El PSM denuncia que González vuelve a usar abogados de la Comunidad para asuntos privados

Ignacio González parece no haber tenido suficiente con un doble revés judicial. El hoy presidente del Gobierno madrileño, según denunció este jueves el Partido Socialista de Madrid (PSM), volvió a echar mano de los letrados de la Comunidad para que le defendieran en un asunto privado. Todo ello pese a que la Justicia ya le dijo que no podía usar abogados pagados con dinero público para defenderse de unas informaciones periodistícas que constituían, decía, una "intromisión ilegítima en su derecho al honor". 

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, y el portavoz adjunto, José Quintana, recapitularon los hechos. González ordenó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que requiriesen al portal inmobiliario idealista.com la supresión de un anuncio en el que promocionaba viviendas de lujo en la misma urbanización de Estepona donde el jefe del Ejecutivo regional compró un caro ático en diciembre de 2012. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica solicitaron a la web que quitara la foto y el nombre de González que acompañaban al texto de promoción, al entender que se trataba de una "intromisión ilegítima de su imagen, con fines comerciales". idealista.com lo hizo. 

González ya recibió una doble bofetada de la Justicia recientemente. El juzgado número 55 de Madrid, en mayo de 2011, desestimó la demanda del entonces vicepresidente de la Comunidad contra cuatro periodistas de Público: Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña y Manuel Rico –hoy editor y director de infoLibre–, por diversas informaciones publicadas en el diario. Pero antes de dictar sentencia, la jueza encargada del caso obligó a González a contratar a un letrado colegiado y dejase de utilizar a los abogados de la Comunidad para defenderle de una supuesta lesión al "personalísimo" derecho al honor.

El entonces número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre presentó un recurso de apelación. La Audiencia Provincial volvió a dar la razón a los demandantes en junio de 2012. En la sentencia, la Sección Duodécima consideró que "la autoridad, funcionario o empleado público no tiene un derecho subjetivo a reclamar la intervención [...] de los Servicios Jurídicos" de la Administración, y que, "ni aún siéndolo, se trataría de un derecho incondicionado, unido únicamente a su cualidad funcionarial o de autoridad".

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La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también ha utilizado medios públicos para defenderse de asuntos personales. Como ya informó infoLibre, la secretaria general del PP tiró del gabinete jurídico de la Junta para demandar por vulneración del derecho al honor a Greenpeace, que hizo público un informe en el que se relaciona a su marido con empresas presuntamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque en el texto en ningún momento se alude a su condición de presidenta manchega.

Pues bien, como informó a través de una nota de prensa, el PSM inquirió por el uso de González de los letrados de la Comunidad. La pregunta fue vetada por el PP en el pleno del pasado 21 de marzo. Los socialistas reincidieron, y la pregunta volvió a ser bloqueada, y los conservadores se refugiaron para ello en un informe jurídico de la Secretaría General de la Cámara. De modo que el grupo denunció hoy el "atropello democrático constante" a la labor de la oposición madrileña, impidiéndole ejercer su obligación de control en asuntos tan "escandalosos" como este. "Se hacen informes ad hoc para sortear el Reglamento de la Cámara, lo que jurídicamente es inaceptable". 

Según apuntó Valcarce, el recurso al abogado general del Gobierno regional es de máximo interés para la opinión pública, por cuanto supone "una auténtica indecencia política", ya que los servicios jurídicos dependen del consejero de Presidencia y Justicia y número dos del Ejecutivo, Salvador Victoria. "Y es Salvador Victoria el que, para tapar los asuntos de Ignacio González, da las órdenes a la Abogacía General". Se trata de una acción, puntualizó la presidenta del grupo, "inmoral e ilegal", ya que el juzgado número 55 de Madrid y la Audiencia Provincial advirtieron a González de que no podía utilizar los letrados de la Comunidad para sus asuntos personales. "Y lo han vuelto a hacer. Y esto no lo consentimos ni a Ignacio González ni a su brazo ejecutor, que es Salvador Victoria", remachó.