La ilegalización de la Fundación Franco se frena a la espera de un informe pedido hace nueve meses
La ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), última trinchera de la dictadura en democracia, continúa en su fase inicial nueve meses después de que el Gobierno activara la maquinaria de disolución. El procedimiento ha quedado paralizado a la espera de un informe que el Ministerio de Cultura, que es quien lo lidera, encargó el pasado mes de junio a la Secretaría de Estado de Memoria. Sin él, señalan las fuentes consultadas por infoLibre, no se puede seguir avanzando. Un documento que, confirman desde el órgano dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria, está aún en fase de elaboración.
La disolución de este tipo de entidades viene contemplada en la Ley de Memoria Democrática, que lleva dos años y medio en vigor sin que haya desplegado todavía todos sus efectos. Una norma en la que se establece como causa de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o el franquismo, así como la incitación al "odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Algo que han reclamado históricamente los colectivos memorialistas.
Es al Ministerio de Cultura a quien compete la puesta en marcha de un procedimiento de borrado que depende, en último término, de los jueces. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Ernest Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", recoge la norma.
Cultura activó el pasado mes de junio la maquinaria. Lo hizo con la puesta en marcha de un periodo de actuaciones previas, fase en la que se busca recopilar toda la "información y elementos de juicio" que permitan sostener la petición de extinción. Una vez concluya esta primera etapa, el segundo paso sería la apertura formal del procedimiento, comunicando a la fundación la existencia del expediente y dándole un tiempo para que formule alegaciones. Tras esto, se solicitaría informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual la cartera que lidera Urtasun elaboraría la resolución con la que instaría judicialmente a su cese.
Un largo procedimiento que se ha frenado en la primera fase. Hace nueves meses, en el marco de esas actuaciones previas, se solicitaron dos informes: uno al Registro de Fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria. El primero, confirman fuentes conocedoras de las actuaciones, ya está sobre la mesa de Cultura. No así el segundo. El dosier sobre la posible vulneración de la normativa memorialista por parte de la Fundación Franco todavía no ha sido entregado. Y sin él, sostienen las fuentes pulsadas, el proceso no puede continuar: "Hasta que no se tenga no se puede seguir avanzando".
Desde la Secretaría del Estado de Memoria explican que dicho documento "se está elaborando". "En el momento en el que esté terminado, se remitirá al Ministerio de Cultura", añaden. Sin embargo, no se concretan plazos ni hay fecha prevista de entrega. "Será trasladado de la manera más inmediata posible", aseguró a mediados de marzo del ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, quien en respuesta parlamentaria explicó que el primer informe que elaboraron "exigió una complementación" para armar bien el expediente ante posibles vericuetos legales. "La voluntad de Gobierno es que el proceso de extinción lo podamos concluir en el presente ejercicio", culminó.
Último gran reducto franquista
La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información oficial. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.
Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".
De entre todos los bienes de los que dispone, su principal activo es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador. En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.
En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. El centenar de documentos que faltan no se digitalizaron por falta de fondos, y para su consulta es necesario acudir a la propia entidad. En resumen, la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada. La Ley de Memoria, sin embargo, contempla en su artículo 26 la recuperación de este tipo de archivos en manos de entidades privadas.
Maniobras para evitar su extinción
En los últimos años, la Fundación Franco, que cuenta con alrededor de dos millares de afiliados, ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones para intentar esquivar la extinción. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni "enaltecer" su figura ni "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Y se ha incluido una frase para resaltar que en el desarrollo de sus actividades velarán por "el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" entre 1931 y 1977, "evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares".
