Impedir desahucios estará penalizado con la futura Ley de Seguridad Ciudadana

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha explicado que se sancionarán las protestas contra los desahucios que impidan los desalojos conforme a la futura Ley de seguridad ciudadana. Lo que se penalizará, según Martínez es la “obstrucción” de las obligaciones de los funcionarios públicos.

Asimismo Martínez ha explicado que la exhibición de banderas o símbolos preconstitucionales o franquistas que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia será también sancionado.

En sendas entrevistas en Onda Cero y Antena 3 recogidas por Europa Press, el número dos de Interior ha defendido la futura ley subrayando que, con la potestad sancionadora del Estado, la ley pretende cubrir el "terreno" que queda entre los delitos tipificados en el Código Penal - del que van a desaparecer las "faltas"- y la "impunidad total".

En el caso de las ofensas a España, ha explicado que en la Ley de seguridad la redacción será "prácticamente idéntica" a lo previsto en el Código Penal, salvo que se aplicará a "todo aquello que no llegue a tener consideración de delito", como quemar una bandera.

También será una ofensa, ha dicho, pitar el himno en un partido de fútbol, aunque ha reconocido que otra cosa es la posibilidad real de identificar a los autores de esas ofensas". Martínez ha subrayado que los símbolos constitucionales son "bienes jurídicos" que se deben "proteger".

Francisco Martínez ha invitado a leer íntegramente la nueva ley y cómo están definidos los tipos infractores, asegurando que están “muy medidos”. Según ha dicho, en realidad “los primeros beneficiarios” serán quienes “ejerzan el derecho” de manifestación, porque "pretende evitar que el ejercicio de este derecho se contamine" con actos violentos. Por ejemplo, ha subrayado que el uso de capuchas o cascos se castigará cuando se utilicen para alterar el orden público.

No se altera el derecho de manifestación

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Martínez ha incidido en que no se modifica ni se ponen requisitos del derecho de manifestación, que según el secretario de seguridad, sigue definido por la ley de 1983 que solo obliga a su notificación a las delegaciones de Gobierno. Así mismo ha asegurado que la cuantía de las multas permanece “invariable” respecto a la ley de 1992. "Esta futura ley no pretende recortar ningún derecho sino establecer sanciones para conductas violentas", ha remachado.

Según Martínez, la futura Ley de seguridad ciudadana es consecuencia de la reforma del Código Penal en el que dejarán de estar tipificadas las faltas. Por ello ha defendido que el origen de la norma es “descriminalizador”. Y en este punto, ha asegurado que la vía administrativa es garantista con procesos de instrucción a cargo de las delegaciones de gobierno en las que cabe presentar alegaciones y aportaciones. Además, ha recordado que después cabe recurrir judicialmente las sanciones aunque, eso sí, pagando las tasas que establezca la ley.

Por último, ha dejado claro que le ley puede sufrir nuevos cambios antes de que el Gobierno apruebe el proyecto de ley definitivo y, posteriormente, en su tramitación parlamentaria.