La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, utilizó a los funcionarios públicos del gabinete jurídico de la Junta para demandar por vulneración del derecho al honor a Greenpeace, que difundió un informe en el que se relaciona a su marido con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP, aunque en el texto en ningún momento se alude a su condición de presidenta de esa comunidad. Sin embargo, en virtud de una sentencia reciente, la número dos de los conservadores podría acabar teniéndose que pagar el abogado de su propio bolsillo, pues los tribunales ya obligaron a un cargo público a renunciar a ser representado ante la Justicia por funcionarios para asuntos privados.
Fue el caso del ahora presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que utilizó los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño para presentar una demanda contra el diario Público al considerar vulnerado su derecho al honor, por el contenido de una serie de artículos publicados en ese periódico entre el 18 de enero y el 17 de marzo de 2009 y que informaban de actividades del político y de allegados suyos. La jueza de primera instancia obligó a Ignacio González a pagarse el abogado de su bolsillo y la Audiencia Provincial de Madrid ratificó esa decisión.
En su escrito de respuesta a la demanda, la defensa de los periodistas contra los que González dirigió su actuación judicial (Ignacio Escolar, Félix Monteira, Jesús Maraña y Manuel Rico) argumentó que era muy significativo que González utilzara "para fines particulares –la obtención de una indemnización de 600.000 euros por una supuesta (pero inexistente) lesión del personalísimo derecho al honor– los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que sufragan todos los contribuyentes y han de servir a otras finalidades". El Juzgado de Primera Instancia Número 55 de Madrid atendió esta petición, consideró que González no podía ser defendido y representado por el letrado de la Comunidad y le requirió que contratase a un letrado colegiado.
Se trata de un caso similar al de la demanda que el servicio jurídico de la Junta de Castilla-La Mancha presentó contra Greenpeace, pues Cospedal pide al juez que inste a la ONG a rectificar la información y "al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con el pago de la cuantía de indemnización que mejor proceda conforme a derecho”. Es decir, pretende cobrar una indemnización, pero en vez de pagar un abogado de su bolsillo utiliza al de la Junta.
El PSM denuncia que González vuelve a usar abogados de la Comunidad para asuntos privados
El entonces número dos de Esperanza Aguirre al frente del gobierno regional presentó un recurso de apelación contra el auto en el que la jueza le había obligado a renunciar al letrado de la Comunidad al tratarse de un asunto privado. La Audiencia Provincial de Madrid volvió a dar la razón a los demandados. En la sentencia, la Sección Duodécima consideró que "la autoridad, funcionario o empleado público no tiene un derecho subjetivo a reclamar la intervención (...) de los Servicios Jurídicos" y que "ni aún siéndolo, se trataría de un derecho incondicionado, unido únicamente a su cualidad funcionarial o de autoridad".
Asimismo, los magistrados señalaron que "no puede existir coincidencia de intereses", tal y como sostenía González, cuando los "posibles ataques al honor (...) no afectan al órgano en sí, sino a la persona que lo ejerce y por la forma concreta en que se ha ejercido en determinadas actuaciones".
Los servicios jurídicos de Greenpeace no se han pronunciado sobre si recurrirán o no la demanda. "Estamos estudiando el asunto y plantearemos las razones ante el tribunal", dijo a infoLibre José Manuel Marraco, letrado de la organización ecologista.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, utilizó a los funcionarios públicos del gabinete jurídico de la Junta para demandar por vulneración del derecho al honor a Greenpeace, que difundió un informe en el que se relaciona a su marido con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP, aunque en el texto en ningún momento se alude a su condición de presidenta de esa comunidad. Sin embargo, en virtud de una sentencia reciente, la número dos de los conservadores podría acabar teniéndose que pagar el abogado de su propio bolsillo, pues los tribunales ya obligaron a un cargo público a renunciar a ser representado ante la Justicia por funcionarios para asuntos privados.