo en un comunicado, Gregorio Serrano expresó a los trabajadores, tras mantener una reunión con ellos, que "la DGT no tiene competencia para realizar esa subida". Además, ante las acusaciones de falta de entendimiento y colaboración, Serrano manifestó entonces que "en ningún momento ha habido desidia ni inactividad por parte de la DGT, sino continuas reuniones de trabajo con los Ministerios implicados para llegar a un acuerdo".
Sin embargo, como criticó Barrera, la DGT "no ha cumplido el acuerdo" y, por ello, la plantilla tiene que soportar "unas condiciones de trabajo horrorosas". "La DGT siempre ha dado una respuesta corta y mala", denuncia, además de resaltar que la plantilla siempre ha tenido unas reclamaciones "justas". "Hay buena voluntad por parte de los trabajadores", afirma, ante una situación que ha perjudicado a los alumnos y a las propias autoescuelas.
Desde que el pasado 2 de junio los examinadores de tráfico iniciaran una huelga para reclamar, principalmente, una mejora salarial, más de 100.000 pruebas de conducir han sido suspendidas, según los datos que el Gobierno facilitó tras recibir una pregunta escrita del Grupo Socialista en el Congreso. A pesar del alumnado que se ha visto afectado y después de que la reunión mantenida este martes entre la plantilla y la Dirección General de Tráfico (DGT) terminara sin acuerdo, la protesta, por ahora, no se desconvoca.