Juanma Moreno, presidente popular de la Junta de Andalucía, ha abierto el melón de la fiscalidad en España con el anuncio de la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad donde gobierna con mayoría absoluta.
Según el barómetro de Opinión Pública y Política fiscal que elabora anualmente el CIS, publicado el pasado mes de julio, el 60% de la ciudadanía cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos y existe una diferencia notable si comparamos con los que creen que los impuestos son un mecanismo que el ‘Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué’ (24%).
Si bien parece claro que la mayoría de los ciudadanos conocen la utilidad de los impuestos, casi 2 de cada 3 consideran que la sociedad no se beneficia de ellos –o se beneficia más bien poco. Es más, casi el 80% y 70% de los votantes de Vox y PP, respectivamente, defienden que los servicios públicos y prestaciones sociales que reciben por parte de la administración es inferior a la aportación económica que hacen en forma de impuestos y cotizaciones.
La izquierda tampoco se escapa de estas dinámicas. Cerca de la mitad de los votantes del PSOE y UP consideran que el Estado les devuelve menos de lo que aportan con la política fiscal actual. En este sentido, la brecha entre los principales partidos de izquierda y derecha es muy grande (más de 20 puntos), pero el sentir mayoritario de la población va en la misma dirección.
En un artículo reciente en Piedras de Papel, Luis Miller, doctor en sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, escribía que empieza a haber “un cambio estructural hacia una tendencia más genuina en la izquierda a querer más impuestos”. Y es verdad. En términos históricos, la subida o bajada de impuestos se ha visto desde un ángulo muy polarizado. Es decir, el porcentaje de población que piensa que se pagan muchos impuestos en España ha variado sustancialmente en función del partido en el Gobierno y de la afinidad que uno tiene con esa formación política.
Por lo que, hasta ahora, el debate no ha girado en torno a cuánto se recauda –a pesar de que España tiene una presión fiscal casi 4 puntos inferior a la media de la Unión Europea y está 10 puntos por debajo de Francia—, sino quién lo hace.
Pero este tampoco es el único punto de fricción en este debate. Si observamos la percepción de la opinión pública española a la hora de invertir lo recaudado en servicios públicos y prestaciones sociales, las diferencias son significativas.
En términos generales, son menos los votantes de PP y Vox (52 y 54%) los que consideran que se destinan muy pocos recursos a los servicios públicos y prestaciones sociales en comparación con los votantes de PSOE y UP (55 y 59%). Esto, a pesar de haber un gran consenso en algunas materias presupuestarias con pocos recursos asignados, pero también fuertes discrepancias entre votantes de distintas formaciones políticas en otras cuestiones.
La gran mayoría de los votantes de estos partidos (por encima del 80%) está de acuerdo en que se destinan pocos recursos a investigación en ciencia y tecnología. Buena parte de ellos, aunque con diferencias entre partidos, también consideran que la sanidad, vivienda o justicia están infrafinanciados.
En cambio, las discrepancias se acentúan en materias como la protección del medio ambiente, donde los consensos existen dentro de los bloques, esto es, la mitad de los votantes de derechas consideran que se destinan muy pocos recursos en proteger el planeta y, en cambio, esa cifra asciende hasta el 75-80% entre los votantes de izquierdas.
Por otro lado, los votantes de PP y Vox aumentarían la financiación en defensa o en seguridad ciudadana, mientras que los del PSOE y UP harían lo mismo en cultura o cooperación al desarrollo.
En definitiva, asociamos como políticas de izquierdas las subidas de impuestos que permitan aumentar la recaudación y fortalecer el Estado del bienestar para ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía. Pero, en realidad, esta concepción es mucho más enrevesada, sobre todo, si miramos las diferencias entre Comunidades Autónomas.
Como se puede apreciar en el gráfico, existe cierta relación entre la ideología y el pago de impuestos: cuanto más a la derecha se ubican los ciudadanos de una comunidad, mayor es la tendencia de preferir pagar menos impuestos, a pesar de que eso incluya reducir los servicios públicos.
Aunque esta relación aparente no se corresponde con la fortaleza que tienen los partidos de derecha e izquierda en cada uno de estos territorios.
Los ciudadanos de Andalucía y la Comunitat Valenciana se sitúan más a la derecha que la media española en la escala ideológico. También coinciden sus ciudadanos a la hora de ubicarse en una escala (0-10) donde 0 significa estar a favor de mejorar los servicios públicos aun teniendo que subir impuestos y 10 justo lo contrario: mejor pagar menos impuestos a pesar de tener menos servicios disponibles.
Es curioso porque, en caso de Andalucía, la derecha goza de una mayoría absoluta y casi el 60% de los votos. En cambio, la Comunitat Valenciana tiene un presidente socialista, Ximo Puig, sustentado por otros partidos como UP y Compromís, y la izquierda mantiene una ligera ventaja sobre la derecha –tanto en los resultados actuales como en las encuestas de cara a 2023.
El 40% de quienes se consideran "de clase media" declaran rentas muy lejanas a esa definición
Ocurre algo similar en el otro lado del espectro. Navarra y Galicia se sitúan a la izquierda de la media española (notablemente más en el caso de Navarra) y mantienen gobiernos de distinto color, aunque los ciudadanos de estas dos regiones coinciden en apostar más por los servicios públicos en vez de bajar los impuestos. Una dinámica que también se produce en regiones muy a la derecha en lo ideológico, como son la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid.
Por último, y salvando el caso de Cataluña (una excepción que probablemente se explique mejor por otros factores, como escribieron Lluis Orriols y Kiko Llaneras en El País), los ciudadanos de comunidades como Asturias, Extremadura o Aragón, todas con presidentes socialistas, se ubican más a la derecha que el electorado medio y prefieren una política fiscal con menores tipos impositivos.
Como conclusión, quiero apuntar que si bien la izquierda tiende a preferir subir los impuestos para garantizar más y mejores servicios públicos, estas lógicas no son transversales en todos los territorios ni tampoco en el diagnóstico de a dónde se tienen que dedicar estos recursos. Todo esto, a las puertas de una nueva campaña electoral.
Juanma Moreno, presidente popular de la Junta de Andalucía, ha abierto el melón de la fiscalidad en España con el anuncio de la supresión del Impuesto de Patrimonio en la comunidad donde gobierna con mayoría absoluta.