Imputado el exjefe de la Udef por un registro de hace 11 años a la sede de 'Gürtel' y que Pablo Crespo no denunció hasta 2019

La titular del juzgado de instrucción 39 de Madrid ha llamado a declarar como imputado al inspector jefe de la Udef que dirigió desde su inicio el trabajo policial en el caso Gürtel. La magistrada cita a Manuel Morocho y a otro agente por un supuesto delito de falsedad documental en un registro practicado hace 11 años en la sede principal de las empresas que conformaban el conglomerado que dirigía Francisco Correa. Fijada para el próximo jueves, 30 de enero, la comparecencia de los dos policías es fruto de la querella presentada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, en enero de 2019. Es decir, una década después del estallido del mayor caso conocido de sobornos a políticos, contratos públicos amañados por administraciones públicas de distinto ámbito, delitos contra Hacienda, ocultación de cantidades millonarias en paraísos fiscales y otras actividades que, según la sentencia, beneficiaron económicamente al PP.

La imputación de los dos policías se produce como consecuencia del auto por el que, como publicó infoLibre, la Audiencia Provincial de Madrid obligó el pasado 25 de octubre a la titular del juzgado 39, Belén Sánchez, a admitir la querella de Crespo. Tras esa resolución, la jueza tuvo que tramitarla de manera forzosa, pero dictó otro auto el 5 de noviembre donde denegaba las diligencias propuestas por Crespo. Entre esas diligencias figuraba la toma de declaración como investigados –o sea, imputados– de Morocho y de un segundo agente. La defensa del lugarteniente de Francisco Correa recurrió. Y la Fiscalía se adhirió a su recurso. Entonces, la magistrada optó por revocar su último auto y dictó el 27 de diciembre uno nuevo donde ya señalaba fecha para la declaración de los dos policías: el 30 de enero a las 09.30 de la mañana. La decisión de fijar ya la comparecencia de Morocho y su compañero fue adelantada este viernes por el digital valenciaplaza.com.

En la querella, Crespo acusa de un delito continuado de falsedad documental a los dos policías. Lo hace con el argumento de que, simultáneamente, firmaron el día en que estalló el caso –6 de febrero de 2009– actas derivadas del registro a la sede principal de Gürtel, la del número 40 de la madrileña calle de Serrano, y otras relacionadas con que habían estado interrogando a una de las detenidas, Isabel Jordán.

Al inicio del primer macrojuicio de Gürtel, el de la llamada Época 1, su defensa esgrimió el dato de la simultaneidad entre el registro a Serrano 40 y el interrogatorio a Jordán en un nuevo intento por lograr la nulidad de las pruebas obtenidas. En la sentencia de mayo de 2018, la Audiencia Nacional tumbó el intento de Crespo, que ya había lanzado otros anteriores. E introdujo un párrafo que cita parcialmente la querella de Crespo pero que el tribunal madrileño no reproduce. Ese párrafo dice lo siguiente: "Hecha tal alegación [la de la falsedad en las actas del registro a la sede principal de la trama] en fase de cuestiones previas, hubiera sido poco prudente que este Tribunal acordara, en ese trámite, la nulidad del propio registro, y mucho más la de todas las demás diligencias, porque, dejando al margen esas irregularidades, calificadas de falsedades documentales, que, de ser tan graves como se dice, lo razonable es que hubieran sido objeto de denuncia". Es esa última parte, la que ahora aparece en negritas, la que cita Crespo en su querella.

El auto de la Audiencia madrileña que forzó la admisión de la querella tuvo como ponente a Ignacio González de Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) desde hace tres años. Y lo que ese auto sostiene es que resulta contraria a la ley "la inadmisión de la querella por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación de la causa, como se fundamenta en la resolución recurrida". Esto es, en el auto con que el juzgado 39 había rechazado en marzo de 2019 la apertura de diligencias. La querella, dice también el auto, debe admitirse "solo si los hechos alegados, en su concreta formulación llenan las exigencias de algún tipo penal". 

La Audiencia Provincial esgrime igualmente el siguiente argumento: que la "fase de instrucción no tiene como finalidad la plena acreditación de los hechos objeto de imputación, ya que solo se puede declarar probada la comisión de un hecho delictivo tras la práctica de la prueba en el acto plenario [el juicio], excepción hecha de la prueba anticipada o preconstituida".  Y que, por tanto, la querella de Pablo Crespo había de ser admitida.

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Con su querella, Crespo busca la nulidad de los registros. Y persigue así convencer al Tribunal Supremo de que la demoledora sentencia dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional ha de ser revocada. Esa resolución, la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, sentencia a Crespo a 37 años y medio de prisión. Ese mismo mes, el Supremo había confirmado las condenas de la primera rama del caso juzgada –los contratos valencianos de Fitur–, que en lo que respecta al exdirigente del PP gallego y mano derecha de Francisco Correa alcanzaba la cifra de 13 años y tres meses. Un mes más tarde, en junio de 2018, la Audiencia Nacional le impuso otros cinco años de reclusión por la financiación del PP valenciano. Y ya en noviembre de 2019, la Audiencia Nacional añadió otra condena: tres años de prisión por los contratos de Jerez para Fitur.

Ninguno de los dos policías querellados por Crespo aparece mencionado en el auto por su nombre. Pero las claves que identifican al bregado inspector de la unidad contra delitos económicos de la Policía forman ya parte de los anales del país. Morocho es el "agente número 81.067", como consta en el ejemplar del Diario de Sesiones del Congreso que plasma su testimonio ante la comisión que en 2017 investigó la "presunta financiación ilegal del PP".

Allí, al igual que ya había hecho en junio de aquel año ante el tribunal que juzgaba la principal pieza de Gürtel –recibió "seis o siete" querellas, dijo en la sala–, Morocho confirmó que había sido objeto de varias denuncias de miembros del PP: fue denunciado, respondió en la Cámara Baja, "por Luis Bárcenas, por Jesús Merino, por Alberto López Viejo; quedó en fase inicial de avenencia con el señor Cotino; el señor Cascos también nos puso una denuncia… En fin, diferentes personas". A esa lista añadió a renglón seguido otro nombre: el de Ricardo Costa, que terminó por confesar la financiación ilegal del PP valenciano. Salvo el exministro Francisco Álvarez Cascos y el exdirector general de la Policía Juan Cotino, todos acabaron sentados en el banquillo y condenados. Cotino afronta ahora el riesgo de una condena en otro de los juicios de la larga serie de Gürtel, el de la visita del Papa a Valencia, que comienza el 9 de marzo.