El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, ha acordado dirigir una investigación formal contra los integrantes de un "grupo criminal" compuesto por empresarios que contaron con el apoyo de diferentes políticos de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentran integrantes del actual Gobierno socialista en Toledo de Emiliano García-Page y de la expresidenta castellanomanchega y actual ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal.
El instructor considera a los investigados como los responsables del incendio ocurrido en agosto pasado en las instalaciones de la empresa Kuk Mediambiente en la localidad de Chiloeches (Guadalajara). En concreto, sostiene que los imputados conformaban un "grupo organizado, cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos", según indica un auto adelantado por el diario El Mundo y al que ha tenido acceso infoLibre.
La resolución judicial identifica con iniciales al exalcalde del municipio de Chiloeches César Urrea (PP); al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta con García Page, Sergio David González Egido (PSOE); y a ex directores generales de Evaluación Ambiental o de Calidad e Impacto Ambiental del Ejecutivo de Cospedal, así como varios jefes de servicio.
Delito contra el medio ambiente
El juez atribuye a estos representantes políticos el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. A los directivos de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina les imputa además los delitos de pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público.
Según el auto, el Consistorio de Chiloeches tenía "perfecto conocimiento" de que la empresa ejercía la actividad sin la preceptiva licencia de apertura. El magistrado llama la atención en que el exregidor llegó a declarar que no tenía relación con los directivos de Kuk Medio Ambiente: "Sin embargo, en el transcurso de la investigación, han mantenido frecuentes conversaciones telefónicas y entrevistas personales, destacando en las llamadas la extremada cautela a la hora de hablar".
El juez también analiza la actuación del exviceconsejero de Medio Ambiente del actual Gobierno socialista Sergio David González Egido, que dimitió en agosto "por motivos personales" y que según el auto habría ampliado la actividad de Kuk Medio Ambiente, "cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción".
Un móvil de una empresa
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Además, este exviceconsejero socialista dirigió la empresa Biosonoil, que en ese periodo llegó a realizar un proyecto para la instalación de un evaporador en la fábrica incendiada. "Ese proyecto, con un coste superior a los 60.000 euros, se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil. Sin embargo, ha seguido utilizando de manera personal un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa, y utilizando un correo electrónico con el dominio de Biosonoil", destaca el juez.
El juez considera que "no es razonable" que una empresa que debería haber suspendido la actividad tras recibir una sanción "por las graves irregularidades" que había cometido, "se le autorice a gestionar más residuos".
Según los datos obtenidos a lo largo de la investigación, las empresas llegaron a verter unas 50.000 toneladas de residuos de forma irregular, "siendo una parte importante de éstas residuos peligrosos", completa el juez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, ha acordado dirigir una investigación formal contra los integrantes de un "grupo criminal" compuesto por empresarios que contaron con el apoyo de diferentes políticos de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentran integrantes del actual Gobierno socialista en Toledo de Emiliano García-Page y de la expresidenta castellanomanchega y actual ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal.