La cuenta atrás para desbloquear la nueva legislatura quedó activada esta misma semana. Serán dos meses frenéticos, en los que las negociaciones del bloque progresista con el independentismo catalán, de quienes depende una nueva investidura de Pedro Sánchez y que pone la amnistía como una de sus grandes exigencias, se intensificarán a fin de alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral. Conversaciones a contrarreloj que se desarrollarán, para más inri, en un contexto judicial plagado de causas pendientes derivadas de aquel otoño caliente en Cataluña. Flecos del procés que podrían interferir en el tira y afloja para la investidura.
Uno de los casos más relevantes no se encuentra en la vía penal, sino en el Tribunal de Cuentas. Es el procedimiento abierto contra una treintena de excargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Entre ellos, los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresident Oriol Junqueras. El juicio se celebrará el próximo 17 de noviembre, diez días antes de que finalice el plazo para investir a un nuevo presidente del Gobierno. No obstante, la sentencia definitiva puede tardar años en llegar. Al fin y al cabo, cualquier decisión puede ser recurrida ante otra sala del órgano fiscalizador, el Tribunal Supremo y, posteriormente, el Constitucional.
En esta causa hay mucho dinero en juego, aunque menos de lo que se calculó inicialmente. En un primer momento, la reclamación se situaba en más de 9 millones de euros. Sin embargo, esas cifras han ido ajustándose a la baja. La demanda de la Fiscalía asciende a algo más de 3 millones de euros. Y la de Sociedad Civil Catalana, que ejerce como acusación particular, a unos 5 millones. Aunque en un primer momento estuvo presente, la Abogacía del Estado decidió hace un par de años apartarse del expediente contable. Lo hizo al entender que no se habían comprometido fondos estatales, sino de la Administración autonómica.
Durante todos estos meses, el caso ha dado varios giros. Es lo que sucedió, por ejemplo, con los avales que facilitó el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, para cubrir las fianzas de los ex altos cargos del procés. En un primer momento, la delegada instructora del expediente los rechazó, al entender que no podían cubrir conductas dolosas. Sin embargo, cuatro meses después y tras un cambio de mayorías en el órgano fiscalizador, el Tribunal de Cuentas rectificó y aceptó dicha fórmula. Aquel decreto, sin embargo, establece que si se "confirmara" la "existencia de responsabilidad contable" los beneficiarios deben devolver el dinero con sus propios bienes.
Los recursos contra los indultos
Otra de las cuestiones que están en el calendario judicial más inmediato es la que tiene que ver con los indultos concedidos a los líderes del procés condenados por el referéndum del 1-O. El Tribunal Supremo, de hecho, ya ha comenzado a resolver los primeros recursos contra el perdón otorgado hace dos años a los dirigentes independentistas. Hace un par de semanas, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó inadmitir por "falta de legitimación" las impugnaciones de Vox y varios exdiputados autonómicos contra la medida de gracia concedida a los expresidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente.
Los magistrados los rechazaron al entender que ni las formaciones políticas ni tampoco los diputados están legitimados para impugnar esos perdones. Todo ello hace pensar que la misma suerte correrán en las próximas semanas la inmensa mayoría de los 27 recursos que aún están sobre la mesa de ellos –casi todos interpuestos por Vox, PP y exdiputados conservadores o de Ciudadanos–. Habrá que ver, sin embargo, qué es lo que pasa con el planteado por el ex delegado del Gobierno en Cataluña durante el otoño caliente de 2017, Enric Millo, contra los dirigentes independentistas condenados por el Supremo. En su caso, ni es una formación política ni tampoco un diputado, sino que formaba parte del Ejecutivo. Según las fuentes jurídicas citadas por Europa Press, es el único caso que podría tener un resultado distinto.
A vueltas con las euroordenes
En el Tribunal Supremo aún colea también el procedimiento que afecta al expresident Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, huidos de la justicia española y procesados por malversación agravada y desobediencia. Sobre ninguno de ellos pesa, por el momento, ninguna orden europea de detención. En los dos primeros casos, la Fiscalía solicitó que se activara tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que retiró la inmunidad como eurodiputados a Puigdemont y Comín, pero el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, prefirió no dar ese paso ante el anuncio de la defensa de ambos de que recurrirían esa decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE y pedirían cautelarmente la restitución de la protección hasta que se resolviese el fondo del asunto.
El Supremo, por tanto, decidió dejar el asunto en stand by hasta que el TJUE se pronunciase "sobre las eventuales medidas cautelares". Por el momento, la defensa de ambos ha presentado recurso. Sin embargo, apunta que aún no ha solicitado ninguna petición cautelar, un paso que pueden dar hasta que sean resueltos los asuntos. Por tanto, ahora el juez instructor tendrá que decidir si continúa retrasando la activación de las euroórdenes o si se aventura a dar el paso de emitirlas, arriesgándose a que puedan acabar paralizándose si la defensa de los líderes independentistas presenta tras ello las prometidas cautelares y éstas son aceptadas por los magistrados europeos.
Cuestión diferente es, sin embargo, la de Lluís Puig. El exconseller no es eurodiputado, por lo que no está pendiente de ninguna causa relacionada con su inmunidad en la justicia europea. Además, el TJUE ya resolvió a comienzos de año las cuestiones planteadas por Llarena sobre las euroórdenes. Lo hizo a través de una resolución en la que dejaba claro que ningún Estado puede negarse a ejecutarlas si no aprecia "deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial" del otro país o "razones serias y fundadas" de que la persona reclamada corre el riesgo de que se vulneren sus derechos si es entregada. Con estos mimbres, la semana pasada el Ministerio Público pidió a Llarena que se volviera a cursar ya una orden europea de detención contra Puig. Una solicitud sobre la que deberá pronunciarse el instructor del procés en las próximas semanas.
Las otras derivadas del 1-O
Otra de las causas que están ya maduras y sobre la que podrían producirse movimientos en los próximos meses es la que afecta a Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente. Ambos, se encuentran procesados por la arquitectura del 1-O –obtención irregular de datos personales para conformar un censo, autorización de gastos relativos al referéndum o estudio de un "programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales"–. Y se les atribuyen delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada.
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Con el escrito de acusación de la Fiscalía ya presentado, ambos ex altos cargos, así como la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga –también procesada por desobediencia en esta causa–, se encuentran a la espera de juicio. Algunos medios han deslizado durante el verano que la vista oral podría celebrarse en otoño o, a más tardar, a comienzos del próximo año. Sin embargo, desde el Tribunal de Justicia de Cataluña señalan que no hay ninguna "previsión". En estos momentos, explican, se están "tramitando" peticiones de las partes.
Este no es, sin embargo, el único caso que colea en los tribunales. En los juzgados de instrucción de Barcelona se continúa investigando a cerca de una cuarentena de excargos de la Generalitat y empresarios por el referéndum del 1-O, si bien las pesquisas aún no han concluido. Y sobre la mesa del Supremo está también el recurso de casación interpuesto por la actual consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenó a un año de inhabilitación por desobediencia. Un asunto que, según las fuentes jurídicas consultadas, aún está en fase incipiente y que no se espera que sea resuelto durante este otoño.
Desde ERC reconocen que podría ser un inconveniente que asuntos judiciales se fuesen cruzando en las negociaciones. "Todo afecta a todo", señalan fuentes del partido. Sin embargo, también son conscientes de que "el poder judicial suele actuar como un partido en sí mismo contrario a la investidura". En Junts, sin embargo, evitan pronunciarse sobre este asunto.
La cuenta atrás para desbloquear la nueva legislatura quedó activada esta misma semana. Serán dos meses frenéticos, en los que las negociaciones del bloque progresista con el independentismo catalán, de quienes depende una nueva investidura de Pedro Sánchez y que pone la amnistía como una de sus grandes exigencias, se intensificarán a fin de alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral. Conversaciones a contrarreloj que se desarrollarán, para más inri, en un contexto judicial plagado de causas pendientes derivadas de aquel otoño caliente en Cataluña. Flecos del procés que podrían interferir en el tira y afloja para la investidura.